Editorial: Secreto fundamental

Desde que le fuera otorgado el voto de confianza al primer ministro Fernando Zavala hace un mes, las interacciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso con mayoría de Fuerza Popular (FP) se desarrollaron en un ambiente relativamente pacífico. La calma imperante, sin embargo, se ha visto alterada en los últimos días a raíz de la negativa de la Comisión de Justicia a delegar facultades legislativas al gobierno en materia de fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS.

Los legisladores fujimoristas, que eran mayoría en dicha comisión parlamentaria, votaron unánimemente en contra de este pedido, aparentemente preocupados por la posibilidad de que la UIF –y no un juez– pudiera levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los sujetos investigados por el posible origen ilícito de sus fondos (narcotráfico, lavado de activos o corrupción). Una preocupación que desde este Diario compartimos plenamente, con la atingencia de que el pedido de facultades nunca planteó que la UIF levantara este secreto, sino que fuera un juez superior designado por la Corte Suprema. Este magistrado sería el encargado de evaluar las solicitudes de la UIF y autorizar o denegar el levantamiento del secreto, en atención a los indicios que aporte la UIF sobre la investigación en curso y evaluando la razonabilidad y necesidad de esta medida.

Que una entidad administrativa solicite a un juez el levantamiento de aquello que es considerado secreto o reservado, además, no es algo ajeno a nuestra legislación. Sucede, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y el Indecopi (en lo que se refiere a la solicitud para que un juez levante el secreto de las comunicaciones). El Ejecutivo, asimismo, ha optado por un modelo garantista que requiere la autorización judicial para que la UIF acceda a esta información, algo que ya sucede en varios otros países como Argentina, Colombia, Chile, México y Estados Unidos, y que forma parte de las recomendaciones de la OCDE, organización a la que el Perú aspira a ingresar. 

De esta forma, poco asidero tiene la justificación del vocero de FP, Luis Galarreta, en el sentido de que “por tratarse de derechos fundamentales ese debate debería venir al Congreso de la República” y no vía facultades legislativas. Pues, por un lado, si solo pudieran otorgarse facultades legislativas en asuntos que no tuvieran impacto en los derechos fundamentales, entonces, casi cualquier materia sería indelegable, y habría que revisar los más de 1.200 decretos legislativos de nuestro ordenamiento que abordan diversos derechos fundamentales como propiedad, libertad de expresión, creación intelectual y secreto de las comunicaciones. Y, por el otro, como ya se ha desarrollado, la limitación al secreto bancario y reserva tributaria propuesta resulta acorde a lo que señala la Constitución.

Por todo ello, causa bastante extrañeza la postura de la bancada fujimorista. Sobre todo si se toma en cuenta la actitud diametralmente opuesta que tuvo la lideresa de FP, Keiko Fujimori, durante la última campaña electoral.

Como se recuerda, en el marco del foro anticorrupción de Proética de enero de este año, explícitamente se le inquirió a la señora Fujimori acerca de darle a la UIF el acceso al secreto bancario y ella mostró su respaldo a la iniciativa. “Con referencia a levantar el secreto bancario a todas las personas investigadas, yo estoy totalmente de acuerdo”, afirmó en aquella ocasión y añadió: “Por parte de Fuerza Popular habrá el firme compromiso de facilitar todas las normas que permitan que nuestro país forme parte de la OCDE”. De hecho, cuando se le recordó la postura contraria que tuvieron algunos congresistas de FP a la aprobación de un proyecto de ley en tal sentido, la ex candidata presidencial respondió que, entonces, FP no tenía mayoría en el Congreso y que “la posición que ha podido tener algún miembro de nuestro partido es casi imposible que pueda parar una norma tan importante para nuestro país”.

Lamentablemente, pasaron ocho meses y el fujimorismo –ahora sí con mayoría absoluta– ha puesto en riesgo una norma tan importante para el país, por lo que solo cabe esperar que dicha bancada recapacite cuando tenga que tomar una decisión definitiva en el pleno.