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La frontera entre el Perú y Bolivia es tierra de muchos, menos de la autoridad. El ingreso ilegal de artefactos, combustible, cigarrillos y alimentos es incontrolable a tal punto que el contrabando hoy por hoy mueve buena parte de la economía de Puno. Y además –lo más grave– estaría sirviendo para mantener en la sombra el dinero generado por las mafias del narcotráfico.
Cinco familias estarían detrás del envío y traslado de mercancía ilegal a gran escala. Sus identidades se mantienen en reserva mientras Aduanas y la policía atan cabos. Lo cierto es que sobre ellas existen sospechas de que el contrabando solo les serviría como fachada: otro es su gran negocio.
El intendente de Aduanas Puno, Iván Flores, afirma que hay razones para investigar el delito de lavado de activos. Muchos productos traficados desde Bolivia están liberados de aranceles y los trámites de importación son gratuitos. “No es costoso ni difícil importar legalmente”, acota. Por ello, el verdadero objetivo de burlar los controles aduaneros –sospecha– es no figurar en los registros tributarios.
Hay otra razón: la producción de droga se ha desplazado desde el Vraem hasta la provincia de Sandia, en Puno, en donde las condiciones para sembrar coca son ideales. El clima, la tierra y el abandono por parte de las autoridades afianzan las condiciones para el descontrol.
CIFRAS QUE LEVANTAN SOSPECHAS
La hipótesis de Aduanas y la policía cobra más fuerza con un reciente informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Después del tráfico de drogas, la minería ilegal y la corrupción, el contrabando es el delito más vinculado al lavado de dinero. Entre el 2007 y abril del 2015, se detectaron operaciones financieras sospechosas por US$11.935 millones. De ese monto, US$301 millones están ligados al contrabando.
Una investigación hecha el año pasado por el ex presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Puno Víctor Madariaga revela que el 50% de los productos que ingresan ilegalmente al Perú pasan por las fronteras norte y sur de esta región. Una parte se comercializa en la provincia de Juliaca y el resto sigue su ruta hacia Madre de Dios, Cusco, Arequipa y Lima.
TRÁFICO INCONTENIBLE
Aun cuando la situación es conocida por las autoridades fronterizas, Tilali y Desaguadero, las localidades puneñas de paso obligatorio para el contrabando, siguen siendo portones abiertos las 24 horas. Los puestos de control aduanero no se dan abasto y las llamadas ‘culebras’ –entre 40 y 70 camiones que todas las semanas transportan productos de contrabando en convoyes con seguridad privada– siguen transitando sin problemas.
El fiscal provincial corporativo de delitos aduaneros de Puno, Óscar Arcos, confirmó que desde el 2014 a la fecha, las autoridades solo han intervenido 10 camiones de todos los que ingresan semanalmente. Reconoce que es poco y que se deben ampliar los controles.
Arcos y Madariaga coinciden en que el contrabando es un problema social, porque de esta actividad ilícita en pequeña escala dependen directamente unas 180 mil familias puneñas.
La violencia y la corrupción es también fruto de este negocio. Hay cuatro aduaneros investigados por aliarse con las mafias y un policía quedó en coma cuando participaba en una de las escasas intervenciones en la frontera, donde los clanes siguen operando impunemente.
