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El 2015 no fue bueno en muchos aspectos para el Perú. Consideremos aquí tres asuntos de importancia.
1. Inicio gris en el proceso electoral. Más allá de generalidades, aún no se presentan propuestas de programas de gobierno.
La reforma electoral aprobada por el Congreso no pasó de tibia. Hoy tenemos una veintena de fórmulas presidenciales, un exceso que se agravará cuando se inscriban los probablemente 2.600 candidatos al Congreso, a elegir con voto preferencial.
Observamos, asimismo, que las adhesiones a las alianzas son en su mayoría “jales” de personalidades. La única alianza de partidos es la del Apra con el PPC y Vamos Perú, anunciada como un pacto de gobierno. Encuentro aquí experiencia y organización.
2. Desconcertante decisión presidencial. Ollanta Humala no promulgó el tratado de extradición firmado hace tres años con Francia, en que participaron cuatro ministerios y una comisión intersectorial.
El tratado se firmó, como se recuerda, con la presencia del canciller francés en el Perú. Luego, el Ejecutivo lo envió al Congreso para su aprobación. Este lo aprobó sin modificación alguna y lo remitió al Ejecutivo para la firma y promulgación por el presidente, pero para sorpresa el mandatario dijo: “No firmo”.
Tras varios años en que su gobierno trabajó el texto, recién reparó en que existen vacíos. Alguien aseguró que la decisión se debía a que el tratado no consideraba cláusula de “reciprocidad”. Falso. Ahora, para nueva sorpresa, el gobierno anuncia que sí firmará el tratado. ¿Qué pasó? El misterio quedará envuelto en arcanas verdades oficiales.
3. San Marcos y algunas otras universidades públicas. No es la primera vez que San Marcos es tomada por grupos estudiantiles. Me temo que no será tampoco la última vez. El problema es histórico y se vincula con la pésima política universitaria del Estado.
Esta política se caracteriza por la desconfianza a la autonomía universitaria, la tendencia a ver politización en cualquier acto de crítica y protesta estudiantil, el escaso presupuesto asignado a las universidades públicas y la tendencia autoritaria a intervenir los claustros universitarios.
En 1931 se clausuró San Marcos. Su reapertura con duras medidas se produjo en 1935. La ley Olivera de 1942 la sometió al Ministerio de Educación.
La siguiente intervención, ocurrida en 1948, la sometió al control de los ministerios de Gobierno y de Educación. Era el primer año del gobierno de Manuel A. Odría.
¿Qué pasó durante el régimen del general Juan Velasco? El Decreto Ley 17437 eliminó la autonomía universitaria, creó el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (Conup), antecedente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y se expidió la Ley General de Educación, de 1972, que volvió a someter la universidad al sector Educación. La supuesta devolución de la autonomía universitaria quedó en nada. El gobierno nunca aprobó el estatuto al que remitía la norma.
Las leyes posteriores (la 13417 y siguientes) no variaron la sustancia de las relaciones, en el trato a las universidades públicas. Peor aun: las agravó con las increíbles facilidades otorgadas para la creación de las universidades privadas, mientras a las públicas les recortaba el presupuesto.
En conclusión, no veamos el problema en la letra menuda. El Estado debe cambiar su actitud y reconocer que su interlocutor vital debe ser la comunidad universitaria. Ojalá que el actual gobierno lo entienda.
Más allá de soluciones transitorias, confiemos en que más temprano que tarde se entienda que la voceada calidad académica se conseguirá con más respeto a la vida de la universidad y no con más autoritarismo.
