"Hay un intento del gobierno de copiar el estilo montesinista"
"Hay un intento del gobierno de copiar el estilo montesinista"
Mariella Balbi

¿Se ha desactivado la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) o no? Sabemos que salieron 30 personas, pero su director, el coronel EP (r) Javier Briceño, dijo que aún no recibe una orden.
La decisión política es cerrarla. Eso implica cancelar todas las actividades de inteligencia.

Pero se requiere de una disposición legal.
Ha sido una decisión apresurada, pero por supuesto que se requiere una disposición legal. Hasta donde sé, las actividades de la DINI están paralizadas, no está trabajando el plan anual de inteligencia. Es una decisión errada. En el mundo, los estados no pueden prescindir de un órgano de inteligencia. La DINI analiza la información para que el Estado ponga a buen recaudo la gobernabilidad, el sistema democrático, tomar medidas contra las posibles amenazas.

Se habló de una comisión de notables que no se crea.
No los conocemos, tampoco los criterios de selección. Es que todo se hace de manera interna y cerrada. En virtud de qué han salido esas 30 personas, no sabemos. Es irregular. No hay un vocero que indique cuáles son las acciones que toman, no hay una disposición legal para el cierre. Además, no es serio ni respetable que quien desactive la DINI sea un compañero de la promoción del Ejército del presidente. No conocemos a los notables. La Comisión de Inteligencia del Congreso debe liderar una comisión seria, profesional, transparente que investigue todo lo que se ha venido diciendo de la DINI. Así los ciudadanos sabremos qué ocurrió. El congresista Carlos Tubino puede conducirla satisfactoriamente.

¿Qué investigaría?
Los reglajes y seguimientos a opositores y disidentes del gobierno. Tubino o quien presida esta comisión debe llamar a los responsables de la oficina de búsqueda de información: cuántos equipos tiene, qué planes ha desarrollado, cuánto dinero dispuso, en qué casos, qué equipos posee. Solo así podremos saber qué pasó con la decisión del gobierno de filmar, seguir, espiar...

Dicen que ocurre en todos los gobiernos.
Cuando hay un empleo profesional de los órganos del Estado, no suceden esas cosas. Cuando fui director de la policía y ministro del Interior, coordinamos con la DINI muchos casos, entre ellos la operación Eclipse que permitió capturar a 139 personas, desde narcotraficantes, gente comprometida en tala ilegal, empresarios corruptos y testaferros del entorno del senderista ‘Artemio’. La DINI apoyó muchísimo pero todo fue con fiscales, como indica la ley. Mire lo ocurrido en Pichanaki: Inteligencia no intervino y no alertó sobre un caso de conflicto social activo desde agosto pasado y liderado por un etnocacerista que estuvo preso por el ‘andahuaylazo’. Ese movimiento tuvo una relación directa con el nacionalismo en un momento.

¿Continúa la relación?
Creo que sí. El etnocacerismo tiene presencia sostenida en algunos lugares del interior del país. Participan en los eventos públicos a donde asiste el presidente Humala, que hoy tiene una actividad intensa en provincias. Luego de Pichanaki, el presidente debe deslindar sobre la relación de su partido con el etnocacerismo. Este grupo coordina con otros grupos radicales, Pichanaki es una muestra. La DINI no está dirigida de manera profesional y distrae dinero y recursos a actividades de espionaje político. Lo confirma el testimonio ante el Congreso de un miembro de la DINI: Dijo que le ordenaron buscar en Registros Públicos información personal de congresistas. Es decir, la DINI se dedica a acopiar información de congresistas para utilizarla de acuerdo con la conveniencia política. La salida de 30 efectivos de la DINI es otro indicio. Cerrarla implica un mea culpa o reconocimiento de que no ha funcionado dentro del marco de la ley.

Este gobierno modificó la ley de Inteligencia.
Claro, en abril del 2013. Esa ley indica que la DINI dirige y coordina las acciones de inteligencia, la anterior establecía que solo coordinaba. Y dirigir es mandar. El cambio tenía un propósito y ahora tenemos los resultados. Se organizó una estructura de inteligencia ad hoc, dándole ingentes recursos económicos bajo el título de gastos reservados. Sin embargo, la ley ordena que dos veces al año la DINI debe dar cuenta de manera pormenorizada de esos gastos a la PCM. No se actuó así. Y reservado no es oculto, que no digan el nombre de la fuente, que le pongan un alias, pero debemos saber cuánto gastó, qué caso resolvió, si se judicializó, si valió la pena esa inversión... La DINI depende de la PCM pero el presidente es quien designa a sus miembros y su jefe despacha con el presidente. Este debe ser un profesional, no su compañero de promoción.

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