Editorial: Reconstrucción con cambios

Hace dos días, Fuerza Popular (FP) anunció un relanzamiento del partido que, en síntesis, implica volver a la esencia del fujimorismo que gobernó el país en la década de los 90. A ese objetivo abonan, entre otras cosas, la convocatoria a personalidades de la “vieja guardia” que habían sido apartadas durante el proceso electoral del 2016 –como las ex congresistas Martha Chávez y Martha Moyano–, el anuncio del nuevo secretario general de la agrupación, Luis Galarreta, de “volver a los orígenes” o la configuración del nuevo ‘decálogo’ de FP que, según el legislador Miguel Ángel Torres, se basa en “la esencia de la Constitución de 1993”.

Ciertamente, esta no es la primera vez que el partido fujimorista anuncia un cambio. En los últimos seis meses, lo ha proclamado al menos en dos oportunidades en lo que concierne a la manera en la que ha venido operando su bancada parlamentaria.

La primera se dio en octubre pasado, cuando en la víspera de la audiencia en la que se resolvió su prisión preventiva, la lideresa de FP, Keiko Fujimori, pidió a sus correligionarios terminar con “esta guerra política” para enfocarse en “una agenda de reencuentro nacional”. Y la segunda fue expresada hace un mes por el portavoz de la bancada, Carlos Tubino, quien prometió un reencauzamiento de su trabajo parlamentario “hacia el logro de consenso con otros grupos políticos”. Como sabemos, en ambos casos, el cambio se quedó solo en retórica.

Ahora, sin embargo, el partido naranja ha prometido una modificación más aguda, que trasciende a su desempeño congresal y que involucra a los estratos ideológicos y al partido entero. Una reforma que, según el congresista Galarreta, busca construir “una identidad que no ponga en tela de juicio ni duda qué es lo que FP y el fujimorismo defienden y promueven”. Un propósito, en efecto, necesario –para todos es un enigma cuáles son los principios que el fujimorismo enarbola–, pero cuya materialización requiere, ante todo, de dos sustancias: coherencia y claridad con la ciudadanía.

Así, no tiene nada de malo que el legislador Torres afirme que impulsarán “la economía popular, fundamentada en la economía social de mercado”. El problema, empero, estriba en que, a juzgar por las iniciativas que el fujimorismo ha venido empujando desde el Parlamento en los últimos tres años, estamos ante un grupo que ha operado en varios casos en las antípodas de lo que ahora proclama y del modelo económico que defendió en su plan de gobierno durante la última campaña. No ha sido tan cultor del libre mercado ni un dechado de prudencia fiscal, por ejemplo, el apoyo que el fujimorismo ha dado a iniciativas legislativas como la nivelación de las pensiones militares y policiales, la ley de negociación colectiva en el sector público, la regulación de los taxis por aplicativo o del cobro en estacionamientos, la ampliación de beneficios para los CAS o la derogatoria del D. Leg. 1333 –que simplificaba el acceso a predios para los proyectos de inversión–.

Por otro lado, tampoco tiene nada de censurable que FP se perfile como una agrupación que defiende la ‘familia’, siempre y cuando nos expliquen antes qué cambió desde que en su “Plan Perú” se comprometiesen a desarrollar un enfoque de género desde el Estado o cuánta vigencia tiene el discurso que Keiko Fujimori pronunció en Harvard en el 2015 en el que se mostró a favor de la unión civil patrimonial.

Finalmente, sería saludable que nos dejen claro si esta reforma implica continuar cultivando el lenguaje confrontacional de los últimos tiempos o el blindaje desde el hemiciclo a personajes claramente cuestionados, como el legislador Edwin Donayre o el fiscal supremo Pedro Chávarry.

No se trata, en fin, de que FP quiera renovar y promocionar sus principios (en una democracia, son los votantes los que deciden endosar su apoyo según sus preferencias), sino de que los defiendan siendo consecuentes y mostrando transparencia ante la ciudadanía. Atributos de los que, ciertamente, han carecido en los últimos años.