Empresarios y municipios enfrentados por PL que regula clausura de locales comerciales: cuáles son los principales puntos de desencuentro

Luego del cierre del restaurante y la denuncia pública que realizaron los trabajadores, el alcalde de Ate, Franco Vidal, expuso en sus redes sociales que iba a tomar medidas legales. “La señora de apellido Picasso (Liliana Picasso, gerenta de la pollería) señala abiertamente que cometí abuso de autoridad, tendrá que probarlo en el Poder Judicial, anuncio defensa legal frente a tal difamación”, dijo.

Sin embargo, posteriormente accedió a la reapertura de la Granja Azul. “Me parece que hay una descoordinación, ya se ha programado la inspección en el local. La programación ya está para el día de hoy. Hoy día se apertura, claro que sí”, afirmó.

A raíz de ello, diversos gremios empresariales promueven la aprobación del Proyecto de Ley N°4952-2022. El congresista Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, presentó esta iniciativa legislativa que busca reducir las causales de cierres temporales de establecimientos comerciales que ejecutan los municipios.

El proyecto de ley plantea que no se pueda imponer clausuras temporales como medidas de sanción. Propone, además, que la clausura temporal de un local comercial proceda solo cuando exista un peligro inminente para la vida, la salud o la propiedad de las personas, originado por el incumplimiento de las normas de seguridad en el establecimiento, y que no puedan ser subsanados en el acto de inspección.

Por lo tanto, no se aplicarían clausuras temporales por faltas administrativas, tal como ocurre actualmente. También establece que no procedería una clausura temporal por el vencimiento de la licencia de funcionamiento o si esta se encuentra en trámite. En este caso, solo aplicaría una multa al establecimiento.

El predictamen del proyecto fue aprobado el lunes 19 en la Comisión de Descentralización del Congreso, por lo que queda pendiente su debate y aprobación en el Pleno del Legislativo.

José Luis Silva Martinot, representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, declaró a El Comercio que el proyecto de ley evitará que los municipios determinen multas y clausuras “abusivas, que desvirtúan el sentido de las normas”.

“El proyecto no quita a las municipalidades su derecho a fiscalizar, pero busca que actúen responsablemente. Los argumentos para cerrar los restaurantes son infinitos y distintos en cada una de las más de 1.600 municipalidades en el país, porque se hacen según su criterio”, afirma Silva Martinot.

“El motivo principal con el que los fiscalizadores justifican las sanciones es que los restaurantes ‘ponen riesgo a la salud de las personas’. Pero utilizan cualquier excusa. Por ejemplo, la Granja Azul recibió una sanción porque una oficina de 4x4 [metros de ancho y de largo] le faltaba un letrero de ‘SALIDA’ en su única puerta”, agrega el también ex ministro de Comercio Exterior y Turismo.

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Cabe mencionar que la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú ejerce la vocería de 7 gremios y asociaciones vinculadas a los restaurantes.

La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de otros gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), la Asociación de Bodegueros del Perú, la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, la Asociación Empresarial Gamarra Perú y la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería.

Silva Martinot indica que los grandes y medianos empresarios que poseen restaurantes en más de un distrito no saben con certeza los criterios que puede aplicar cada municipio para sancionar y clausurar sus locales.

Asimismo, el representante de los gremios de restaurantes afirmó que los micro y pequeños empresarios, quienes dependen de las ventas de cada día para sostener sus negocios, son los más afectados por las multas y cierres temporales que colocan las municipalidades.

“Ante el desconcierto, los comerciantes entran en pánico y caen en las prácticas excesivas de los fiscalizadores. Para muchas municipalidades, colocar multas o cobrar coimas para retirarlas se ha convertido en una forma de obtener más dinero. Esta preocupación la comparten los gremios de otros rubros, como ferreterías, bodegas y boticas”, sostiene.

Silva Martinot invita a los congresistas a aprobar con prontitud el dictamen.

El proyecto de ley que pretende regular el cierre de locales comerciales ha generado el rechazo de algunos municipios.

El 6 de setiembre, los alcaldes de Miraflores, San Isidro, Surco, Barranco, Breña, San Borja y Cusco se reunieron con el presidente de la Comisión de Descentralización, el congresista Alejandro Cavero, para expresar su oposición a la iniciativa legislativa.

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Carlos Canales, alcalde de Miraflores, señaló a El Comercio que la aprobación de la norma recortaría las facultades fiscalizadoras de los municipios. También, sostiene que se trata de una “ley mordaza” para los vecinos, porque impediría que las comunas actúen contra los negocios que infrinjan normas o atenten contra el bienestar de los residentes.

“Miraflores es el distrito más turístico y tiene la mejor oferta de restaurantes del país. Sin embargo, para la elaboración de este proyecto de ley en el Congreso, no se consultó la posición de las municipalidades. Tampoco solicitaron nuestra posición en junio, cuando la Comisión de Constitución discutió y aprobó la norma”, alega Canales.

El burgomaestre manifestó que 34 restaurantes de su distrito han sido multados y clausurados temporalmente durante su gestión por no cumplir con “buenas prácticas sanitarias, una correcta conservación y manipulación de los alimentos o por no contar con el certificado de Defensa Civil”. El alcalde refirió que los fiscalizadores de su distrito realizan inspecciones permanentes para garantizar que los ciudadanos y vecinos reciben un servicio de calidad.

“Las clausura correctivas duran uno o dos días, porque se suspenden cuando se ha subsanado la observación. Las faltas leves no se sancionan con una clausura”, detalla Canales. “No sancionamos a la primera. Al encontrar una falta, se notifica al propietario de negocio. Si no ha subsanado la observación, nos comunica con él otra vez para exhortarle a que cumpla las normas. La multa y clausura son el último paso”, añade.

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Canales indicó que los locales de entretenimiento nocturno son los principales infractores de las normas municipales, principalmente debido a que el ruido de los eventos que organizan excede el límite de 60 decibeles.

“En ocho meses de gestión, hemos recibido 13 mil quejas de los vecinos. 6 mil de estos reclamos se deben a contaminación auditiva de discotecas, bares y pubs”, refiere.

Por su parte, Nancy Vizurraga, alcaldesa de San Isidro, también se mostró en contra del proyecto de ley, porque considera que vulnera las competencias y la función fiscalizadora de las municipalidades.

“La inversión económica y el desarrollo empresarial deben apoyarse, pero siempre y cuando vayan de la mano con el cumplimiento de las normas. No puede ampararse en una ley que se tome como una carta blanca ajena a la fiscalización. Las municipalidades estarían atadas de manos para actuar ante faltas evidentes”, sostiene la burgomaestre.

Vizurraga lamentó que esta norma haya sido elaborada sin la participación de los alcaldes para que emitan su opinión al respecto. La alcaldesa pide que los congresistas no voten a favor de la aprobación de la ley. En esa línea, propone que se componga una mesa de trabajo multisectorial para analizar y debatir el proyecto de ley.

El Comercio entrevistó a Johnny Zas Friz, abogado experto en temas municipales, para recoger su opinión sobre el proyecto de ley.

El jurista considera que la norma afecta la facultad de fiscalización de las municipalidades al proponer la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades para prohibir las clausuras temporales como medidas de sanción.

Por otra parte, Zas Friz opina que la iniciativa legislativa recoge elementos que sí garantizan el control y equilibrio de la función fiscalizadora de las municipalidades para evitar decisiones arbitrarias.

El abogado resalta la propuesta de que toda clausura temporal deba ser registrada a través de video o fotografía, y que el levantamiento de una clausura temporal se realice dentro de las 48 horas siguientes a la fecha en la que el infractor acredite formalmente haber subsanado las observaciones.

Natale Amprimo, experto en derecho municipal y constitucional, rescata que el proyecto de ley “proponga una racionalidad” para frenar las sanciones arbitrarias y que la clausura de un establecimiento sea la última opción.

Sin embargo, sugiere que el proyecto de ley debería limitarse a regular la licencia de funcionamiento que otorga las municipalidades a los locales comerciales.