El presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero, tiene once demandas vigentes por presuntos actos de corrupción. Pero con las que existen contra su personal, su gestión suma un total de 117 que sobreviven a nivel fiscal, aunque solo cuatro han sido judicializadas.
Una de ellas fue hecha en Lima ante el Ministerio Público por la Procuraduría de Lavado de Activos. Velásquez -quien llegó al poder el 2007-, algunos familiares y personas de su entorno están en la mira por haber adquirido bienes presuntamente con dinero ilícito y efectuado aportes para la constitución de empresas que no tendrían justificación en las actividades que estas realizan, explicó a “Cuarto Poder” la procuradora Julia Príncipe.
Un aspecto llamativo es que, aunque la autoridad tiene solo una cuenta bancaria, su esposa, madre y varios hermanos compraron desde el 2007 -cuando llegó al poder- bienes privados por medio millón de dólares. Además, su cónyuge ha adquirido 16 propiedades.
Otra de las denuncias contra el presidente regional, que curiosamente despacha desde el hotel de un amigo, tiene que ver con una obra de agua y desagüe en el distrito de Yarinacocha, la cual fue licitada por 29 millones de soles. La Sunat encontró que en los talonarios de las chequeras de la compañía había registros de pagos al gobierno regional por más de un millón de soles, ello luego del concurso público. Algunos de los rótulos señalan “apoyo al gobierno regional de Ucayali” o “apoyo a campaña del gobierno regional”.
Otro de los cuestionamientos por la venta de miles de hectáreas de un ex instituto a menos de un sol, pero la empresa que los compró los hipotecó meses después por un precio 10 veces mayor.
En declaraciones al referido dominical, Velásquez -quien no tiene sentencias por corrupción a la fecha- manifestó que no se presentará a una nueva reelección. Él es así otro de los presidentes regionales investigados por presuntos actos delictivos.
