Testigos del golpe

Dos semanas han pasado desde que se supo que el Ministerio Público ha solicitado 34 años de cárcel para el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado y los detalles de la acusación siguen saliendo a la luz. En este Diario los hemos ido difundiendo y seguiremos haciéndolo, no solo porque en el documento presentado por la fiscalía aún queda mucha tela por cortar (hablamos de más de 950 páginas preñadas de testimonios y pormenores del día en el que nuestra democracia pendió de un hilo), sino porque estamos frente a un caso que, para bien o para mal, demostrará si nuestras instituciones son capaces de procesar a un grupo de advenedizos que intentó someterlas y cuyos seguidores, desde entonces, han tratado de vender el cuento de que lo ocurrido no fue grave.

En esa línea, este Diario informó ayer que al menos ocho testigos coinciden en que una unidad de efectivos acató inicialmente la orden dada por Castillo en televisión nacional para cerrar el Congreso en la mañana del 7 de diciembre del 2022. Sus testimonios apuntan al entonces ministro del Interior, Willy Huerta, y a los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez. Todos ellos, vale mencionar, están comprendidos en la acusación fiscal, y para cada uno la fiscalía pide 25 años de prisión.

La primera declaración pertenece al excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro, que contó que luego del anuncio golpista de Pedro Castillo recibió una llamada en la que el entonces ministro Huerta le ordenó cerrar el Congreso y no dejar que ingresara ni saliera de este “ninguna persona”. Allí entran a tallar los nombres de los oficiales Lozada, Venero e Infanzón. El primero, que se desempeñaba como jefe de la VII Región Policial Lima, le habría ordenado al segundo, entonces jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales (USE), ejecutar las órdenes de los conspiradores. Mientras que Infanzón, en su condición de integrante de la USE, acudió presencialmente al lugar con un grupo de efectivos a encargarse de que estas se concretaran.

Así lo han narrado, por ejemplo, tres congresistas y encargados de la seguridad del Parlamento ante las autoridades. La legisladora Vivian Olivos (Fuerza Popular) relató, por ejemplo, que miembros de la USE no la dejaron acceder a la sede del Congreso en los minutos posteriores al golpe. “Tenemos la orden superior de que no ingrese nadie por aquí; ya dejaste de ser congresista, olvídese”, contó que le dijo uno de los efectivos. Con Olivos se encontraba su colega Adriana Tudela (Avanza País) que reveló que el personal policial que se encontraba en la zona le indicó que “tenía una orden de no dejar ingresar a los congresistas”. Otro legislador, Hamlet Echeverría (Cambio Democrático), también recordó: “Me identifiqué como congresista y me dijeron que estaba prohibido el paso al Congreso”.

En cuanto a los sindicados, tanto Lozada como Venero han negado haber ordenado prohibir el ingreso al Parlamento el día del golpe. Sin embargo, en su declaración ante la fiscalía, Infanzón ha reconocido que el primero le ordenó que “nadie, ni políticos ni congresistas ni civiles” ingresara al Congreso esa mañana, y que el segundo “ratificó la orden del general Lozada”. Pero que pocos minutos después lo llamaron para decirle que esa directiva había sido enmendada.

Estos testimonios son importantes porque una gran parte de la estrategia ensayada por la defensa de Castillo sostiene, por ejemplo, que su anuncio de cerrar el Congreso fue apenas “una declaración pública”, un mensaje más bien “simbólico” o, en palabras del abogado Wilfredo Robles, “un golpe verbal”. Cuando, por el contrario, todo apunta a que sí hubo una orden para que, en la práctica, la policía neutralizara el funcionamiento del Legislativo, impidiendo que sus miembros pudieran sesionar y decretar la vacancia del golpista, como afortunadamente ocurrió.