El pleno del Congreso tiene en agenda un proyecto que amenaza la lucha conta la corrupción y el crimen organizado.
El pleno del Congreso tiene en agenda un proyecto que amenaza la lucha conta la corrupción y el crimen organizado.
Thalía Cadenas

El pleno del postergó para el miércoles 8 de noviembre el informe que recomienda remover a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia () por supuesta causa grave.

Si la iniciativa logra obtener 87 votos, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello serían reemplazados por sus accesitarios. No obstante, dos de los suplentes tienen 75 y 78 años.

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De acuerdo con las principales conclusiones del documento aprobado a mediados de octubre por la Comisión de Justicia, presidida por Janet Rivas (Perú Libre), los magistrados incumplieron el artículo 156 de la Constitución. Este señala que para ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75.

Se trata del caso de Inés Tello, quien es cuestionada por superar el límite de 75 años para integrar la junta. El documento final también señaló que la JNJ incurrió en causa grave por presuntamente incumplir con presentar un informe anual al pleno del Congreso. Según este, la JNJ lo entregó “de manera no oportuna”.

Un informe previo había desestimado todas las imputaciones que hizo la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) contra los magistrados. Sin embargo, la mayoría de congresistas que integran lacomisión cuestionaron ese documento y fue modificado en menos de 24 horas.

A pocas horas de que el caso sea evaluado por el pleno, las bancadas no tienen una posición clara. Fuentes de Fuerza Popular, indicaron que aún no habían fijado postura y que primero iban “a escuchar el informe de la Comisión de Justicia”. Añadieron que lo que sí “tienen claro” es que “cada una” de las imputaciones “deben ser vistas de manera independiente”.

“Cada caso tiene una responsabilidad distinta[...] [La decisión] va a depender mucho de cómo plantean su defensa”, acotaron.

Una postura similar tuvo Guido Bellido (Perú Bicentenario). El parlamentario consideró “que hay varios puntos que deben ser evaluados”. A su juicio, la “falta más grave” de los miembros de la JNJ es “no haber rendido cuentas”.

De otro lado, José Cueto (Renovación Popular) indicó que su bloque sí respalda el informe de la Comisión de Justicia. Afirmó que si se remueve a los miembros, “deben entrar sus suplente”. A su juicio, Tello “debe irse sí o sí” de la JNJ

Óscar Zea, del Bloque Magisterial, adelantó que también votará a favor; sin embargo, señaló que su bancada aún no dialoga al respecto.

En tanto, la congresista Flor Pablo (No agrupados) escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que esta elección “marcará un antes y un después en nuestro país” y que podría marcar un “claro autoritarismo parlamentario”.

“Este jueves 2 de noviembre marcará un antes y un después en nuestro país, al debatirse el informe que recomienda destituir a todos los miembros de la : Mantenemos lo poco que nos queda de democracia o pasamos a un claro autoritarismo parlamentario. No nos dejemos avasallar por las arbitrariedades de la mayoría del Congreso. Levantemos la voz en las calles y de manera pacífica defendamos nuestra democracia que tanto nos ha costado”, publicó.

Días atrás, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que su bancada no apoyará la remoción de los miembros de JNJ alegando que su partido apoya la gobernabilidad.

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Escenarios

Los abogados constitucionalistas Erick Urbina y Bruno Fernández explicaron que mañana podrían presentarse dos escenarios: una posible remoción de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes serían reemplazados por sus suplentes, y la salida de Inés Tello, cuyo puesto sería asumido por el accesitario con mayor puntaje en el concurso del 2019.

Como se recuerda, los siete actuales magistrados llegaron a la JNJ por alcanzar los primeros puestos en un concurso público dirigido por una comisión especial en dicho año. En ese concurso también se seleccionaron a sus suplentes. En enero del 2020, los siete flamantes integrantes de la JNJ juraron en el cargo por un periodo de cinco años.

Los suplentes serán convocados por orden de mérito si el Poder Legislativo decide destituir a todos los magistrados o a algunos de ellos. Se trata de los abogados Abraham Siles Vallejos (62), Mónica Rosell Medina (72), Marco Tulio Falconi Picardo (65), Jaime de la Puente Parodi (56), María del Pilar Tello Leiva (78), Jorge Calderón Castillo (75) y Jacinto Rodríguez Mendoza (72).

El constitucionalista Bruno Fernández indicó que si se remueve a los integrantes, “ingresan los suplentes de inmediato”, y, si solo se remueve a Tello, entra el suplente con mayor puntaje.

No obstante, estimó que, en el primer caso, “como hay dos accesitarios que sobrepasan la edad, se tendría que hacer un nuevo concurso”

A su turno, Erick Urbina subrayó que el informe requiere los 2/3 del número legal de congresistas u 87 votos para prosperar. “En caso de que el Congreso decida destituir, asumen sus accesitarios y ellos culminan el mandato. Posteriormente, tendrá que conformarse una comisión para elegir a los nuevos miembros de la JNJ”, agregó.

Suplentes por orden de méritoPuntaje
Abraham Siles Vallejos79.90
Mónica Rosell Medina79.00
Marco Tulio Falconi Picardo78.50
Jaime de la Puente Parodi78.45
María del Pilar Tello Leyva78.00
Jorge Calderón Castillo76.95
Jacinto Rodríguez Mendoza75.00

El Comercio dio a conocer que Siles, quien es el primer suplente en la nómina, protagonizó en el 2020 un incidente con el entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien presidía la comisión especial para la JNJ.

Aquella vez, Siles remarcó que no tuvo ninguna comunicación con César Hinostroza, como sí la tuvo Gutiérrez. En otro momento de la sesión, Siles negó tener vínculos con alguna ONG u agrupación política, aunque luego precisó que sí tuvo “un vínculo de trabajo” con el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Mientras que Mónica Rosell, la segunda en la lista, es vocales del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la contraloría.

Rosell asumió en octubre la presidencia de ese jurado, que constituye la última instancia administrativa en el procedimiento sancionador.

Le sigue el abogado Marco Tulio Falconí, quien en el 2021 fue designado jefe del gabinete de asesores del entonces ministro de Transportes, el hoy prófugo Juan Silva Villegas. No obstante, renunció a los pocos días.

Falconí también fue congresista de la República en el periodo 2011 - 2016 con Alianza Electoral Perú Posible. Además, buscó volver al Parlamento en las elecciones del 2021 con Podemos Perú, pero no tuvo éxito. Luego postuló al cargo de gobernador regional de Arequipa en las elecciones del 2022, pero tampoco fue elegido.

Asimismo, figura en el registro de llamadas del prófugo ex juez supremo César Hinostroza, investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Hay registro de 18 llamadas entre ambos.

Jaime de la Puente también es vocal del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la contraloría. En tanto, María del Pilar Tello es docente universitaria. Fue presidenta de Editora Perú entre el 2006 y el 2010 y postuló al Congreso en tres oportunidades sin éxito. Actualmente, tiene 78 años.

El abogado Jorge Calderón fue vocal supremo provisional de Sala Penal Permanente de la Corte Suprema entre el 2006 y el 2013.

Por último, Jacinto Rodríguez fue presidente de la Primera Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia hasta 2017.

Además…
  • Integrantes de la Junta Nacional de Justicia presentaron una demanda ante el Poder Judicial contra el proceso que inició el Congreso de la República que podría removerlos de sus puestos por supuestas causas graves.
  • Dicha demanda fue admitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que determinó que el recurso cumplió con todas las formalidades requeridas por ley, por lo que procede admitirla y notificar a las martes para la audiencia que se llevará a cabo el 24 de noviembre.
  • La acción de amparo presentada por Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ, y el resto de integrantes de esta institución cuestiona al Poder Legislativo por considerarla un “manifesto agravio a la independencia funcional y al debido proceso”.