Editorial El Comercio

Hablar de es hablar, sin duda, del caso de corrupción más grande de los últimos tiempos en América Latina. En medio de toda esta vorágine, el nuestro fue uno de los países que más avanzó en las investigaciones, gracias al trabajo del Ministerio Público y a la cooperación internacional. Y, sin embargo, a casi seis años de su destape, los avances de la fiscalía en este caso se encuentran en serio riesgo de hacer agua.

Ayer, la fiscalía de Brasil decidió –sin escuchar a la parte peruana– la cooperación jurídica con nuestro país por los casos que implican a , a pedido de esta empresa, según informó la agencia de noticias Efe. La decisión sorprendió a los fiscales peruanos que se encuentran en el país vecino coordinando las declaraciones de los exdirectivos de la constructora (entre ellos, ) que estaban fijadas para la próxima semana en el marco del juicio oral que se le sigue en nuestro territorio al expresidente y a su esposa y que ahora han quedado en suspenso.

¿A qué se debe este cambio de postura de una empresa que hasta hace unos días venía cooperando sin ningún problema con los fiscales de nuestro país? Pues aún no lo sabemos, aunque desde Brasil han argumentado que este respondería a un supuesto incumplimiento de la parte peruana. Por mientras, y como decíamos, en los últimos días se han dado y se darán dos eventos que pueden terminar echando por tierra el trabajo del equipo especial para el Caso Lava Jato.

El primero de ellos fue la elección de como presidente de Brasil el último domingo. Como sabemos, y reconocieron ante los fiscales peruanos haber entregado para la campaña de Humala en el 2011 a pedido de Lula. El aporte lo habría coordinado , exministro de Hacienda de Lula, y habría provenido del célebre Departamento de Operaciones Estructuradas (en el que Odebrecht administraba el dinero para pagar sobornos y financiar campañas alrededor del continente). El regreso de Lula al poder en Brasil no es un suceso insignificante, pues fue durante su presidencia que se gestó la trama corrupta de Lava Jato y el propio Lula fue el gran promotor de Odebrecht, empresa a la que apadrinó ante distintos gobiernos; entre ellos, el de Alejandro Toledo en el 2005 para la construcción de .

El otro evento que puede marcar el derrotero de las investigaciones de Lava Jato en nuestro país es la casación que tiene pendiente de resolver la sala suprema presidida por el juez en los próximos días. Esta definirá si, como ha planteado la defensa de Humala y Heredia, los aportes a la campaña nacionalista del 2011 no califican como lavado de activos (tal y como sostiene la fiscalía). Sin embargo, tanto el equipo especial de fiscales como la procuraduría y el fiscal supremo Pablo Sánchez han solicitado que .

Ello, debido a que su imparcialidad está puesta en duda dada la circunstancia de que el nombre del magistrado aparece en una de las agendas de Heredia y de que Carlos Caro, su abogado que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le abrió por su llamada con el expresidente de la Corte Superior del Callao y protagonista del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Walter Ríos, también es defensor de , una de las empresas que, junto con Odebrecht, conforman el consorcio que se adjudicó el Gasoducto Sur Peruano; obra que se halla en la mira de las autoridades.

San Martín, de hecho, se inhibió en el 2017 en una casación que también implicaba a Heredia para resguardar la imparcialidad del proceso, por lo que no queda claro por qué ahora ha decidido en un sentido contrario. La decisión que tome su sala será trascendental, pues tendrá el efecto de una ‘bomba de racimo’ para los otros casos de aportes de origen presuntamente delictivo a las campañas anteriores a las del 2019, como el de la excandidata .

El panorama para las investigaciones del Caso Lava Jato en nuestro país es muy poco auspicioso.

Editorial de El Comercio