Congreso: 33 legisladores que votaron a favor de poner límites a colaboración eficaz tienen investigaciones fiscales

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El pleno también aprobó exonerar el proyecto de segunda votación. Con esa decisión, la autógrafa de ley queda en manos del Poder Ejecutivo.

La norma aprobada- con 84 adhesiones, 27 votos en contra y tres abstenciones- señala que desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, se dará un plazo máximo de 8 meses. Por causas justificadas, el fiscal podría prorrogar este hasta por cuatro meses. Y en caso de crimen organizado, la prórroga sería hasta por 8 meses.

Además, establece que está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes.

¿Quiénes son los congresistas y líderes políticos investigados actualmente por la fiscalía?

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Fuerza Popular

Keiko Fujimori

Así tenemos a Fuerza Popular, bancada que votó dividida y que tiene a su lideresa, Keiko Fujimori, sometida a investigaciones en donde han intervenido colaboradores eficaces.

No solo Fujimori es investigada por la fiscalía. El parlamentario Alejandro Aguinaga también tiene abierta una pesquisa por el caso “esterilizaciones forzadas”.

El 11 de diciembre de 2021, Poder Judicial decidió abrir proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori y tres de sus exministros de Salud, entre ellos Aguinaga, por los delitos que se habrían cometido en dicho caso.

El juez Rafael Martínez, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, explicó que su decisión permitirá que el Ministerio Público realice las labores correspondientes para reunir pruebas de la realización del presunto delito.

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Perú Libre

Vladimir Cerrón

También está Perú Libre. El secretario general de esta agrupación, Vladimir Cerrón, afronta una investigación por presuntamente dirigir una red criminal que tiene a su partido político como fachada. Su caso se sustenta en declaraciones de colaboradores eficaces.

De acuerdo con los testimonios de dichos colaboradores, la presunta organización criminal dirigida por Cerrón exigía “aportes” para el partido político a los trabajadores del Gobierno Regional de Junín contratados bajo la modalidad CAS. Según la tesis fiscal, este caso tiene relación con la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.

Tras una pericia (contable, bancaria, financiera, tributaria y bursátil) el Ministerio Público halló un desbalance en las cuentas de Cerrón Rojas por más de S/ 6 millones.

Además, para la fiscalía, el partido Perú Libre habría venido financiando sus operaciones políticas y partidarias desde el 2010 hasta el 2021, con dinero presuntamente ilícito. Con ello, incluso, indican las investigaciones, se habría financiado también la campaña electoral del expresidente Pedro Castillo.

Junto a líder de PL, también se encuentra investigado, su hermano, Waldemar Cerrón, congresista del partido del lápiz. La pesquisa alcanza también a Guido Bellido - quien inicialmente fue parlamentario perulibrista, pero ahora es parte del bloque Perú Bicentenario - y otros imputados por este caso.

De otro lado, el legislador Américo Gonza fue incluido en marzo pasado por la fiscalía en el caso ‘Los Niños’.

Gonza fue incorporado porque habría integrado uno de los brazos políticos que respondía a las órdenes de Castillo. Incluso, habría participado presuntamente en las coordinaciones ilícitas para los ascensos irregulares de policías, según un cuadro elaborado por el Ministerio Público.

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Bloque Magisterial

Aliados del expresidente Pedro Castillo

En el caso del Bloque Magisterial, una bancada integrada por profesores cercanos a Pedro Castillo, la mayoría de sus miembros fueron incluidos en las investigaciones por el caso ‘Los Niños’ en marzo pasado.

Se trata de Germán Adolfo Tacuri Valdivia; Pasión Neomias Dávila Atanacio; Francis Jhasmina Paredes Castro; Óscar Zea Choquechambi; Katy Ugarte Mamani (ahora no agrupada); Paul Silvio Gutiérrez Ticona; Segundo Quiroz Barboza y Edgar Tello Montes, por los presuntos delitos de organización criminal y contra la adminitración pública-tráfico de influencias agravado.

De acuerdo con la tesis fiscal, ‘Los Niños’ intercambiaban sus votos a favor de la gestión de Castillo a cambio de beneficios para ellos y sus allegados.

Como se recuerda, este bloque, compuesto por 10 congresistas, fue uno de los principales aliados del gobierno del profesor.

Actualmente, Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo (Ate), mientras el Ministerio Público lo investiga por los presuntos delitos de rebelión y conspiración (18 meses) y organización criminal (36 meses). Los casos contra el exjefe de Estado se sustentan en testimonios de colaboradores eficaces.

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Acción Popular

Caso 'Los Niños'

De los 15 integrantes de la bancada de AP, 13 son investigados por el caso ‘Los Niños’. En febrero de 2022, la colaboradora eficaz Karelim López dio detalles sobre la presunta existencia de un grupo de legisladores de la lampa que pactaron apoyar al gobierno de Pedro Castillo a cambio de supuestos beneficios ilícitos.

Según López, se les apodó ‘Los Niños’ por su obediencia al entonces mandatario.

Inicialmentemente, el Ministerio Publico inició investigaciones contra Darwin Espinoza, Ilich López, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori, Elvis Vergara y Raúl Doroteo.

Un año más tarde, la fiscalía incluyó a Wilson Soto Palacios, Silvia María Monteza Facho y José Alberto Arriola Tueros. Además Pedro Edwin Martínez Talavera, Luis Ángel Aragón Carreño, Hilda Marleny Portero López y Carlos Enrique Alva Rojas. Todos por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública- organización criminal y tráfico de Influencias agravado.

Cabe señalar, que los congresistas José Arriola y Jorge Flores tienen otras investigaciones fiscales en curso.

Flores Ancachi afronta al menos tres procesos por presunta corrupción durante sus diversos cargos ocupados a lo largo de su carrera profesional.

Asimismo, El Comercio pudo verificar que José Arriola cuenta con múltiples procesos judiciales.

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Podemos Perú

José Luna

José Luna Gálvez, congresista y líder del partido, enfrenta dos investigaciones en la fiscalía. Una por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico, siendo sindicado de ser “líder, financista y hombre clave” de una presunta organización criminal dedicada a la compra de voluntad de funcionarios empleando el poder económico a través de la Universidad Privada Telesup. En el 2019, la Sunedu denegó el licenciamiento a dicha casa de estudios fundada en el 2004.

Como ya ha dado a conocer El Comercio en diversos informes, por ese caso, la fiscalía sostiene que Luna reclutó a José Luis Cavassa –exfuncionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto– para que se encargue de la inscripción irregular de su agrupación política, teniendo además injerencia en el desactivado Consejo Nacional de Magistratura (CNM) y en el citado organismo electoral.

También se le atribuye haber otorgado beneficios económicos a exconsejeros del otrora CNM a través de contratos simulados con Telesup, a fin de que influyan y voten a favor del nombramiento de Adolfo Castillo como jefe nacional de la ONPE. Por este caso, Luna Gálvez tuvo detención domiciliaria entre diciembre del 2020 y julio del 2021.

Otra investigación contra José Luna Gálvez es por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias, en torno al Caso Lava Jato. De acuerdo a la fiscalía, el parlamentario y otros imputados –entre los que estuvo el fallecido exalcalde capitalino Luis Castañeda Lossio– integrarían una organización criminal que se habría concertado con las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para actos ilícitos.

Una de las imputaciones contra Luna Gálvez es el haber ejecutado actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, así como transporte y traslado de dinero ilícito procedente de OAS y Odebrecht. Ello con el fin de darles una apariencia legal en el marco de la campaña electoral del partido Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) en el año 2014.

Según la fiscalía, Luna tenía el “fin de ingresar dicho dinero ilícito al sistema económico mediante gastos de campaña y encuestas electorales”. También se señala que contactó a militantes o simpatizantes de Solidaridad Nacional para que figurasen como aportantes a la campaña del 2014. Por este caso, el Poder Judicial ordenó en su momento impedimento de salida del país contra el congresista que tendrá en sus manos la definición del presupuesto de distintas instituciones del país para el próximo año, como el Ministerio Público.

En el Caso Lava Jato, según pudo conocer El Comercio, la fiscalía está en la etapa de formalización de investigación preparatoria. Luna mantiene una orden de comparecencia con restricciones.

Heidy Juárez también enfrenta una investigación preliminar por el presunto delito de concusión por supuestos cobros irregulares a trabajadores de su despacho. Por otro lado, Carlos Zeballos es investigado por el caso ‘Los Niños’.

Mientras que Luis Picón, quien recién se unió a este bloque, está como imputado o denunciado en 32 casos fiscales en Huánuco. De acuerdo con un anterior informe de este Diario, uno se encuentra en estado de acusación por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y concusión (colusión simple).

Picón es congresista por la región Huánuco e ingresó al Parlamento junto a APP. Sin embargo, fue expulsado de la bancada el 8 de abril del 2022 debido a su desvinculación a las actividades de este bloque y su asistencia a actividades oficiales del gobierno de Pedro Castillo. Además, según el colaborador CE-04-2022-Eficcop, Picón fue uno de los captados por el denominado ‘Gabinete en la sombra’. De acuerdo con estas declaraciones, habría coordinado con Biberto Castillo, exasesor del Despacho Presidencial, la designación de Luis Hernán de la Cruz Godoy en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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El líder de APP, César Acuña, acumula varias carpetas fiscales desde el 2007. Entre los presuntos delitos que se le imputan al ahora gobernador de La Libertad están cohecho, organización criminal, plagio, abuso de autoridad, corrupción de funcionarios, negociación incompatible, entre otros.

Además, congresistas de la bancada llevan carpetas por presunto peculado, lavado de activos, falsedad y concusión. Por este último, la fiscalía abrió investigación contra Magaly Ruiz, Rosio Torres y Mary Acuña por el presunto recorte de salarios de sus trabajadores.

Asimismo, congresista Alejandro Soto Reyes, vocero titular de la bancada, tiene 17 carpetas fiscales activas, de las cuales 12 están en estado de dictamen en la fiscalía de Cusco, donde el legislador figura como imputado. Mientras que tiene un caso en investigación preliminar por presunta falsedad. Soto ha sido regidor distrital en Cusco entre los años 1996 y 2002. Así lo informó este Diario a fines del 2022.

En julio de 2022, en diálogo con Willax, el parlamentario Eduardo Salhuana indicó que tiene seis investigaciones preliminares del año 2015 y 2016, cuando tenía el cargo de gerente de Madre de Dios.

”Yo tengo seis investigaciones preliminares del año 2015, 2016, estrictamente cuando fui gerente del gobierno regional de Madre de Dios”, dijo a referido medio de comunicación.

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