Editorial: Términos y condiciones

Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, acudió al Congreso para presentar una cuestión de confianza sobre cinco proyectos de ley que forman parte de la reforma política planteada por el Ejecutivo (y cuyo debate, como se sabe, debe reanudarse hoy). Si bien es cierto, uno ya podía anticipar la sustancia del pedido del ministro Del Solar en la misiva que este había enviado al titular del Parlamento el jueves pasado para solicitarle que convocara a sesión plenaria, creemos que hay algunos puntos de su discurso que vale la pena destacar.

Tiene razón, en efecto, el primer ministro cuando señala que el país atraviesa una coyuntura empapada por la corrupción con autoridades señaladas o acusadas en los distintos niveles del aparato estatal (desde presidentes hasta alcaldes distritales) y en la alta judicatura, con partidos debilitados y con una apatía ciudadana hacia la política en general, en la que se hacen necesarios varios ajustes. En otras palabras, acierta en el diagnóstico.

Es cierto también, como reseña el ministro Del Solar, que una mayoría congresal ha venido operando un vergonzoso blindaje –no cabe calificarlo de otra manera– al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, y que en su momento puso también cortapisas para investigar a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sobre todo ello, dicho sea de paso, ya hemos manifestado un claro rechazo.

En esa línea, hace bien el Gobierno en proponer las iniciativas legislativas que, a su parecer, ayudarán a atajar el problema sobre el que ponen los reflectores: la corrupción. Y en buena cuenta, resulta difícil no estar de acuerdo con las ideas que el Ejecutivo defiende (por ejemplo, en cuanto al fortalecimiento de la democracia interna en los partidos políticos o en los cambios a la inmunidad parlamentaria). Para decirlo en palabras del propio ministro Del Solar: “¿Puede alguien […] estar en contra de estos objetivos?”.

El problema con la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo ayer, entonces, no estriba ni en el diagnóstico ni en las medidas que propone. Estriba, más bien, en los términos y condiciones que añade a la herramienta –cuyo uso, por lo demás, se encuadra perfectamente en el marco constitucional–, y que dejan una sensación de tratar de incomodar al Legislativo.

Por un lado, porque en su discurso de ayer el primer ministro insistió en que los proyectos presentados tienen una esencia que no puede ser desnaturalizada. Ello choca directamente con el papel que debe jugar todo Parlamento, en democracia, como foro para el debate y la discusión. Si los congresistas se empecinan en ‘adulterar’ o en ‘amañar’ las propuestas de ley, seremos en última instancia los electores los que nos encargaremos de sancionar en las próximas elecciones a las organizaciones políticas que cobijan a estos legisladores. Pero de ninguna manera el Ejecutivo puede arrogarse la potestad para determinar que la esencia de sus proyectos está, como los mandamientos bíblicos, escrita en piedra.

Tampoco resulta sensato exigir, como hizo inicialmente el señor Del Solar, que los proyectos sean aprobados en primera votación antes de que culmine la actual legislatura (por ello, es saludable que esta vez haya evitado referirse a que, en caso se exceda una fecha, el Ejecutivo interpretará que la confianza ha sido rehusada). El problema, nuevamente, no tiene que ver con los plazos y con si estos son o no razonables –pues ciertamente la legislatura podría ampliarse durante algunas semanas–, sino más bien con la facultad que tiene el gobierno para exigirle al Congreso que trabaje bajo determinados tiempos, más aun tratándose de reformas constitucionales que, se espera, perduren con los años.

Finalmente, es positivo que el debate parlamentario de ayer no haya exhibido la pugnacidad de otras ocasiones y que el Ejecutivo, por su parte, haya rebajado los decibeles a su actitud de la semana pasada. Así las cosas, esperemos que en la votación de hoy prime la madurez y el respeto, por parte del Gobierno, para tender puentes con el Parlamento, y de este último, para trabajar pensando en el país.