Congreso busca tener influencia en 8 instituciones del Estado: ¿cuáles son los riesgos?

Tras una revisión entre todas las bancadas, El Comercio detectó 16 proyectos de ley provenientes de cinco bancadas donde el objetivo es tener influencia en ocho instituciones del Estado. Hasta la fecha, solo una de las iniciativas se ha convertido en ley: la que permite al Congreso elegir a su propio procurador.

El Parlamento aprobó esta ley, que nació de un proyecto de Martha Moyano (Fuerza Popular) y Esdras Medina (Unidad y Diálogo), pese a que el Ministerio de Justicia remitió observaciones donde se advertía que la pretensión del Congreso era una vulneración a la autonomía de la Procuraduría General del Estado.

Pero quedan otras siete instituciones donde se podrían cambiar las reglas. Una de las mayores impulsoras es la legisladora Rosselli Amuruz (Avanza País), quien ha presentado tres iniciativas.

Amuruz, voceada para la nueva Mesa Directiva 2023-2024, presentó un proyecto para que las máximas autoridades de organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) puedan ser acusadas constitucionalmente. Como estas, existen otras cinco propuestas de legisladores de Acción Popular, APP y Fuerza Popular.

En esa misma línea, Amuruz también presentó una iniciativa de reforma constitucional para recortar el mandato de las máximas autoridades electorales.

Por último, la representante de Avanza País presentó un proyecto para que el Congreso tenga un representante en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), cuestionado en los últimos días por la injerencia desde el gobierno nacional.

Otras propuestas apuntan hacia la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Alejandro Muñante (Renovación Popular) planteó reducir el número de votos para remover a sus miembros. Otros tres congresistas han presentado denuncias constitucionales contra integrantes de la JNJ.

Para Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, las propuestas en conjunto muestran un proceso no estructurado, pero muy consistente que apuntaría a la variación del régimen político del país.

“Estamos hablando de modificar la estructura de pesos y contrapesos de la fórmula original de la Constitución de 1993. Estamos ante un sistema presidencial que ya presentaba anomalías, pero con estas propuestas las anomalías son aún mayores, con un peso del Parlamento que no es propio de un sistema presidencial”, explicó.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, apuntó que la data recopilada por este Diario grafica una tendencia que viene de períodos anteriores y que se ha venido agravando en los últimos años.

“Es una convergencia de intereses muy diversos. Los que están enfocados en la educación superior, los que quieren capturar la justicia, los que quieren reducir controles. Hay diferentes intereses que confluyen y que podrían verse realizados en la captura de los ‘big four’: el JNE, la procuraduría, la contraloría y el TC que ya está”, sostuvo.

Tanto Lanegra como Rotta descartaron que se pueda utilizar el término “dictadura congresal” para describir el actuar del Parlamento.

“Estamos en un punto híbrido. Es una estructura autoritaria que se está formando a través de determinadas coaliciones que actúan de manera contraria al propio diseño de la Constitución”, dijo Lanegra.

Rotta añadió que existe un afán de controlar instituciones, pero la problemática es compleja debido a que existen diversos intereses en juego. Uno de esos, subrayó, sería una “revancha estratégica” para poder influenciar en los casos que están viéndose a la fecha en el ámbito de justicia.