¿Por qué la ONPE y el JNE necesitan los informes de la UIF?

Uno de los puntos del pedido de facultades del Ejecutivo que ha generado mayor rechazo en el Congreso es el referido a fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), principalmente para que este órgano adscrito a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) pueda compartir sus informes con órganos electorales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El primero, encargado de supervisar el finaciamiento de los partidos políticos, y el segundo responsable de inscribir a las agrupaciones políticas y candidatos que participan en los procesos electorales.

Entre los argumentos de los legisladores que se oponen a dar estas atribuciones a la UIF, sobre todo de la bancada de Fuerza Popular, es que esta atribución sería inconstitucional y podría utilizarse como instrumento de persecución política. 

Mañana miércoles la Comisión de Constitución del Congreso deberá pronunciarse sobre si otorgan o no facultades en esta y otras materias.

En la práctica el Ejecutivo solicita que la UIF pueda levantar el secreto bancario y tributario, previa autorización judicial, en base a los reportes de operación sospechosa que le envían bancos y notarías, entre otros. Con esta información se elabora un informe que luego se remite al Ministerio Público para que pueda iniciar procesos por lavado de activo proveniente de delitos como tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, corrupción, entre otros .

¿Cómo llegaría esta información a la ONPE? Según explicó a este Diario el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, la UIF podrá solicitar el levantamiento de las cuentas de candidatos y/o aportantes siempre y cuando existan indicios de procedencia ilícita de fondo partidarios, y siempre con autorización del juez.  

¿Persecución política?
Para el ex jefe de la ONPE Fernando Tuesta una persecución política solo tiene cabida "con organismos electorales capturados en los que se desconfía y ese no es el caso en este siglo". El analista mencionó que no hay evidencia de que estos órganos "estén al servicio de una candidatura, de un gobierno, o utilizado mecanismos vedados y subalternos contra una candidatura". Agregó que solo hay temores genéricos infundados.

Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, enfatiza que es importante que los organismos electorales obtengan información de la UIF sobre todo en periodos electorales que es "cuando los gastos de los partidos políticos se incrementan y ya tenemos preocupaciones reales sobre la posible penetración de dinero ilícito a las campañas". Al respecto recordó que en el Parlamento anterior se formó una comisión que investigó los vínculos entre los partidos y el narcotráfico, presidida por la ex legisladora Rosa Mavila.

También mencionó que actualmente ya el Poder Judicial, la Sunat, la Contraloría y el Ministerio Público brindan información a la ONPE, a lo que se sumarían los informes de la UIF.

Tuesta recordó que en su gestión se creó la gerencia de supervisión de fondos partidarios con el propósito de observar y supervisar, no solo el gasto sino el origen de los ingresos, "y una de las grandes limitaciones que tiene la ONPE es hacer el seguimiento y rastrear el origen de esos fondos porque el dinero ilícito no aparece de manera directa, y requiere de ese seguimiento y la información de la UIF podría ser de gran utilidad".

El analista dijo que si no se otorgan estas atribuciones la ONPE tendría limitaciones en conocer el origen del dinero en campaña, porque en muchos casos hay incompatibilidad en los informes que entregan los partidos con la realidad. "No podemos saber si eso corresponde a una mala administración del dinero [...] no podemos saber mucho de esto porque se carece de estos instrumentos". 

Elecciones ad portas
Tanto Távara como Tuesta subrayaron que estas herramientas para la UIF y los órganos electorales son primordiales teniendo en cuenta que en el 2018 se celebrarán elecciones regionales y municipales en el país.

Távara dijo que si en una elección parlamentaria compiten 2.500 candidatos, en una elección regional municipal son más de 100 mil los candidatos que participan. Por esa razón resulta más complejo para la ONPE supervisar el financiamiento de las campañas. "Por eso necesitamos que esto pueda ser resuelto antes y se pueda aplicar el 2018 [...] para limpiar la campaña de dinero de procedencia ilegal", aseveró. 

Tuesta coincidió en que si hay un ámbito en donde el dinero mal habido ingresa con mayor facilidad es en elecciones municipales y regionales porque no estamos hablando de partidos nacionales sino de movimientos locales y regionales "en un número muy alto y altamente vulnerable ante el dinero mal habido". 

Puso como ejemplo el Vraem y Madre de Dios, jurisdicciones afectadas por el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal. "[En el Vraem] para cualquier lista local que busca financiamiento el narcotráfico triplicarían sin problema lo que piden", refirió. 

Añadió que en su lectura el argumento de una presunta vulneración a la Constitución se despeja cuando el Ejecutivo plantea que el levantamiento secreto y tributario se hará solo con autorización judicial.

¿Qué dicen el JNE y la ONPE?
En la víspera el presidente del JNE, Francisco Távara, se pronunció a favor de darle a la UIF "todo el apoyo que permita la Constitución y la ley".

Señaló que las atribuciones para fortalecerla no podría prestarse a un ejercicio abusivo de esa información por parte del JNE. "Creo que sería útil esa información, manejada responsablemente, alertar por ejemplo al Ministerio Público, cuando se habla del control del financiamiento de los partidos y las campañas, siempre la posición del JNE ha sido uniforme". 

Dijo que esa es la misión: evitar la filtración de dinero sucio a la política y esa información derivarla al Ministerio Público.

Fuentes de la ONPE señalaron a este Diario que en lo que respecta a esta institución, de aprobarse la iniciativa, la información que pueda compartir la UIF con la ONPE será de utilidad para los fines de verificación y control de fondos partidarios que realiza en el marco de sus competencias y al principio de transparencia.

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