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Pese a que el suspendido alcalde Roberto Torres Gonzales admitió ante su abogado ser culpable de los delitos de malversación de fondos, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en agravio del Estado y de la comuna chiclayana, su confesión no le permitiría acceder a una reducción de la pena que le impondría la justicia.
Así lo reveló Juan Carrasco Millones, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, quien integra el equipo de 33 fiscales a cargo del caso. Según explicó, la evidencia contra Torres es tan numerosa y contundente que, solo si se comprometiera a revelar detalles desconocidos, se programaría una audiencia para interrogarlo.
“En este punto de la investigación no es necesario interrogarlo”, dijo a El Comercio.
En declaraciones a la emisora RPP, César Nakazaki, abogado de Torres, explicó que su patrocinado admitió su responsabilidad como parte de una estrategia para acelerar el proceso en su contra.
“Solo puedo asumir su defensa si [Torres] asume su responsabilidad”, le habría dicho el letrado.
Sin embargo, de acuerdo con el fiscal Carrasco, Torres no alcanzaría ningún beneficio, pues es investigado como cabecilla de una organización delictiva.
“El cabecilla no tiene beneficios”, aseveró.
De acuerdo con el Código Penal, Torres afrontaría entre 15 y 20 años de prisión por los ilícitos que se le imputan.
TERMINACIÓN ANTICIPADA
Consultado por este Diario, el especialista en derecho penal Luis Lamas Puccio explicó que si bien la confesión sincera sirve para reducir hasta un quinto de la pena por algún delito, en el caso de Torres este recurso sería inviable.
“Como dice el fiscal, hay muchos indicios. ¿Qué de nuevo le queda por confesar? Si lo que busca es aminorar su sentencia, podría acogerse a la terminación anticipada”, dijo Lamas.
La terminación anticipada implica un proceso más corto, en el que el denunciado admite todos los cargos y se somete a la sanción de rigor. Al prescindir de diligencias adicionales, la sala podría reducirle en 25% la condena.
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