Editorial: Marcha por la desigualdad

El último miércoles, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sorprendió a muchos al visitar La Oroya y conminar a los cerca de 2.000 trabajadores de Doe Run –la muy cuestionada compañía titular de la mina Cobriza y del Complejo Metalúrgico homónimo de la ciudad– a marchar hacia el Congreso para pedirles “que no dejen morir a La Oroya”. Al mismo tiempo, en lo que parecería ser una movida política, PPK les recordaba: “Ustedes saben quién controla el Congreso”, en una evidente alusión a Fuerza Popular (FP), y proponía a su audiencia hacer un pacto, “ustedes me ayudan con el Congreso y yo los ayudo para que esto salga adelante”.

¿Por qué el presidente electo convoca a una movilización? ¿Y por qué, en este contexto, hizo una alusión confrontacional al fujimorismo? Son interrogantes que quizá solo el propio PPK pueda descifrar. Lo que resulta completamente sibilino, sin embargo, es por qué hizo de la operación de Doe Run un caballo de batalla.

Es posible que durante su gobierno PPK tenga que participar en algunas contiendas con otros partidos políticos y que, en ese trance, requiera del respaldo de las calles, pero es difícil pensar en una peor bandera para levantar en una disputa que la de la defensa del pasado y statu quo en La Oroya.

Como se sabe,  el pésimo manejo ambiental en esta ciudad la convirtió en una de las 10 más contaminadas del planeta, según la revista “Time”, donde el 99% de sus niños tiene tres veces más plomo en la sangre que lo considerado como el tope saludable conforme a la Organización Mundial de la Salud. A pesar de esta situación, en reiteradas ocasiones, Doe Run consiguió, con la complicidad del Congreso y el Ejecutivo, la ampliación del plazo para cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual finalmente nunca terminó de cumplir, así como los estándares de calidad ambiental del aire, los cuales nunca alcanzó.

No son las únicas ventajas de las que ha gozado la controvertida empresa. Desde el 2009, la compañía minera se encuentra en un proceso concursal ante el Indecopi por pasivos que en la actualidad superan los US$500 millones. A pesar de los diversos esfuerzos de sus acreedores, la empresa no ha logrado reestructurarse y desde el 2014 –y por segunda ocasión– se encuentra en liquidación en marcha, una figura temporal que permite vender los activos de la empresa hasta su liquidación total sin paralizar sus operaciones por los beneficios que supuestamente generaría mantenerla activa. Situación temporal que –ya poco sorpresivamente– se ha venido prorrogando y nuevamente con la ayuda estatal; más recientemente, a través de un decreto legislativo de agosto del año pasado que amplió el plazo para la liquidación, en un contexto de poco interés de las empresas privadas por adquirir la hoy riesgosa operación.

Precisamente, pareciera ser este el propósito de la arenga de PPK: marchar al Congreso para solicitar el enésimo tratamiento favorable para una empresa que se ha valido del Estado para burlarse de acreedores, trabajadores, contribuyentes y de su propio benefactor estatal.

Y no puede calificarse como algo menos que una lamentable coincidencia que el economista utilice la misma herramienta a la que Doe Run recurrió tantas veces para intentar forzar la mano estatal: los trabajadores.

Si acaso prospera la convocatoria del presidente electo, no solo generaría un nefasto precedente al incorporar a su novel gobierno en la abyecta lista de aquellos que se prestaron a la manipulación, sino que no habría de extrañar que el día en que quisiera poner fin al flujo de inmerecidos beneficios que generan las leyes con nombre propio, esas marchas pasen por su puerta.

Penoso debut el que escoge el presidente electo para tomar las calles: una marcha a favor de la desigualdad.