Corre, corre, Nadine, por Fernando Rospigliosi

Acorralada después de sus derrotas en el sistema judicial y en el Congreso, Nadine Heredia tuvo que reconocer lo que todo el mundo sospechaba, que las agendas son suyas. Después de haber negado públicamente, decenas de veces, que las libretas le pertenecían, de haber insultado a la periodista Rosana Cueva de “Panorama” que realizó la investigación, después de que su vociferante cuadrilla de valedores agrediera en el Congreso y fuera de él a los que sostenían lo obvio, la primera dama, con toda desfachatez, admite que todo lo que dijo antes no es cierto.

Por supuesto, la ridícula explicación de que recién descubrió que ya no las tenía o que acaba de reconocer su letra no la creerá nadie, ni sus más fanáticos ayayeros. Desde hace muchos meses, cuando circuló el rumor de que había perdido las agendas, mintió. Dijo que las tenía todas. Y ninguna persona en su sano juicio puede creer que no se dio cuenta de que era su letra y, sobre todo, sus números, sus cifras, las que aparecían allí cuando la prensa independiente las hizo públicas.

Ahora ha pasado a su segunda línea de defensa: no hay delito porque no estaban en el gobierno. ¡Como si solo estando en la función pública se pudieran cometer delitos! La pregunta es, si antes la pareja hizo eso, ¿qué no habrá hecho en el gobierno manejando miles de millones de soles?

Para que se entienda el pánico que debe sentir hoy en día Nadine Heredia, basta mencionar algunos artículos de la ley de lavado de activos promulgada por Ollanta Humala, el Decreto Legislativo 1106.

En primer lugar, es un delito independiente: “El lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria.” (Artículo 10°).

Es falso, por tanto, lo que dicen sus defensores, que hay que probar primero que el dinero proviene de un hecho delictivo anterior.

En segundo lugar, la ley establece que la sola sospecha del origen ilícito es suficiente. Comete delito: “El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen…” (Artículo 1°). “El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen…”. (Artículo 2°).

Como es obvio, cualquier persona sensata debería presumir el origen ilícito de los millones de dólares consignados en las agendas de Nadine. Si fueran de origen lícito, no habría sido necesario guardarlo en efectivo en cajas de seguridad ni falsificar contratos con Martín Belaunde y otros para justificar los ingresos con los que la pareja presidencial se compró y remodeló su casa, para pagar los lujos que disfrutan, etc. Y es evidente que todos esos contratos simulados, el ‘pitufeo’ de los depósitos y otros subterfugios estaban destinados a evitar la identificación del origen de ese dinero.

La muy fundada sospecha es que el dinero proviene de Venezuela. Pero en el presupuesto de la República Bolivariana no existe un rubro de “apoyo al candidato Ollanta Humala”. Se puede presumir que es dinero robado al erario público venezolano o proveniente de la red de narcotráfico que integran altas autoridades –como se ha denunciado– o de cualquier otra fuente ilícita.

Lo único cierto es que no tiene un origen lícito e identificable.

Así las cosas, lo que hasta el momento parecía una hipótesis exagerada, delirante, de que la pareja se va a fugar antes o después del próximo 28 de julio, por lo menos parece ahora menos improbable. El hecho es que gran parte de la familia Humala tiene pasaporte de la Unión Europea y Ollanta, Nadine y sus hijos lo pueden obtener solo presentándose ante un consulado italiano.

El próximo domingo se cumplen exactamente 15 años de la destitución del entonces prófugo Alberto Fujimori y su reemplazo por Valentín Paniagua, fecha que será recordada con alegría por algunos y con aprensión por otros. Con variantes, la historia podría repetirse.