Crimen organizado utiliza permisos de formalización minera para ‘lavar’ oro ilegal

Un megaoperativo que movilizó a 47 fiscales y 1200 policías en cinco regiones de Perú, terminó con la detención de 18 personas que integraban, según las autoridades peruanas, la organización criminal denominada ‘Los Topos’, dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro.

Esta acción desarrollada de manera simultánea en nueve socavones ubicados en el distrito de Parcoy, en Pataz, región norteña de La Libertad, se extendió a su vez a las regiones de Piura, Lima, Ica y Arequipa. Lo que develó este operativo al final fue el mecanismo que utilizan las mafias organizadas para legalizar el oro extraído de lugares prohibidos.

Las autoridades, además, revelaron el escudo legal que utilizaba esta banda criminal para operar: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del Ministerio de Energía y Minas. Algunos de los integrantes de ‘Los Topos’ utilizaban las inscripciones de cuatro personas que estaban en pleno proceso de formalización como mineros artesanales para transportar la mercancía y ‘legalizar’ el oro

Esta fue la fachada que usaron para ‘lavar’ oro de alta pureza que extraían ilegalmente de inmensos túneles cavados en los cerros de la carretera del anexo de Retama y de Fernandini, en Parcoy, y que permanecían ocultos dentro de inmuebles construidos en las faldas de estas montañas.

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¿Quiénes son ‘Los Topos’?

Entre los detenidos figuran los responsables de la explotación y acopio del mineral, los dueños de los inmuebles que servían de fachada para el ingreso a las bocaminas, testaferros, transportistas del mineral, los responsables de llenar los documentos con los que se ‘blanquea’ el oro, así como quienes estaban encargados de almacenar el oro sucio y quienes se encargaban de comprar el producto para su exportación.

Dos ciudadanos extranjeros, ambos chinos, aunque uno de ellos nacionalizado australiano, aparecen como parte de esta red. Ellos, a través de sus empresas, tenían a su cargo la compra y exportación del mineral ‘legalizado’ por el Puerto del Callao.

La intervención permitió la incautación de una gran cantidad de oro por una suma aproximada de 10 millones de dólares, así como documentos, armas, explosivos e insumos químicos.

“Es la primera vez que se golpea así a la minería ilegal, con identidades y con tanta cantidad de oro incautado. Creemos que debe ser el inicio de una nueva visión de la lucha contra la minería ilegal. Detrás de esta actividad ilícita hay organizaciones criminales y no se ha estado tocando el tema así”, dice el general Raúl del Castillo, director de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú.

Toda una cadena de ilegalidad puesta al descubierto que empezaba en Parcoy, ingresaba al Puerto del Callao y terminaba en los mercados internacionales de Asia y Europa.

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Los papeles del Reinfo

Durante medio año —entre febrero y julio del 2019— la Fiscalía y la Policía vigilaron los inmuebles ubicados en la carretera de Parcoy e hicieron seguimiento a los camiones que transportaban toneladas de piedras con minerales que cargaban por las noches en los predios usados como fachada.

Fue esta labor de seguimiento la que los llevó a los centros de almacenamiento en Trujillo, luego a las plantas de beneficio de minerales en Piura, Lima, Nazca (Ica) y Arequipa y, finalmente, al Callao, donde se almacenaba el oro en lingotes o como piedra molida. Es en ese camino que el oro ilegal se ‘blanquea’ con la ayuda de los documentos de los mineros artesanales inscritos en el Reinfo.

“Salen de los socavones sin documentos. Pero existen oficinas donde se elaboran y se venden los papeles. Se abusa del Reinfo y se usa mal”, señala el fiscal Sal y Rosas, responsable de las investigaciones.

En el expediente fiscal, al que tuvo acceso Mongabay Latam, aparecen cuatro personas inscritas en el Reinfo cuyos documentos fueron usados en más de una ocasión para transportar esta mercancía y legalizar el oro.

Lo que permitían estos papeles oficiales, además de movilizar el oro sacado de los socavones, era sustentar que el mineral había sido extraído de concesiones autorizadas y registradas por una persona inscrita en el Reinfo. Sin embargo, cuando las autoridades revisaron la ubicación de estas concesiones, registradas en los documentos, descubrieron que no existía actividad minera en ninguna de ellas.

Un camión, por ejemplo, que partió de Trujillo con destino a Arequipa, en febrero de 2019, llevando 35 toneladas de mineral aurífero, utilizaba documentos de Sumner Deybin Inga Campos, persona natural inscrita en el Reinfo con un denuncio en el distrito de Usquín, según el padrón oficial del Ministerio de Energía y Minas.

Otra carga de 17 toneladas, que se transportó en marzo de 2019, llevaba documentos de la minera Matwork, que pertenece a Jenss Marty Lara Tantaquilla, también inscrito en el Reinfo con dos concesiones en el distrito de Chillia. Una situación igual ocurrió con cargas transportadas con documentos de Jeik Deidi Fernández Paredes inscrito en el Reinfo con una concesión en Ongón, según consta en el expediente fiscal, y con Ynocente Matos Anticona, cuya inscripción en Reinfo aparece con un denuncio en el distrito de Chillia y también figura como gerente general del Consorcio Minero Chilia.

En los cuatro casos, su inscripción en el registro de formalización indicaba un petitorio minero ubicado en un lugar muy diferente al de los inmuebles del anexo de Retama en Parcoy, desde donde partió el oro.

“La concesión la tienen en determinado lugar, pero nosotros descubrimos que ahí, donde indica la inscripción en el Reinfo, no hay actividad minera. He ido a todas las concesiones y no encontramos ninguna actividad minera ni mineral. Entonces, el oro salió de otro lugar”, comenta Sal y Rosas sobre las constataciones que hicieron en las zonas declaradas para la extracción de oro.

Este uso de documentación con información falsa se hacía para encubrir la extracción de oro de un lugar completamente prohibido, como son las zonas urbanas. En este caso, el cerro donde se han instalado las viviendas que cubren los ingresos a los socavones. “Este oro fue extraído de lugares prohibidos, de una zona urbana”, dice Sal y Rosas.

“En toda comisión del delito de crimen organizado se utilizan funcionarios públicos, testaferros, personas que prestan sus nombres, papeles verdaderos, pero con contenido falso, se valen de todo para darle aparente formalidad”, agrega el general PNP Del Castillo.

Mongabay Latam buscó a cada una de las personas que figuran en la investigación fiscal con inscripción en Reinfo, pero no logró conversar con ninguna de ellas, pues los teléfonos registrados en los expedientes de los petitorios mineros del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) no fueron atendidos. En el caso de Jeik Deidi Fernández Paredes, no logramos ubicarlo.

“El Reinfo es un mecanismo para acelerar el proceso de formalización. El problema es que con esta inscripción se puede trasladar el oro a cualquier lugar. Es lamentable que cada vez que se amplía el plazo, más mineros ilegales pueden inscribirse y nunca se cierra esta primera etapa del proceso”, dice Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

En octubre de 2019, el gobierno peruano publicó la Ley 31007 que amplía el plazo para la inscripción de los mineros informales en el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2021. Antes de esa extensión, el plazo vencía en agosto de este año.

La formalización minera se incentivó durante el gobierno de Ollanta Humala con el fin de erradicar la minería ilegal, un proceso que ha sufrido ampliaciones para el cierre del padrón en más de una oportunidad.

“Si constantemente se reabre la inscripción en el Reinfo y se permite que los ilegales vuelvan a inscribirse, no habrá incentivo para formalización”, señala Castro.

El Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán, coincide en que mantener las inscripciones abiertas para el Reinfo está generando problemas. “El proceso debe cerrarse y los que están sometidos a la formalización tienen que ser supervisados para saber cómo trabajan, cómo se degrada determinada zona y cómo se recupera».

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Energía y Minas sobre el proceso de formalización y el uso de estos permisos para extraer oro de manera ilegal, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

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La conexión con Asia y Europa

“En los almacenes del Callao hemos incautado 120 kilos en lingotes de oro, 80 de ellos con una pureza del 99.9 %. También confiscamos 35 contenedores con por lo menos 2000 toneladas de piedra molida que contiene un alto porcentaje de oro. Todo listo para salir al exterior”, comenta Sal y Rosas.

Según los cálculos de las autoridades, los 120 kilos de oro incautados en los almacenes del Callao alcanzan un valor de seis millones de dólares, pues cada kilo cuesta alrededor de 50 mil dólares. A ello se deberá sumar el oro contenido en las 2000 toneladas de piedras, cantidad que aún no ha sido calculada. Para el general PNP del Castillo la suma de lo confiscado podría bordear los 10 millones de dólares.

Todo este oro proveniente de los socavones de Parcoy se encontraba en almacenes del Puerto del Callao, listo para ser exportado a países como Dubai, China y Suiza a través de empresas mineras formales. Los documentos usados en la etapa de transporte y transformación sirvieron para legalizar el mineral.

Dos de los involucrados en la etapa de exportación han sido detenidos. Se trata del ciudadano chino Liu Yu Hang y el chino nacionalizado australiano Yan Ruzhong. Ambos figuran con empresas exportadoras de minerales debidamente registradas en Perú.

Una de ellas es Jingzhong Globe Mining Company SAC, cuyo gerente general es Liu Yu Hang. Las actividades de exportación de esta empresa se registran desde el año 2018, según consta en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

La otra compañía llamada Meta Segura SAC, pertenece a Yan Ruzhong y sus actividades de exportación han sido registradas desde el año 2016. En ambos casos el destino de los minerales era China.

“En una red criminal hay estructuras, etapas y niveles. Por ejemplo, los exportadores chinos tienen empresas legales, pero conocían el origen ilegal del oro. Ellos lo blanquean a través de sus empresas exportadoras, eso es lo que sucede en toda red criminal”, señala el general PNP Del Castillo.

En la carpeta fiscal figuran también empresas procesadoras y exportadoras a las que llegaba el oro procedente de Parcoy.

La minera Veta Dorada es una de ellas. En un comunicado enviado a Mongabay Latam, la compañía señala que “compra el mineral aurífero a pequeños mineros formales y artesanales debidamente registrados ante el Ministerio de Energía y Minas” y agrega que “participará de manera activa en las investigaciones del Ministerio Público”.

Las otras compañías incluidas dentro del expediente fiscal son La Azulita SAC, Minera Titan del Perú SRL y Minera Las Lomas Doradas SAC. Mongabay Latam buscó la versión de estas empresas y todas manifestaron que no prestarían declaraciones sobre el tema.

“La carga que llegaban a todas estas empresas provenían de Parcoy. Hicimos el seguimiento de los carros desde las bocaminas hasta el centro de acopio en Parcoy. De allí hasta Trujillo y luego a Nazca (Ica), Piura, Arequipa y Lima. Ahí estaban las plantas de beneficio y de ahí llega a los exportadores”, asegura Sal y Rosas.

El 26 de febrero se realizará la audiencia para solicitar la prisión preventiva de los inculpados. Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones de esta red criminal que durante años ha extraído oro ilegal en el norte del Perú.

“Según la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera] el delito que genera más ganancias en Perú ya no es el tráfico de drogas sino la minería ilegal de oro. Detrás de la minería ilegal hay redes criminales, definitivamente”, concluye el general Del Castillo.

Una versión ampliada del reportaje de Yvette Sierra Praeli fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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