Editorial: Información en riesgo

Ayer, la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó por insistencia la autógrafa de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados. Como ya hemos sostenido en este Diario, la principal preocupación que genera esta norma es que impediría al Estado cumplir a cabalidad con su derecho y deber de comunicar las campañas, programas y servicios públicos que ofrece a la población; y obstaculizaría al mismo tiempo el derecho de los ciudadanos de estar informados y recibir los servicios del Estado.

En efecto, la ley establece que todas las entidades públicas, las empresas del Estado y los gobiernos locales y regionales solo podrán publicitar sus actividades en los medios de comunicación estatales. El Estado está exceptuado de esta restricción en caso de emergencias o desastres nacionales declarados por decreto de urgencia. Las autoridades electorales también podrán utilizar medios privados como parte de campañas de educación electoral cuando se convoquen elecciones. Está abierta, además, la posibilidad de compartir la información en redes sociales.

Queda poco espacio, así, para compartir en medios privados información clave sobre campañas de salud, de educación, sobre programas sociales… y la lista es extensa. Esto, por supuesto, es particularmente grave si tomamos en cuenta (como no parece haber hecho la norma) que la mayor parte de la población se informa a través de medios privados. Solo por dar un ejemplo, TV Perú (el canal de televisión pública) tiene solo el 3% de la sintonía nacional. Las redes sociales, que se plantean como una alternativa, cuentan también con una llegada limitada. El 40% de la población no tiene acceso diario a Internet, de acuerdo al INEI, y en zonas rurales el alcance del Estado sería aun menor: según la Defensoría del Pueblo, únicamente el 15,6% usa Internet. No sorprende que solo el 8% de la población mencione a las redes sociales como primera fuente de información de asuntos del Gobierno, según una reciente encuesta de Ipsos.

Se entiende así por qué decíamos que, de aprobarse la ley, el Congreso estaría limitando injustificadamente el derecho de los ciudadanos a ser informados, y el del Estado a informar. Una advertencia, por lo demás, que ya se ha dado desde diversas instituciones. El Consejo de la Prensa Peruana y otras instituciones de la sociedad civil, han advertido en un comunicado publicado esta semana que la aprobación de la norma “constituiría un grave atentado contra las libertades informativas”, al considerar que “vulnera de manera desproporcionada el derecho fundamental a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento”. El defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado también su rotunda oposición a la norma.

Cuando el presidente Martín Vizcarra asumió el cargo en marzo pasado, diversas voces en el Congreso sostuvieron que era necesario que la norma fuese debatida, y que se tomaran en cuenta las observaciones que el Ejecutivo envió al pleno en marzo de este año (cuando optó por no promulgar la norma a pesar de que había sido ya aprobada en el Parlamento). Lamentablemente, sin embargo, la reflexión prometida estuvo ausente ayer en el Congreso.

No se trata, por supuesto, de creer que la publicidad estatal en los medios privados no deba estar estructurada bajo normas específicas que no dejen espacio a arbitrariedades. Pero de ahí a la norma que hoy se plantea hay un gran salto. Debemos encontrar una forma en que la regulación no sea a expensas de los derechos de los ciudadanos y del Estado. Esperemos que, en el pleno, los parlamentarios se den cuenta de que todavía no es demasiado tarde para reemplazar la imposición con una discusión constructiva.