Ejecutivo alista norma para reemplazar el D.U. 003

El Decreto de Urgencia 003 (D.U. 003) quedará en el pasado. La norma que buscaba garantizar la continuidad de los proyectos de Odebrecht en el Perú y el pago de la reparación civil de la constructora brasileña al Estado Peruano vence el 13 de febrero y el Ejecutivo no la prorrogará.

La ministra de Economía, Claudia Cooper, reveló ayer que esta semana su cartera tendría listo un nuevo decreto para reemplazar el 003.

“Tenemos que trabajar ese equilibrio entre sancionar a las personas culpables y que las empresas paguen una reparación civil. Pero también tenemos que hacer viables a las empresas”, indicó la titular del MEF en declaraciones a RPP.

La ministra evitó especificar las características del nuevo decreto. Aún es incierto si, por ejemplo, acatarán el pedido del Congreso para que la norma alcance también a las socias de Odebrecht. Pero de no hacerlo, el Parlamento podría insistir para ampliar el ámbito de aplicación del nuevo decreto.

“No podemos renunciar a nuestra facultad de fiscalizar. Si no se incluyen los cambios, el Congreso insistirá en una legislación que tenga un fin superior”, adelantó a este Diario la legisladora Úrsula Letona (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Constitución.

—Fondo pequeño—
Más allá de modificaciones puntuales, lo dicho por la ministra Cooper y las cifras oficiales deslizan la necesidad de revisar la idoneidad del mecanismo.

Después de casi un año, con el fideicomiso de retención y reparación (FIRR), destinado a cautelar activos que permitan pagar la reparación civil, apenas se recaudó entre S/15 millones y S/20 millones. La primera cifra pertenece a cálculos de Odebrecht, mientras la segunda corresponde a mediciones de la procuraduría del Caso Lava Jato.

Independientemente de cuál sea el monto exacto, ambos representan un porcentaje mínimo respecto del valor de los proyectos comprendidos por el D.U. 003.

El FIRR tampoco se ha nutrido hasta el momento de ventas de proyectos de Odebrecht, a pesar de que el D.U. 003 tenía como objetivo garantizar ventas controladas de sus activos.

Según indicó Odebrecht a El Comercio, los contratos de compraventa de la hidroeléctrica Chaglla y del proyecto de irrigación Olmos están pendientes de aprobación desde agosto del 2017 y noviembre del 2016, respectivamente.

Los potenciales compradores no cuentan con la garantía de que, si las obras en cuestión fueran vinculadas a hechos de corrupción, ellos queden libres de cualquier cuestionamiento.

“El D.U. 003, en teoría, garantizaba la reparación civil y evitaba la ruptura de cadenas de pago. Pero al final no solo afectó a estas, sino también a terceros no involucrados en actos delictivos, como trabajadores o acreedores. Ha significado una desprotección”, resume el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.

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