El Pleno del Congreso aprobó cuarta legislatura ordinaria. (Foto: Congreso)
El Pleno del Congreso aprobó cuarta legislatura ordinaria. (Foto: Congreso)
María Isabel Álvarez

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Con el propósito de buscar la aprobación de reformas constitucionales antes de que termine su mandato, el aprobó ayer crear una cuarta legislatura ordinaria. La medida recibió 75 votos a favor, 33 en contra y 5 abstenciones.

De acuerdo a lo aprobado, la tercera legislatura finalizará el 12 de junio próximo, para que la cuarta se inicie al día siguiente y termine el 16 de julio.

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Es decir, los congresistas han dividido en dos la actual legislatura para llevar adelante reformas constitucionales en el plazo de un mes.

El retorno a la bicameralidad y la regulación de la cuestión de confianza son dos de los cambios constitucionales pendientes. La primera modificación podría permitir que los congresistas de este período postulen para senadores. En el otro caso se establecería un candado para evitar lo ocurrido con el expresidente Martín Vizcarra y la disolución del Congreso.

Debate y votación

Solo tres bancadas votaron en bloque contra la creación de una cuarta legislatura ordinaria: Frente Amplio, el Partido Morado y Fuerza Popular.

El congresista Luis Valdez (Alianza para el Progreso), presidente de la Comisión de Constitución, sostuvo durante el debate que “agentes externos e ilegítimos” quieren imponer una agenda al Congreso, y “para ello asustan en los medios y redes sociales para intimidar a los señores congresistas”.

“Yo les pregunto: ¿Por qué no hacer realidad el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción?”, dijo. Su bancada, APP, votó en bloque a favor de la cuarta legislatura.

En tanto, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, bajó a su escaño para participar del debate. Señaló que esta reforma debe trabajarse “de manera muy cuidadosa”.

“Se pretende llevar adelante una reforma fundamental como la bicameralidad, con la que estoy de acuerdo, pero hay que recordar que hubo un referéndum y la población dijo no estar de acuerdo”, indicó. “Esta es una medida legal, pero toda medida legal no siempre es legítima”, agregó.

Riesgos

El abogado constitucionalista Víctor García Toma explicó que, aunque la medida no es inconstitucional, “es inconveniente desde el punto de vista técnico y es un acto de ejercicio abusivo del poder”.

“Las reformas constitucionales han sido diseñadas para que sean procesos lentos, complejos , a efectos de que no se tomen decisiones precipitadas, se trata de alcanzar un grado de consenso de las fuerzas políticas vigentes, no de las que en estos momentos ya están moribundas”, indicó.

“Estando ad portas la juramentación de un nuevo Congreso no se entiende el por qué de la precipitación, en lo que va de la historia constitucional este es el Parlamento que más leyes tiene que han sido declaradas inconstitucionales”, agregó.

El especialista recordó que el Tribunal Constitucional estableció que tiene competencia para pronunciarse sobre una ley de reforma constitucional, es decir determinar si es o no constitucional.

En tanto, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, consideró que no es oportuno discutir reformas constitucionales en este contexto.

“Discutir reformas constitucionales tiene que hacerse en un marco de transparencia, lo más ampliamente posible, y sin duda este momento donde toda la atención está en las elecciones y después en la transición, no es el momento apropiado”, sostuvo.

Rotta advirtió que el debate de las reformas constitucionales no recibirán la atención necesaria, y que esto está vinculado a la legitimidad de las medidas.

“Además este es un Congreso que está de salida, ya hay congresistas electos, no es nada oportuno, sin duda es una irresponsabilidad de parte de los congresistas que han votado por partir esta legislatura, ya hay parlamentarios electos”, indicó.

“No tiene legitimidad social llevar adelante una aventura como esta, y las reformas que se hagan y se discutan van a pasar muy por debajo de la atención que merecen los cambios de esta naturaleza”, dijo.

“Riesgosa para la democracia”

Tras la decisión del Congreso, Transparencia emitió un comunicado en el que advierte que la medida es “riesgosa para la democracia”.


“Constitucionalmente cuestionable”

La Defensoría del Pueblo se pronunció antes de la aprobación de la cuarta legislatura para solicitar a los congresistas no votar a favor de la medida, y exhortarlos a reflexionar sobre el respeto de los mecanismos regulares para la reforma de la Constitución.

“La adopción de tal medida implicaría un quiebre del principio de rigidez constitucional”, señalaron.

“La Constitución ha establecido que su modificación debe aprobarse en dos legislaturas ordinarias consecutivas, entendiendo que todo cambio solo pueda ser realizado luego de prolongados períodos de reflexión y debate. No es posible, por ende, sobre la base de interpretaciones laxas, desnaturalizar el contenido de esta norma reduciendo en extremo los tiempos ordinarios de las legislaturas e instalando con tal práctica un procedimiento acelerado que restringe los espacios de diálogo y consenso”, sostuvieron.

Mediante un comunicado, afirmaron que aprobar la cuarta legislatura “resultaría constitucionalmente cuestionable” y se trataría de un precedente peligroso.

“Podría ser utilizado en el futuro para desnaturalizar por completo los procedimientos de reforma constitucional hoy existentes”, agregaron.

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