Conflicto insostenible: hasta 3 disoluciones del Congreso y 9 pedidos de vacancia en los últimos 22 años

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El propio Fujimori fue el primer presidente en ser vacado en este tramo, pero también hubo mociones en contra de Alan García (fallida), Pedro Pablo Kuczynski (no concretada) y Martín Vizcarra (ejecutada).

Poderes en juego

En la decisión inesperada que lo terminó defenestrando del poder, Castillo Terrones aludía por Mensaje a la Nación que el cierre del Parlamento, la instauración de un gobierno de excepción y la convocatoria a una asamblea constituyente eran parte de un “reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país”. Con ello, también justificaba y anunciaba la ‘reorganización’ de todo el aparato judicial, incluida la Fiscalía de la Nación, que lo investiga por presunta corrupción.

Sin embargo, la realidad era distinta. Si bien el Parlamento que debatiría vacarlo tiene un 73% de desaprobación, de acuerdo con estudios de Ipsos publicados entre octubre y ganoviembre, la impopularidad de Castillo alcanzaba un 66%. Además, la destitución del presidente era apoyada por un 42% de encuestados, mientras que un 16% dijo que podría inclinarse también por respaldar la vacancia. En tanto, un 44% mantenía la exigencia de nuevas elecciones generales.

En diálogo con El Comercio, el politólogo Paolo Sosa sostuvo que Castillo pretendió instrumentalizar el rechazo ciudadano hacia la institución del Parlamento para justificar un autogolpe sin otra previsión más que detener los procesos en su contra. Esto, en medio de las recientes revelaciones de colaboradores eficaces sobre acciones ilícitas desde Palacio de Gobierno.

“Pareciera que se trató de aprovechar que hay un sector de la población que no confía en el Congreso y que esa sea la excusa, más bien, para intervenir las otras instituciones que sí podían perjudicar a Castillo con mayor repercusión. La inconstitucionalidad de esa pretensión no solo pasó por cerrar el Congreso sin aplicar la legalidad, sino también porque la estrategia incluía poner en jaque al frente que le parecía más riesgoso, como la fiscalía o el Tribunal Constitucional”, estimó.

Para la politóloga María Claudia Augusto, los poderes Ejecutivo y Legislativo han ingresado a un peligroso círculo vicioso, en donde las amenazas de disolución o vacancia son las únicas cartas de mediación y el diálogo político se degrada progresivamente. Explica que este escenario se alimenta de una visión cortoplacista del poder.

“Se han perdido las reglas democráticas y se busca constantemente sacar al oponente del cargo, sea presidente o sea Congreso. Si bien Castillo dio razones por las cuales no debía seguir siendo mandatario, no se puede negar que hubo un juego de ida y vuelta por parte de ambos poderes desde el inicio. Eso no es reciente y lo hemos visto con frecuencia, por lo menos desde el 2016″, dijo Augusto a este Diario.

Consecuencias

Castillo es el presidente del Perú que más pedidos de vacancia acumuló en su período. También es el segundo en recibir más votos del Congreso para expulsarlo de Palacio. En noviembre del 2000, el Parlamento de entonces vacó a Alberto Fujimori con 62 respaldos, luego de que este presentara su renuncia desde Tokio. Para el 2020, ya con la valla mínima de 87 votos y el número de 130 congresistas, Martín Vizcarra fue destituido con 105. En el caso de Castillo, fueron 101 los votos a favor.

En las destituciones presidenciales fue aplicada la sucesión en el poder. En el caso de Fujimori y Vizcarra, ante la ausencia de vicepresidentes, el presidente del Congreso asumió el liderazgo del Ejecutivo, luego de un replanteo en la conformación de la Mesa Directiva. En cuanto a Castillo, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el puesto.

Las disoluciones del Congreso, por su parte, han tenido otro tipo de consecuencias para los ejecutores. En el 2007, la Corte Suprema condenó a miembros del gabinete ministerial de Fujimori por rebelión. En tanto, Castillo permanece detenido preliminarmente, acusado del mismo delito y del de conspiración. Sobre Vizcarra no se emprendió un proceso, pues además el Tribunal Constitucional validó en una sentencia la interpretación con la que el gobierno había justificado la medida.

La pólitóloga Kathy Zegarra indicó a El Comercio que los cierres del Parlamento, tanto legales como ilegales, ameritan recursos de legitimación para quienes los pretenden aplicar.

“La disolución de un Congreso, que en el caso de Castillo y de Fujimori se dio fuera del marco constitucional, requiere de medios específicos para tener éxito. Por un lado, apoyo ciudadano hacia el presidente y por otro, alianzas claves con instituciones como las Fuerzas Armadas. Comportamientos antidemocráticos no nos han faltado en el Perú, pero si Pedro Castillo hubiera tenido los recursos y escenarios útiles para una decisión como la tomada, era posible consumar el quiebre real de la democracia”, señaló.

En otro momento, la especialista María Claudia Augusto refirió que, aun con sus distancias, las tres disoluciones del Congreso de los últimos 20 años compartían un escenario común: el de un presidente sin bancada o con aliados mínimos en el hemiciclo. Con esta observación, manifestó que la composición política y las coaliciones juegan un rol central en la relación y el equilibrio entre poderes.

“Lamentablemente, la fragmentación se ha agudizado en cada elección y tampoco los propios partidos –especialmente, los que ganan la presidencia de la República– pueden mantener unidos a sus grupos parlamentarios. Esto, sumado a que tenemos políticos individualistas, con ambiciones de corto plazo e intereses particulares, contribuye a un panorama de confrontación y mecanismos extremos”, comentó la politóloga.

Para Paolo Sosa, la crisis política permanente, alimentada en los últimos años por inclinaciones continuas hacia la vacancia o la disolución, es difícil de revertir. Según refiere, si la sucesión constitucional en la presidencia tras una vacancia y el llamado a nuevas elecciones tras una disolución del Legislativo no han traído mayor remediación a las relaciones entre Ejecutivo y Congreso, el nuevo panorama no es esperanzador. “Lo vivido hace unos días [con el golpe de Estado de Castillo y su posterior destitución del poder] es solo un traspié de los muchos que hemos tenido en cinco o seis años. Creo que, próximamente, tendremos una continuación atenuada o, en algunos momentos, extremada”.

El también politólogo Omar Awapara coincide en esta idea: “No creo que vayamos a salir pronto de esta dinámica en la que estamos atrapados desde el 2016. No creo que la tensión se haya cerrado con el golpe fallido de Pedro Castillo. La única manera por la que se me ocurre una oportunidad de superación de la crisis es con una nueva elección y un espacio con nuevos actores y líderes, bajo un compromiso de no incurrir en el abuso de estas herramientas. Si bien la disolución del Congreso o la vacancia presidencial son herramientas que la Constitución reconoce, deben hacerse en los marcos establecidos, no están para ser manipuladas diariamente”.