Editorial: Tributo al tributo

El actual régimen tributario representa un dolor de cabeza para cualquier persona que labore en el sector formal. Sin soslayar la complejidad de los cálculos, declaraciones, detracciones, subsanaciones, reclamos y obligaciones contables que demanda nuestra legislación, probablemente los mayores cuestionamientos y malestares para un trabajador o empresario formal en un país como el nuestro se encuentren bien representados en una simple pregunta: ¿Por qué debo pagar impuestos? Una interrogante de difícil respuesta cuando se tiene al frente un Estado poco eficiente –cuando no inexistente– en la provisión de servicios básicos como seguridad, justicia, educación y salud.

En este contexto, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se han anticipado algunas de sus propuestas iniciales que tendrían por objeto reducir la informalidad y reactivar la economía, y que consisten, esencialmente, en reducir la carga tributaria permitiendo que las personas cuenten con más dinero en sus bolsillos. Entre ellas, las que han generado mayor debate son la reducción de un punto porcentual del IGV (es decir, pasar de una tasa de 18% a 17%) y la ampliación del monto a deducir al momento de pagar el Impuesto a la Renta (IR) para personas naturales, de modo tal que el descuento actual de 7 UIT anuales (S/27.650) pueda llegar hasta un máximo de 14 UIT (S/55.300), siempre que acrediten que se han destinado dichos montos a salud, seguros y educación.

Si bien se han escuchado algunas voces que ponen en tela de juicio la efectividad de estas medidas para promover la formalidad –un aspecto en el cual el MEF deberá hilar fino si quiere convencer a sus detractores–, otras tantas se basan en una idea un poco más “principista”. A saber, que el menor impuesto que pagarán las personas representa una sustracción de dinero que le corresponde al Estado. En esa línea, por ejemplo, se encuentra la crítica de la parlamentaria fujimorista Cecilia Chacón, quien ha señalado su rechazo a la primera medida, puesto que “esa reducción del 1% va a ir a los bolsillos de los que más tienen”. O también la del economista y jefe del plan de gobierno del Frente Amplio en la última campaña presidencial, Pedro Francke, quien afirmó que “es lindo soñar que todo eso [provisión de servicios públicos] puede hacerse con menos impuestos. Pero no se puede. Todos estos servicios públicos cuestan y la rebaja propuesta por Pedro Pablo Kuczynski le quitaría al Estado cerca de S/10.000 millones anuales”.

Las críticas de este estilo parecen olvidar, sin embargo, que el dinero que termina en las arcas estatales no surge como resultado de un fenómeno de la naturaleza ni por obra y gracia de algún ser espiritual. Esa riqueza que se reclama del erario público proviene del esfuerzo de trabajadores y empresarios que la generaron. En otras palabras, cuando se reduce la carga tributaria, no se está quitando plata al Estado, sino que se está dejando de sustraerla de sus propietarios.

Así, por ejemplo, la disminución del IGV aminora los costos de las empresas, con prescindencia del tamaño que tengan. Una reducción que, además, podría favorecer a los consumidores a través de una disminución en el precio final de los productos y servicios que adquieren. Por otra parte, si un hogar del nivel socioeconómico C –perteneciente a la clase media, la principal destinataria de la mayor deducción del IR– gasta en promedio S/3.912 anuales en servicios de educación, seguros y salud, ¿no sería acaso razonable que pueda deducir del impuesto que paga precisamente aquella inversión en servicios básicos que no le provee adecuadamente el Estado?

De hecho, un reciente proyecto de ley presentado por el congresista de Fuerza Popular Miguel Torres tiene por propósito también reducir la agobiante carta tributaria. La iniciativa, denominada IGV justo, en efecto, permite a las mypes diferir el pago el pago del IGV hasta por tres meses, fecha en la que normalmente cobrarán las facturas emitidas por la venta de sus productos, evitando así que tales empresas tengan que endeudarse para cumplir con sus obligaciones con la Sunat. 

Se trata, en fin, de propuestas que podrían aliviar las finanzas de muchos peruanos y que no debieran ser descartadas por una idolatría al tributo.