Editorial El Comercio

Para cualquier persona ajena al círculo oficialista, el nombramiento de Betssy Chávez al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue una clara provocación. A pesar de sus expresiones apaciguadoras en redes sociales, el presidente Pedro Castillo en realidad jamás buscó conciliar en momentos de altísima tensión con el Congreso; buscó, más bien, antagonizar y enfrentar usando a una de sus voceras más polarizadoras. Y por si a alguien no le quedaba claro que este es el sistema regular de actuación del gobierno, los recientes nombramientos de en la Dirección Nacional de Inteligencia () y de en un viceministerio de la PCM deberían despejar cualquier duda.

Barrantes es nada menos que el general en retiro que denunció que Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, le pidió S/200.000 mensuales a cambio de ocupar el cargo que ostenta desde hace unos días. Además, fotografías y videos revelan sus vínculos con el Movadef, organización de fachada de Sendero Luminoso.

En efecto, en eventos promovidos por Movadef en el 2017 y el 2018, Barrantes repitió las posiciones de este grupo. “Hemos planteado como definición […] que reconciliar es reconstruir el tejido social roto por la guerra interna en este país, como es cualquier otro país. ¿Y cómo se reconstruye? Para nuestro punto de vista, es a través de amnistías generales, indultos y reparaciones”, dijo entonces. En una entrevista más reciente, agregó que “el Movadef es una preocupación, pero no una amenaza”. El gobierno, se ve, ha colocado en una posición extremadamente sensible para la seguridad nacional a alguien que, en el mejor de los casos, no guarda una opinión demasiado negativa de los simpatizantes del grupo terrorista más sanguinario de la región. Entre todos los nombramientos polémicos e inadecuados de este gobierno, este es posiblemente el más irresponsable a la fecha.

El mismo fin de semana, el gobierno nombró también a Noblecilla –asesor del despacho parlamentario del congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) y su abogado en el proceso que se le sigue por presunta afiliación terrorista– nuevo viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM. Noblecilla ha demostrado con creces su lealtad al régimen con palabras y hechos: en octubre pasado, por ejemplo, presentó una denuncia penal contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de diversos delitos. Ahora, Noblecilla será el responsable de llevar a cabo las negociaciones del Estado para prevenir conflictos sociales y fortalecer la descentralización.

Cabe resaltar que una característica importante compartida por Barrantes y Noblecilla es su cercanía con Perú Libre y su fundador, Vladimir Cerrón. Mientras que el primero, por ejemplo, se unió a Perú Libertario (antiguo nombre de Perú Libre) para postular al Congreso, el segundo directamente fue abogado de Cerrón. El líder de Perú Libre ha rechazado cualquier injerencia en los nombramientos, pero las circunstancias en que estos se dan –con la calculadora de los votos de la vacancia presidencial en mano– no se pueden pasar por alto. Respecto de Barrantes, su cercanía con Antauro Humala trae también a la memoria el conveniente nombramiento de Virgilio Acuña, otro acompañante del exreo, en el Viceministerio de Transportes.

En suma, hace tiempo que el presidente Castillo perdió la vergüenza en sus nombramientos. Sin mayores aspiraciones ni expectativas de hacer una gestión mínimamente decente, el Ejecutivo aprovecha ya sin tapujos los espacios que tiene para asegurar control de sus allegados y –posiblemente– ganarse algunas simpatías en el hemiciclo. Mientras aparece más arrinconado, la fase de decadencia en el Ejecutivo tan solo se acelera.

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