(Foto: USI)
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Editorial El Comercio

En una entrevista radial concedida este fin de semana, el presidente Kuczynski ha abierto un nuevo espacio de incertidumbre en torno a su reunión con la Comisión Lava Jato, pues ha sugerido que esta solo tendrá lugar después de que Jorge Barata ofrezca su testimonio ante los fiscales peruanos y tanto él como los integrantes de la comisión conozcan el contenido. 

En alusión al ex representante de Odebrecht en el Perú, en efecto, el mandatario ha señalado: “Yo quiero estar absolutamente seguro de que él va a decir cosas que son la verdad”. Para luego agregar: “Yo iré a explicar las cosas cuando haya un ambiente objetivo”. En buena cuenta, un nuevo cambio de planes sobre su disposición a entrevistarse con ese grupo de trabajo parlamentario que abona la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia él que se ha venido registrando en los últimos meses. 

Y decimos nuevo cambio de planes porque, como se recordará, el jefe de Estado pasó en poco tiempo de decir que contestaría a la comisión por escrito a anunciar –presionado por la moción de vacancia que estaba por ventilarse en el Legislativo– que la recibiría el 22 de diciembre, para que luego el presidente de su partido y vocero de la bancada oficialista, Gilbert Violeta, afirmase que el encuentro se produciría entre el 10 y el 17 de febrero. 

Ahora, por lo que parece, pretende postergar la cita hasta una fecha imprecisa, pues, aunque las autoridades brasileñas han confirmado que la declaración de Barata se recogerá entre el 27 y 28 de este mes, el contenido de la misma tomará de seguro algún tiempo más en ser divulgado oficialmente. 

El problema es que la colocación de la cita en esta especie de limbo genera la sensación de que el presidente le sigue huyendo a un trance de preguntas incómodas o que, por lo menos, antes de someterse a él, quiere saber con precisión hasta dónde tendría que revelar información potencialmente comprometedora. Y en el contexto de las renovadas iniciativas para vacarlo que han surgido en el Congreso, tal sensación puede resultar peligrosa. 

En esta página, hemos anotado que las iniciativas presentadas en ese sentido por el Frente Amplio y Nuevo Perú no parecen responder a inquietudes serias para evaluar si el mandatario debe continuar o no ejerciendo su cargo, sino a una carrera por ganar la primacía de la radicalidad opositora en el Parlamento y en las calles. A eso apunta, efectivamente, la circunstancia de que las mociones de esos conglomerados de izquierda, rivales y en competencia, se hayan presentado el mismo día y cuando falta todavía casi un mes para que se inicie la nueva legislatura, en la que recién la vacancia podría votarse. 

Para la determinación que esas mociones pretenden de la representación nacional, además, el conocimiento de la declaración de Barata –y en consecuencia, la espera– sí resulta fundamental, porque el acto que depende de ello es definitivo. 

Para el presidente Kuczynski, en cambio, responder ahora las preguntas que existen sobre sus vinculaciones con Odebrecht, y tener que regresar eventualmente a responder más tarde otras suscitadas por el testimonio de Barata, no supondría ningún inconveniente. Por el contrario, sería absolutamente razonable, pues se trataría de un gesto político destinado a calmar las dudas que tormentosas crecen en torno a un tema que día a día está consumiendo el oxígeno de su mandato. 

El ‘ambiente objetivo’ que el jefe de Estado reclama antes de recibir a la Comisión Lava Jato es, en realidad, lo mismo que posponer la cita hasta las calendas griegas, porque sencillamente ni el uno ni las otras existen. 

Si quiere recuperar algo de confianza de parte de la ciudadanía, el presidente tiene que ponerle ya a esa reunión una fecha. Y que sea bastante próxima.