Funcionarios condenados por corrupción irán a la cárcel sí o sí

JORGE SALDAÑA RAMÍREZ (@jlsaldanar)

Los funcionarios públicos condenados por delitos de corrupción irán a la cárcel sí o sí. Tal es el sentido del dictamen aprobado hoy en la mañana en el pleno del Congreso.

La autógrafa de ley quedó lista para que sea promulgada por el jefe del Estado, Ollanta Humala. Esta norma modificará el artículo 57° del Código Penal con el objeto de eliminar el privilegio de la suspensión de la pena para los trabajadores estatales que incurran en delitos graves de corrupción. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso ,Juan Carlos Eguren.

El parlamentario oficialista Omar Chehade planteó que el dictamen retornara a la Comisión de Justicia. Su colega oficialista Daniel Abugattás anunció, más bien, que Gana Perú apoyaba la iniciativa legal.

¿El porqué de la medida?
Según explicó Eguren al sustentar la propuesta legislativa, en la actualidad de cien funcionarios estatales sentenciados por robo u otro delito contra el Estado, solamente 5 están purgando pena en la cárcel. “Los otros, dijo, se rien de la justicia y de la ciudadanía”.

Dijo que esta radicalización del marco legal contra la corrupción se ajusta a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual se establece que cada Estado “podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en dicha Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción".

La proposición legislativa desató un arduo debate que motivó la quiebra de las dos bancadas más numerosas del Congreso: Gana Perú y Fuerza Popular. En el oficialismo fueron los congresistas Santiago Gastañadui y Omar Chehade quienes se opusieron a la medida legal, porque habrá un hacinamiento en las cárceles y, agregaron, aumentará el tarifario de la corrupción en el Poder Judicial, al extremo de que se puede pagar 100 mil dólares para que un corrupto salga libre.

Esto motivó la protesta y rechazo por su colega oficialista Daniel Abugattás, quien anunció el respaldo de la bancada a favor del dictamen y rechazó tajantemente los argumentos planteados para no discutir esta futura norma legal.

Antes, hizo lo propio Martha Chavez, de Fuerza Popular, quien dijo que el dictamen de la Comisión de Justicia busca quebrar el principio de la discrecionalidad del juez. Lo siguió en igual pensamiento su colega fujimorista Octavio Salazar, quien dijo preocupado que, de aprobarse la norma, los que incurran en delitos sancionables entre dos a cuatro años de cárcel, igual irán a prisión.

El parlamentario Rolando Reátegui (Fuerza Popular) fue más allá y preguntó qué ha hecho la Contraloria para sancionar a aquellos funcionarios que se hicieron de la vista gorda frente a los actos de corrupción en varios gobiernos regionales.

Manuel Merino, de Acción Popular, retrucó esos argumentos  y aseveró que su bancada respaldará la propuesta, al igual que Rosa Mavila, de Frente Amplio quien indicó que hay que castigar con mano dura a los rateros del Estado.

Omar Chehade, de Gana Perú, planteó como cuestión previa que este proyecto vuelva a la Comisión de Justicia pero fue rechazado multipartidariamente. Al final, la futura norma legal fue aprobada con 75 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. Quedó exonerada de la segunda votación

El otro proyecto aprobado por el pleno del Congreso es aquel que le da valor de prueba en un proceso judicial a los peritajes técnicos especializados que elabora la Contraloría General de la República. Hasta antes de este cambio legal, esos peritajes solo eran referencias en un procedimiento judicial e incluso eran sometidos a comprobación contable posterior mediante pericias de oficio. La propuesta fue aprobada por 94 legisladores, una abstención y dos en contra.