Agendas cruzadas y metidas de pata, por Pedro Tenorio

En el Perú político de hoy la paradoja es regla: el ministro de Justicia habla a favor de la pena de muerte para violadores y asesinos de niños, pero su jefa (la presidenta del Consejo de Ministros) asegura que ese tema “no está en la agenda del Gobierno”. Días después el presidente Pedro Pablo Kuczynski vuelve sobre un indulto humanitario para Alberto Fujimori, y de inmediato sus voceros aclaran lo que quiso decir el mandatario: el indulto tampoco está en la agenda oficial. Es decir, a este Gobierno le sobra tanto el tiempo que hasta se ocupa de temas que no son su prioridad. ¡Genios!

Sin embargo, la oposición tiene otra explicación del problema: “Kuczynski no tiene agenda”, insisten. Ahora bien, ellos tampoco parecen un modelo político a seguir.

Así, en el fujimorismo las agendas se cruzan peligrosamente esta semana. De un lado, la acusación contra cuatro integrantes del Tribunal Constitucional que incurrieron en la grosera manipulación del voto de un ex magistrado, Juan Vergara Gotelli, variando el fondo del asunto (vinculado al tema de El Frontón), constituye una infracción que debe ser investigada y, de merecerlo, sancionada. El procedimiento lo fija la propia Constitución, por lo que mal puede hablarse de una arbitrariedad por parte del Congreso.

Por cierto, no es un caso similar al que en 1997 terminó con la destitución de tres valientes magistrados por oponerse al ilegal proyecto de re-reelección de Alberto Fujimori en el año 2000. Hoy es distinto y merece un análisis objetivo. Sin embargo, el ambiente se enrarece ante la acusación presentada ayer por el vocero fujimorista Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción” a raíz del Caso Lava Jato.

Si el Gobierno carece de una agenda definida, el fujimorismo entrevera sus agendas logrando un efecto de aplanadora que lo perjudica ante la opinión pública y preocupa al país. El proceso contra los magistrados del TC está justificado mientras que la arremetida contra Sánchez, no. Puede no gustar el estilo del Ministerio Público, los tiempos y la reserva de Hamilton Castro y demás fiscales, pero no por ello Sánchez merece ser destituido e inhabilitado, tal como se pretende. ¿Dónde están las pruebas en su contra? ¿Bastan recortes de periódico como se ha mostrado? Salvo que se trate de una revancha contra Sánchez por permitir que otros fiscales investiguen al fujimorismo y a su lideresa equiparándolos con una organización delictiva. ¿Represalias de Salaverry y compañía? Es un grueso error mezclar papas con camotes. Es hora de definir las agendas.