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El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza suscribió una resolución que señala que la Sala Superior del Poder Judicial no motivó ni fundamentó debidamente el delito de lavado de activos por el que fue condenado el expropietario de la desaparecida empresa Aerocontinente, Fernando Zevallos.
Por esa razón, en el documento, difundido este domingo por “Cuarto Poder”, solicita que la condena de 27 años de prisión dictada contra Zevallos sea anulada y el exempresario sea juzgado nuevamente.
La resolución se da en el marco del la apelación presentada por la defensa de Zevallos al fallo del Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios y recoge los argumentos de la defensa de Fernando Zevallos y de su hermana Lupe Zevallos. Ambos cuestionan que se les haya condenado por hechos ocurridos antes de julio del 2007, cuando todavía no estaba aprobada la llamada Ley Penal contra el Lavado de Activos.
“El colegiado valoró pruebas periciales nulas, documentales y correos electrónicos que nunca fueron ofrecidos como pruebas de cargo, ni fueron sometidas al contradictorio, vulnerándose el derecho a la prueba y el derecho a la defensa”, se lee en el documento.
La procuradora pública antidrogas, Sonia Medina, indicó que con esta resolución el fiscal supremo “desconoce inclusive los acuerdos plenarios del Poder Judicial”. Además, calificó de “falso” el hecho de que Víctor Rodríguez Monteza indique “que no ha habido una debida motivación”.
El 26 de febrero del 2019, el Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios sentenció a 27 años de prisión al ex dueño de Aerocontinente por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Zevallos Gonzales cumple una condena previa de 20 años de prisión por narcotráfico en el penal Ancón I, tras ser hallado culpable de sacar droga del país con los aviones de Aerocontinente.
El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza ha sido sindicado como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Además, el 4 de julio pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó abrir una investigación preliminar en su contra. La entidad a cargo de Aldo Vásquez indicó que la investigación responde a una indagación sobre su accionar como fiscal supremo a cargo del Control Interno del Ministerio Público.
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