El clan Ramírez lavó bienes por más de S/1.000 millones, según la fiscalía

La última semana comenzó con un megaoperativo de fiscales y policías de lavado de activos que aún no termina. Se trata de la incautación de cerca de 300 bienes muebles e inmuebles relacionados a la Universidad Alas Peruanas (UAP) y al denominado clan Ramírez, que tuvo como patriarca al fallecido Fidel Ramírez Prado, quien fue rector del centro de estudios.

La diligencia, cuyo plazo de ejecución acaba en una semana, es parte de la investigación por el delito de lavado de activos –a cargo del fiscal Wilson Salazar Roque– que se sigue a familiares del exrector de Alas Peruanas, entre ellos Joaquín Ramírez Gamarra, actual alcalde de Cajamarca, excongresista (2011-2016) y ex secretario general de Fuerza Popular.

Como parte del requerimiento de incautación, la fiscalía hizo un estimado de los bienes muebles e inmuebles que el clan habría lavado en los últimos lustros a través de personas naturales y jurídicas.

De acuerdo con el documento de la valorización, que El Comercio revisó, el monto lavado asciende a US$350 millones que, al cambio en soles, sería de más de S/1.000 millones.

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Una fuente fiscal con conocimiento del caso indicó que la cifra sería más elevada, ya que muchos bienes están registrados con un valor menor que el del mercado.

Hace unos días, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que, “después del Caso Orellana [en el que el principal investigado es Rodolfo Orellana], este caso [del clan Ramírez], en el tema de lavado de activos, es el más grande en el Perú”. Sin embargo, fuentes del Ministerio Púbico señalaron que el caso del clan Ramírez supera al dinero lavado por la red Orellana.

Además de Joaquín Ramírez, en la investigación fiscal están comprendidos Nancy Gallegos Vela de Ramírez (viuda de Fidel Ramírez); sus hijas Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos y Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos; y sus yernos Yohny Ramírez Núñez y Marco Antonio Cabrera Urteaga. También Osías Ramírez Gamarra, excongresista de Fuerza Popular y hermano de Joaquín Ramírez. A ellos se les imputa pertenecer a una presunta organización criminal. Fidel Ramírez falleció en el 2019.

Joaquín Ramírez, quien en su declaración a la fiscalía dijo que uno de sus oficios entre 1987 y 1994 fue cobrador de combi, es investigado por los delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas por el caso.

La resolución judicial de allanamiento indica que, si bien Ramírez no ocupó cargo alguno en la Universidad Alas Peruanas, “sí tuvo un aporte esencial como ‘extraneus’ en los actos fraudulentos cometidos por los demás miembros de la organización criminal que ejercían un cargo” en la casa de estudios.

La fiscalía detalla hasta seis actos de fraude suyos que están ligados a Alas Peruanas: supuestos préstamos de la universidad a favor de Ramírez que a la fecha no han sido cancelados; supuesta prestación de servicios de empresas del excongresista al centro de estudios; la venta de un inmueble sobrevalorado por una de sus compañías; y la venta de bienes subvaluados de la universidad a él.

Asimismo, la fiscalía halló contratos de arrendamiento entre la UAP y las empresas del exdirigente de Fuerza Popular que tenían “una renta excesiva y perjudicial a los intereses de esa casa de estudios”, así como relaciones comerciales irregulares entre sus firmas y la universidad.

Para la fiscalía, varias empresas de Ramírez fueron creadas solo para dar servicios a la universidad que manejaba su tío Fidel.

Una sería Capricornio Import, creada por Joaquín Ramírez en diciembre de 1999, cuando tenía 29 años. Fue un año después de que su tío asumiera las funciones de gerente y rector de Alas Peruanas. El capital inicial de la firma fue de S/2.000.

La compañía comenzó haciendo importaciones desde Estados Unidos, principalmente para la universidad, según la declaración de Joaquín Ramírez a la fiscalía.

De acuerdo con los estimados de los peritos que han participado en la investigación fiscal, entre el 2002 y el 2010 Capricornio generó ganancias por más de S/22 millones mediante contratos de servicios. Para la fiscalía, estos contratos son fraudulentos.

Además, 12 inmuebles que la compañía adquirió entre el 2006 y el 2015, por un valor superior a S/1′580.000, son locales comerciales, viviendas y departamentos que han tenido un uso distinto al giro comercial de la empresa: la importación de vehículos y computadoras.

Una figura similar se da con Lima Ingeniería y Construcción, creada en el 2003 para construir y ampliar obras civiles, pero que se dedicó principalmente a alquilar inmuebles a la UAP, con rentas que eran consideradas “excesivas” para el precio de mercado del momento. Según la fiscalía, estas solo generaban ganancias ilícitas que luego servían para las operaciones de lavado entre Joaquín y Fidel Ramírez.

En el 2019, la fiscalía confirmó que Alas Peruanas realizó préstamos sin retorno a cinco empresas de Joaquín Ramírez.

El 21 de febrero del 2019, Magaly del Rosario Ramos Calle, jefa de la contabilidad de las empresas, declaró que los préstamos de la UAP a las empresas de Ramírez, por S/8′295.630 en total, nunca fueron devueltos.

Magaly Ramos, como testigo del caso, manifestó que esos préstamos llegaron entre el 2014 y el 2015 –cuando Joaquín Ramírez era congresista y dirigente de FP– a las cuentas de Constructora Inmobiliaria Habitaria S.A.C. (S/4′295.630), Integral Technologies (S/1′000.000), Lima Ingeniería y Construcción (S/1′000.000), Capricornio Import (S/1′000.000) y Ofisoft.com (S/1′000.000).

En ningún caso, y a pesar del monto millonario, se establecieron formas legales para garantizar la deuda. Tampoco se emplearon cheques de gerencias ni se indicó en qué lugar se harían los pagos ni las cuentas por usar para los reembolsos.

En el 2016, se reveló que dos años antes, cuando la fiscalía comenzó a investigarlo, Ramírez denunció la desaparición de documentos contables de 10 empresas suyas.

Este Diario intentó comunicarse con Ramírez, pero no logró localizarlo ni a él ni a su abogado. El martes pasado, cuando se inició el megaoperativo, declaró a la prensa: “Para mí, a nivel personal, es una decisión un tanto abusiva. No he leído la orden judicial [en ese momento], pero estamos tranquilos porque seguimos trabajando, hay que seguir adelante. Quien no la debe, no la teme. Tenemos un recorrido empresarial extraordinario [e] intachable”. Agregó que apelará la decisión y que “en la siguiente instancia [se] va a resolver de la manera que corresponde”.

A mitad de semana, Alas Peruanas indicó en un comunicado que desde el 2020 hay una nueva gestión en la universidad, en la que la familia Ramírez no tiene injerencia.

“La familia Ramírez se apropió ilegalmente de un porcentaje de acciones cuando tenía el control de la gestión de la UAP. Sin embargo, estas acciones han retornado a su accionista originario, Coopalaspe”.

El año pasado, la Sunedu denegó por segunda vez el licenciamiento institucional solicitado por Alas Peruanas.

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