Editorial: Sin humo blanco

Que el nivel del debate sobre muchas políticas públicas en el Perú sea pobre debido a la falta de interés que suscita o la poca preparación de algunos voceros es lamentable pero parecería inevitable. Que el debate sea inexistente debido a dogmas o intereses, en cambio, es inaceptable.

No es otra cosa, sin embargo, lo que ha sucedido con la discusión respecto al uso y legalidad de las drogas en el país. Desde que el presidente Pedro Pablo Kuczynski relativizó la gravedad del consumo de marihuana con la frase “si quieren fumar su troncho, no es el fin del mundo”, el tabú que aún existe en el país sobre el problema de las drogas se hizo nuevamente presente, al punto de soslayar que en la misma entrevista el mandatario advertía la complejidad de una decisión como liberalizar el consumo de drogas y que no creía recomendable que el Perú, a solas, lo hiciera.

A pesar de las voces de censura, el debate sobre la legalización y sobre el trato a los consumidores y vendedores de estas sustancias es sumamente pertinente. Por un lado, resulta innegable que cualquier persona adulta informada tiene pleno derecho a ingerir lo que desee siempre que no perjudique a terceros. En esta discusión hay un componente crucial de libertades individuales que no debe ignorarse.  

Asimismo, no se puede dejar de considerar la relación entre la ilegalidad de las drogas y la violencia asociada a su producción y comercialización. La fuerza del comercio ilegal hoy es tal que llega a minar las bases institucionales del país, tal y como ejemplifican el caso de los narcoindultos y los procesos e investigaciones sobre los vínculos del narcotráfico con la política.

Por otro lado, es pertinente estudiar los efectos que ciertas drogas tienen sobre la salud a largo plazo de la población, de modo tal que cualquier política pública (prohibitiva o permisiva) encuentre sustento en información veraz respecto al consumo de drogas blandas y duras. De especial preocupación debe ser, además, la educación de los menores de edad que, tarde o temprano, se encontrarán expuestos a dichas sustancias.

Como se ve, pues, existe amplio espacio para el debate y la discrepancia informada sobre el tema. Lo que resulta alarmante es el alto grado de intolerancia que existe a ventilarlo. En particular, la congresista Lourdes Alcorta sugirió que el presidente Kuczynski debería “quedarse callado” sobre el asunto, mientras que varios de sus compañeros de bancada –entre quienes se cuentan los parlamentarios Milagros Salazar, Carlos Domínguez y Carlos Tubino– amonestaron al mandatario por lo que consideraron apenas como una broma, sin interesarse siquiera por participar en la controversia. 

Mención aparte merece la indignada respuesta de la Defensoría del Pueblo. En un comunicado, la entidad pública expresó su “preocupación y discrepancia” frente a las declaraciones del presidente, “pues contradicen los esfuerzos que se realizan desde Devida por combatir el consumo” de la marihuana y otras drogas. 

Son  varias las cosas que llaman la atención de su nota de prensa y que invitan a formular algunas interrogantes, como, por ejemplo, cuál es el derecho que pretende proteger la defensoría y que considera que se ha visto afectado por las declaraciones del presidente, o qué motiva su rechazo a revisar la pertinencia de una política pública adoptada por otra institución.

Pero quizá lo que más resalte sea la presteza con la que la defensoría reaccionó a este tema cuando durante los mismos días guardó silencio sobre la absolución de los acusados de homicidio calificado en el caso de Bagua y la condena a 22 años de cárcel a Vladimiro Montesinos y otros por desapariciones forzadas.

La falta de debate sobre el trato que deben recibir las drogas, sus usuarios, productores y comercializadores, en fin, imposibilita llegar a un consenso nacional sobre el asunto y solo beneficia a quienes lucran con el estado actual de las cosas.