Editorial El Comercio

Esta semana, cumplió un mes evadiendo la justicia luego de que una sala de apelaciones lo hallara culpable –en segunda instancia– de corrupción por el , un proyecto carente de fundamentación técnica y económica que, sin embargo, fue aprobado por la gestión del entonces gobernador regional de Junín en su primer período en el cargo (2011-2014). Ahora debe cumplir de pena privativa de la libertad.

Desde entonces, sin embargo, Cerrón ha permanecido en la clandestinidad y recurriendo a sus redes sociales para atacar a autoridades como a la ahora excanciller Ana Cecilia Gervasi, burlarse de los funcionarios a cargo de su captura, cargar contra periodistas como Augusto Álvarez Rodrich y repetir la mentira de que su condena tiene motivaciones políticas. Solo por poner un ejemplo de lo segundo, recordemos que al general PNP Óscar Arriola lo acusó semanas atrás de querer “que otros le hagan su trabajo” por informar a 194 países de su situación legal.

Mientras Cerrón continúa activo en su cuenta de X (antes Twitter), las autoridades parecen haber hecho muy poco para dar con su paradero. Una recompensa de S/100.000 por información que facilite su captura y una emitida por Interpol (la ‘roja’ todavía , según ha revelado el coronel PNP Aldo Ávila) son prácticamente lo único que hemos sabido respecto de los pasos que se han dado para llevarlo ante la justicia. Acciones, hay que decirlo, claramente insuficientes tomando en cuenta todas las negligencias que permitieron que el fundador de Perú Libre (PL) se escabullese de las autoridades en un primer momento y que hemos resumido anteriormente .

No han faltado en este último mes, asimismo, las explicaciones que han ensayado sus aliados políticos para justificar su fuga. Cuando se cumplió una semana de su sentencia, por ejemplo, el legislador Flavio Cruz (PL) descartó que su líder se estuviese “escondiendo” y afirmó que, más bien, este se encontraba “trabajando sus y buscará el momento más adecuado para colaborar con la justicia”. Por otro lado, Waldemar Cerrón, actual segundo vicepresidente del Congreso, arguyó que su hermano “tiene derecho a salvaguardar su integridad física, política, mental” y que “la ley faculta que uno puede tener sus reparos frente a una sentencia”. Mientras que las legisladoras Kelly Portalatino y Margot Palacios han tildado al fundador del partido que ambas integran de “perseguido político”.

Ya antes nos hemos encargado de desmontar ese mito , pero la circunstancia es oportuna para recordar que Cerrón no solo ha recibido esta condena, sino que ya en el 2019 había sido sentenciado por negociación incompatible, a propósito de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya”. Y que actualmente enfrenta investigaciones por presunta corrupción, lavado de activos y afiliación al terrorismo que podrían (y, de hecho, deberían) motivar que el Poder Judicial dicte sendas órdenes de prisión preventiva en su contra, pues es evidente que sus intenciones de colaborar con la justicia son nulas.

Es cierto que en el Perú son varias las personas que se hallan escondidas de la justicia, pero Cerrón es con toda seguridad el personaje más importante de esta lista, no solo porque dirige una bancada parlamentaria que tiene cierto poder y presencia en la Mesa Directiva del Congreso, sino también porque fue compañero de fórmula de la actual presidenta hace apenas poco más de dos años. Es más, ambos se encuentran actualmente comprendidos en la investigación por que el fiscal Richard Rojas tiene a su cargo, precisamente en relación con los fondos utilizados por PL en las elecciones generales del 2021.

Su captura, pues, no es un asunto trivial y debería exigir de las autoridades competentes bastante más de lo que hemos visto hasta ahora. Cerrón no puede seguir burlándose, ni literal ni metafóricamente, de la justicia peruana.

Editorial de El Comercio