Editorial: Leña al fuego

El jueves pasado, congresistas del Frente Amplio, Nuevo Perú, Cambio 21 y Alianza para el Progreso presentaron una moción para interpelar al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, a propósito de la licencia de construcción que le otorgó el gobierno el martes al proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa, y operado por Southern Perú.

Como se sabe, la interpelación es un proceso mediante el cual el Congreso puede convocar a los miembros del Gabinete Ministerial para responder a preguntas relativas a sus cargos. Se trata, en efecto, de una prerrogativa del Parlamento y una herramienta de control político legítima y esencial para el balance de poderes. Sin embargo, el empleo de este mecanismo para el caso que nos ocupa resulta cuestionable ya que parece sostenerse, más que en la búsqueda del bienestar ciudadano, en los intereses de quienes lo plantean: específicamente, que el proyecto minero no entre en operaciones.

Ello, porque el proyecto Tía María ha cumplido con todos los requisitos que el Estado demanda para certificar la viabilidad de su ejecución. Una realidad que, naturalmente, basta para que pueda llevar a cabo sus actividades sin ningún impedimento, especialmente si se considera que no se conoce de la existencia de ningún vicio en el proceso. Si no hay motivos técnicos serios para creer que el Ejecutivo ha cometido una falta al otorgarle la licencia de construcción, no queda claro el porqué del proceso de interpelación.

Existen, también, una serie de imprecisiones en los considerandos de la moción de interpelación que le restan sustento a la misma. En uno de los puntos, por ejemplo, se alude a los supuestos perjuicios medioambientales que traería consigo la mina, y se refiere al primer estudio de impacto ambiental (EIA) que, en efecto, recibió una serie de observaciones de parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Dichos cuestionamientos, sin embargo, fueron subsanados y consagrados en un nuevo EIA aprobado en el 2014 por el Ministerio de Energía y Minas, por lo que difícilmente se podría argumentar que el proyecto aún presenta amenazas al medio ambiente.

Asimismo, la interpelación planteada se basa en una supuesta animadversión de la población de Islay al proyecto. No obstante, si bien todavía existen sectores que se oponen a la mina, no se puede aseverar que se trata del grueso de los ciudadanos: según una encuesta de Ipsos realizada en el 2018, la mayoría de los habitantes de las zonas aledañas cree que el proyecto beneficia al país. Este punto de la moción, además, se anuda a los reclamos de que el proyecto carece de “licencia social”, a pesar de que la empresa ya ha afirmado que no iniciará su construcción hasta resolver las preocupaciones que aún persisten, y que este es un supuesto requerimiento que no se ampara en ningún criterio técnico o legal.

Por último, la licencia emitida por el gobierno a Tía María ha generado, previsiblemente, la protesta de un conjunto de ciudadanos y autoridades de la zona. Un proceso de interpelación difícilmente va a contribuir a calmar las aguas; por el contrario, es posible que añada tensión a una situación en la que el Ejecutivo está procurando resolver mediante el diálogo.

Así las cosas, la moción de interpelación presentada por este grupo de parlamentarios se saborea innecesaria, considerando que Tía María ha pasado por todos los procesos que la ley exige, e inoportuna, habida cuenta de que podría añadir más leña al fuego a un conflicto cuyo estallido todos los peruanos buscamos evitar.