Editorial: Ideologizando la salud

Luego de que el pasado 21 de octubre la ministra Midori de Habich fuera interpelada por el pleno del Congreso de la República, diversos congresistas solicitaron su renuncia bajo la amenaza de que, si la titular del sector Salud no ponía su cargo a disposición, buscarían su censura. Amenaza que hace pocos días ha sido cumplida mediante la presentación de una moción de censura en su contra suscrita por 36 legisladores –incluida la congresista oficialista Celia Anicama– pertenecientes a ocho distintas bancadas. ¿Los motivos? Una supuesta “privatización” de los servicios de salud en nuestro país y una gestión ineficiente por parte de la ministra.

Durante la interpelación pudimos observar cómo el congresista Segundo Tapia (Fuerza Popular), por ejemplo, manifestaba que De Habich era la peor ministra de Salud que ha tenido el Perú y que las asociaciones público-privadas (APP) significaban una “privatización encubierta” de los servicios en ese sector. A su vez, Yonhy Lescano (Acción Popular- Frente Amplio) señaló que De Habich debe dejar el cargo si no se cambia la forma como se presta el servicio de salud en el país y Verónika Mendoza (AP-FA) criticó que el sector público haga casi toda la inversión y el privado casi nada y reclamaba que “el Estado pone prácticamente todo”.

Lo cierto es que resulta sumamente extraño el que varios congresistas pretendan censurar a una ministra que está liderando con éxito uno de los proyectos más ambiciosos en materia de salud de los últimos años. Un proyecto que involucra una cartera de obras por aproximadamente US$3.500 millones y que permitirá –mediante inversión pública, APP y obras por impuestos– que se construya, equipe, rehabilite y se mantenga la infraestructura de más de 200 hospitales en todo el país, las regiones y provincias. Además, la cartera logrará la participación del sector privado en la gestión de la ‘bata gris’, que incluye la administración de los servicios hospitalarios generales como alimentación, seguridad y limpieza.  

Todo lo anterior no solo es, como decíamos, una muy buena noticia para la salud de los peruanos, sino que está muy lejos de configurar la “privatización” de los servicios de salud de la que se le acusa a la ministra De Habich (que, vale la pena señalar, no tendría nada intrínsecamente malo de ser el caso). En efecto, habría que recordarles a los congresistas que un contrato mediante la modalidad de APP de ninguna manera implica la privatización de los servicios de salud, sino, por el contrario, significa un convenio entre el Estado y los privados para que estos, allí donde los servicios públicos son deficientes, entren a operarlos eficientemente por un plazo determinado. Y es que, a diferencia de lo que sucede con el Estado –que no tiene mayores incentivos para brindar servicios de calidad–, detrás de las empresas que compiten por las licitaciones hay accionistas que ponen su dinero en juego y cuyas ganancias dependen de que logren brindar un buen servicio al menor precio y con la mayor eficiencia posible (pues de lo contrario correrán el riesgo de que el Estado los penalice, incluso con la pérdida de la concesión). 

Una prueba de la conveniencia de las APP en este sector es lo sucedido con la reciente licitación de los servicios de ‘bata gris’ del Hospital del Niño: aquella licitación le ahorró más de S/.17 millones anuales al Estado, pues, a pesar de que este último estaba dispuesto a pagar por los servicios que consideraba adecuados hasta S/.49,5 millones, el consorcio ganador ofreció hacerlo por poco menos de S/.32 millones. Evidentemente el argumento de que “el Estado pone prácticamente todo” de la congresista Mendoza termina sin sustento.

Por otro lado, no podemos olvidar cómo la ministra De Habich ha sido de las pocas autoridades que durante su gestión, a pesar de las críticas, ha podido enfrentar las constantes amenazas de diversos gremios de trabajadores dentro de su sector, quienes mediante huelgas injustificadas han afectado gravemente la salud de millones de peruanos que no pudieron operarse o atenderse por cientos de días. Decimos injustificadas, ya que las controversias en torno a los beneficios extras reclamados ya habían sido previamente zanjadas en el acuerdo que ellos mismos firmaron en el 2013 con el ministerio y que se comprometieron a respetar hasta el 2015.

El intento de censura a la ministra De Habich tiene solo fundamentos ideológicos. Por suerte, parece que no se conseguirán suficientes votos para que prospere. Y es que resulta muy injusto que, por este tipo de prejuicios, se ponga en riesgo la salud de todos los peruanos.