Editorial: Ni responsos ni laureles

En los últimos días, el actual modelo económico y la forma en que este gobierno lo ha manejado han sido objeto de críticas y alabanzas, respectivamente. Por un lado, el lanzamiento de algunas candidaturas presidenciales asociadas al intervencionismo de izquierda ha dado pie a que se insista con la monserga de que se trata de un “modelo extractivista primario-exportador que nos ha llevado a un frenazo económico” y que debe ser cambiado. Y por otro, la celebración en Lima de las Reuniones Anuales de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ha sido ocasión del otorgamiento de un reconocimiento a Alonso Segura como “el ministro de Finanzas del año para Latinoamérica”, que –como él mismo ha señalado– alcanza en realidad a toda la política económica implementada por este gobierno.

Alguien podría extrañarse quizá por la contradictoria circunstancia de que, en tan poco tiempo, se reclamen responsos y laureles para un mismo fenómeno; pero la verdad es que, en el fondo, las dos demandas comparten un rasgo esencial: ambas están equivocadas.

Ocurre, efectivamente, que ni el modelo económico –que nunca consistió solo en la extracción e importación de materias primas– está agotado, ni el manejo que ha hecho de él este gobierno merece condecoraciones. Y es, precisamente, aquello que dejó de hacer o hizo de más esta administración lo que señala el camino por donde se lo tendría que profundizar.

Más allá de la indispensable responsabilidad macroeconómica y la conservación de los aranceles en un nivel bajo, hemos tenido en estos años una paradójica combinación de exceso del Estado en materia de regulaciones y burocracia, con ausencia del mismo en lo que concierne al establecimiento del imperio de la ley para evitar que las asonadas hicieran naufragar inversiones legítimamente autorizadas.

En ese sentido, lo que ha afectado a la actividad ‘extractiva’ no es solamente la caída de los precios de los minerales, sino también medidas como la introducción de la regalía minera modificada, y el impuesto especial y el gravamen especial a la minería. Además, el establecimiento de estándares de calidad del aire que no existen ni en los países avanzados, así como la discrecionalidad concedida al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para ejercer sus funciones han puesto a parte de la industria contra las cuerdas. Y si a eso añadimos la defección del gobierno frente a los problemas de violencia en los proyectos de Conga, Espinar, Cañariaco o Tía María, por citar solo algunos ejemplos, no es de extrañar que el sector esté severamente golpeado.

Los problemas relativos a la esfera tributaria, sin embargo, no se limitan a esta área. Ha sido muy nociva también la ley antielusión, con la que en el 2012 el Ejecutivo dio a la Sunat poderes para determinar a su criterio cuándo, a pesar de no estar violando las leyes, una empresa está evitando el pago de impuestos.

En el terreno laboral, por otra parte, la inversión y la generación de trabajo formal han sido seriamente desincentivadas a través de la creación de la Sunafil y la puesta en vigor de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, plena de requerimientos absurdos que se suman a los costos que ya le imponía al empleador una de las legislaciones más rígidas del subcontinente en general y del mundo en materia de contrataciones y despidos. Causa lógica, esta última, de que dos tercios de la fuerza de trabajo en el Perú estén confinados en el sector informal.

La intervención regulatoria que ha condicionado y limitado la inversión en distintos sectores no se acaba ahí. En el agro se aprobó la moratoria de los alimentos transgénicos; en educación se promulgó la llamada Ley Universitaria, que somete a la educación superior a la arbitrariedad burocrática de turno; en industria se pasó la Ley de Alimentación Saludable, que restringe las opciones para los consumidores y productores; en seguros se ha reducido la libertad de contratación. 

Y todo esto, además, en un contexto en el que, desde el inicio del gobierno, se buscó extender las actividades de entidades estatales como Petro-Perú, Enapu, el Banco de la Nación y Agrobanco. En el caso de la primera, además, dotándola de obras elefantiásicas que les costarán caro a los contribuyentes. En suma, un manejo económico muy alejado del ‘liberalismo a ultranza’ que algunos atribuyen a esta administración y que explica que el ‘frenazo’ en el crecimiento no ha obedecido a un agotamiento del modelo, sino a los retrocesos parciales y a la falta de una profundización del mismo.

Preguntar a los candidatos a la presidencia que ya comienzan a desfilar frente a la ciudadanía qué piensan hacer a propósito de todos y cada uno de estos temas sería una forma ideal de iniciar la campaña.