Editorial: Mala hierba

En materia de obstáculos burocráticos a la inversión, nuestro gobierno parece padecer de una disociación entre la cabeza y el resto del cuerpo. La primera anuncia cada tanto su intención de dar la lucha contra el fárrago de trámites sin sentido y además informa de los éxitos obtenidos en esta lucha, mientras al mismo tiempo, abajo de ella, los brazos –que en el Estado son muchos– a menudo van haciendo el trabajo inverso. Y así, se corta la mala hierba por un lado, mientras se la cultiva por el otro.

Esto se vio muy gráficamente hace pocos días, cuando el ministro Castilla resaltó los resultados del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), que él preside, en la simplificación de procesos administrativos y sobrecargas regulatorias de los últimos dos años. Las podas anunciadas por el ministro son reales –y meritorias–, pero el problema yace en que son igualmente reales –y muchas veces de mayor tamaño– las barreras burocráticas que su propio Gobierno ha creado a la inversión mientras la CNC hacía esto.

Los ejemplos son legión. Para comenzar por alguna parte, recordemos que este gobierno creó una ley de seguridad y salud en el trabajo que nosotros criticamos en su momento porque exigía a las empresas estándares que no existen ni en los quebrados estados de bienestar europeos, tales como contratar a un médico ocupacional para prevenir cualquier enfermedad; realizar un examen médico a cada trabajador cuando ingresa y cuando se retira, además de anualmente; y proveer de cuatro capacitaciones anuales a los trabajadores con los exámenes correspondientes. En la misma línea, se engendró a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que puede imponer multas enormes cuando considere que una empresa incumple una normativa que es de por sí una de las más onerosas y rígidas del mundo.

En materia tributaria, por su parte, se dispuso la creación de un nuevo ente con facultades bastante discrecionales para tratar como narcotraficantes a quienes acuse de evasión. Un poder que es una espada de Damocles.

En el tema ambiental también hay algunos casos graves. Se dispuso, por ejemplo, que a partir del 1 de enero de este año el nuevo estándar de calidad ambiental (ECA) del aire sería de no más de 20 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de dióxido de azufre. Para darnos una idea de lo que esto significa digamos que el país más avanzado en la materia, Japón, tolera 110 µg/m3, mientras que nuestro vecino y competidor Chile tolera 250 (y Estados Unidos 365). Por otro lado, hay 34 proyectos de exploración petrolera paralizados en varios casos por dificultades con los estudios de impacto ambiental, mientras que las quejas de los distintos sectores por las arbitrariedades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental son constantes.

Esto para no hablar de las normas del Instituto de Defensa Civil y de la capacidad discrecional de sus agentes, que enloquecen a las empresas con exigencias costosas, innecesarias y muchas veces simplemente incomprensibles. Entre tantos otros ejemplos.

A estas sobrerregulaciones transversales se suman, por otro lado, las sectoriales. Hemos reseñado varias veces las normas que interfieren seriamente con el funcionamiento de los colegios privados y las que amarran las decisiones de los institutos superiores –además del hiperintervencionista proyecto de ley universitaria–. A esto se ha venido a sumar una resolución de 62 páginas de la Secretaría General del Ministerio de Educación que impone un diseño utópico de los locales para la educación inicial, la misma que obligará a los nidos formales a cerrar y desalentará cualquier nueva inversión. 

En el sector farmacéutico el nuevo reglamento obliga a colocar zonas de frío en todos los locales, mientras se debe competir con el Estado que distribuye el 44% de las medicinas en el país y que, con toda probabilidad, no cumplirá con esa normativa. Al mismo tiempo las inspecciones de la autoridad se realizan solo en las farmacias formales para verificar si cuentan con químicos farmacéuticos y técnicos en farmacia titulados, cuya disponibilidad en el mercado –en ambos casos– es muy escasa. 

En el sector comercio, por su lado, ya no se puede hacer promociones 2×1 o similares sin pedirle permiso al Ministerio del Interior. 

Y así sucesivamente. 

Aunque nunca se justificaron, tal vez el barco de nuestra economía podía darse el lujo de sobrecargas así cuando avanzaba a todo vapor, con la inversión privada creciendo a ritmo del 14% anual (como en el 2012). Pero ahora que esta última se ha desplomado hasta las cifras rojas que tuvo en el primer bimestre de este año, ya no cabe hablar de lujos para referirse a este tipo de barreras, sino solo de inconsciencia y falta de solidaridad para con quienes menos tienen. Después de todo, como lo ha demostrado la realidad incontables veces, no hay reducción de la pobreza sin crecimiento y no hay crecimiento sin inversión como esa que, a la fecha, decrece en el Perú.