¿Qué tienen en común un arma blanca, un lapicero y la capacidad de persuasión? Que todas son herramientas susceptibles de ser utilizadas por el ser humano, que puede dirigirlas a favor de un bien mayor o, en su defecto, abusar de las mismas. En ese sentido, si a través de una herramienta se puede salvar o lastimar, ¿dónde queda el interminable debate sobre la (IA)?

La IA como tal es una herramienta que, haciendo uso de combinaciones de algoritmos, pretende imitar las capacidades de una persona. Su materialización llega hasta casos como el del proyecto Amauta Pro, un asistente jurisdiccional dotado de IA, que se espera sea clave para combatir la violencia doméstica contra la mujer (“El Peruano”, 2023).

Empero, como cualquier herramienta, la IA es susceptible de usos indebidos. Jamás olvidaré esa fatídica mañana de agosto en la que me enteré de una vulneración a los derechos fundamentales de unas niñas menores de edad, perpetrada por sus propios compañeros de un colegio exclusivo de Lima que emplearon un programa de IA. En tales casos, el primer paso es acudir a la ley, pero ¿qué ocurre cuando la ley está incompleta o es deficiente? Hemos de echar un vistazo a la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país.

A través del análisis, es consecuente afirmar que la ley busca mejorar la calidad de vida de los peruanos. Por otro lado, su título preliminar menciona (de forma superficial) que el uso de la IA debe ser coherente con los derechos humanos y constitucionales. Para fortalecer la legislación, es necesaria la elaboración de un reglamento, para el que se dispuso de 90 días como plazo máximo. Dicho plazo venció en octubre del año pasado. En conclusión: tenemos una ley orientada al progreso, débil en cuanto a prevención de riesgos y sin un reglamento para aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Sería ingenuo pensar que la sociedad peruana está lista para hacer uso de la IA, sin ser conscientes de las consecuencias que pueden traer sus extralimitaciones. Es un mito creer que la ley o promueve o restringe, siendo incapaz de superponer ambos enfoques. Sirve de poco propulsar el desarrollo cuando la misma ley es inepta para proteger a quienes pretende apoyar.

María José Mejía Rodríguez es estudiante de Derecho en la UPC