(Foto: AFP)
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Editorial El Comercio

Los resultados de las elecciones parlamentarias del último domingo en dejaron, aunque en distinta medida, dos beneficiarios. Nos referimos, en primer lugar, al presidente y al valioso espaldarazo que su agrupación política recibió en las urnas al ganar un importante número de escaños para diputados y senadores. Y, a pesar de su evidente derrota política, a la ex presidenta , cuya elección como senadora por la provincia de Buenos Aires le permitirá contar con inmunidad parlamentaria justo cuando atraviesa un tormentoso contexto judicial. Pero vayamos por partes.

Según el conteo autorizado, la coalición oficialista Cambiemos obtuvo el 41,76% del total de votos (incluyendo el triunfo en los cinco distritos electorales más grandes del país), casi el doble de los alcanzados por Unidad Ciudadana –de la ex mandataria– que consiguió un apoyo del 21,83%. El resultado más vistoso, empero, se dio en la provincia de Buenos Aires, donde el candidato del macrismo, Esteban Bullrich, se impuso a Fernández de Kirchner por casi 400.000 votos de diferencia. Traducidos en escaños, los resultados del domingo le permitirán al oficialismo pasar de 86 a 107 diputados y de 15 a 24 senadores. Mientras que el kirchnerismo sufrirá una merma de diez diputados y ocho senadores.

Tratándose de un gobierno que debió optar por el gradualismo para devolver la normalidad a la economía argentina –en lugar de una estrategia de ‘shock’ como la que se implementó en el Perú a inicios de los 90–, los resultados electorales adquieren un cariz trascendental: los votos, además de incrementar la presencia parlamentaria oficialista, significan una confirmación del apoyo de los ciudadanos argentinos al gobierno de Mauricio Macri. Una popularidad que el presidente no debe despilfarrar y, más bien, debe capitalizar a través del esfuerzo por desatar las grandes reformas pendientes que el país necesita para dinamizar la economía, luchar contra el desempleo y reducir la pobreza.

En otras palabras, la sociedad argentina ha reafirmado su apuesta por el macrismo, concediéndole un mandato ampliado para cumplir con sus promesas de campaña. Y el mandatario parece ser consciente de ello, pues en una conferencia de prensa realizada el lunes –ya conocidos los resultados– adelantó que el país austral ingresa “en una etapa de reformismo permanente”, y exhortó a los ciudadanos a “no tenerle miedo a las reformas” porque “nos van a ayudar a vivir mejor”. Es decir, ha anunciado un segundo debut que ojalá no se quede en ejercicio retórico y sirva de ejemplo a los gobiernos de otros países de este lado del continente cuyos afanes de reforma han quedado empantanados.

Por otro lado, la elección de Cristina Fernández de Kirchner como senadora la dota de un blindaje parlamentario en una coyuntura poco auspiciosa para ella. Como se sabe, la ex mandataria viene afrontando varias investigaciones por asociación ilícita (por presuntamente haber beneficiado al hoy preso empresario Lázaro Báez a través del pago de sobreprecios en obras), defraudación a la administración pública (en el caso conocido como ‘dólar futuro’), encubrimiento de los supuestos sospechosos del atentado a la mutual judía AMIA en 1994 (un caso cuyo fiscal a cargo, Alberto Nisman, apareció muerto en circunstancias todavía no esclarecidas), entre otros delitos.

Y aunque es cierto que, de llegar el momento, el Parlamento podría levantarle los fueros –como acaba de hacer con el ex ministro de Planificación del kirchnerismo y actual diputado opositor, Julio de Vido–, dicha posibilidad en el caso de Fernández luce poco verosímil si tomamos en cuenta que los más de tres millones de votos que recibió el domingo colocan a la ex presidenta como la única persona capaz de hacerle frente al oficialismo en medio de una oposición peronista fragmentada.

En fin, vistos los resultados, es de esperar que los avances no se detengan en Argentina. Ni para el Gobierno, que por fin cuenta con todas las herramientas necesarias para implementar las reformas y profundizar los ajustes que el país necesita. Ni para el Poder Judicial cuyas pesquisas contra la administración kirchnerista recién comienzan a dar frutos.