Datum Internacional: El 94% señala que el estado de emergencia no funciona

Nueve de cada diez peruanos no sienten que el estado de emergencia decretado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte haya tenido algún efecto en los altos índices de delincuencia que se vienen registrando en el Perú, según revela en exclusiva una encuesta realizada por Datum Internacional para El Comercio.

Un 94% de los encuestados en todo el país cree que no hubo ningún cambio con esta medida, promulgada por el Ejecutivo el 19 de setiembre pasado en algunos distritos de Lima y provincia; mientras que apenas un 5% cree que ello sí ayudó y que se viene reduciendo la delincuencia.

En regiones, es en el norte donde la cifra de inconformes con el estado de emergencia asciende hasta el 96%. En ninguna zona del país la cifra es inferior a 92%.

“Es un merecido cuestionamiento al gobierno por buscar políticas facilistas para enfrentar problemas que requieren medidas mucho más de fondo que incluyen, por supuesto el corto, pero principalmente el mediano y largo plazo. La cifra es bastante impactante”, dijo a este Diario el exministro del Interior Carlos Basombrío.

Para Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, lo que se evidencia es que –ante el sentimiento de desborde de la inseguridad– desde el Ejecutivo se optó por tomar la decisión de decretar un estado de emergencia apresurado, “sin el sustento y soporte adecuado”. “Se ratifica que esto fue, básicamente, una reacción política y no una medida técnica”, acotó.

Según el estudio, el 43% de los peruanos asegura que ha sido afectado por la inseguridad ciudadana en los últimos tres meses, ya sea de forma personal o algún miembro de su familia. En este ámbito, un 51% corresponde al nivel socioeconómico A/B, mientras que un 46% corresponde al sector C y D, respectivamente.

Es el robo en las calles el delito al que más se sienten expuestos los peruanos, con 74%. Le siguen las estafas, con 21%, y la extorsión, con 16%.

En tanto, un 83% desaprueba en general la gestión frente a la inseguridad ciudadana de la presidenta Boluarte; y la zona sur del país es donde se concentra en mayor medida, con un 87%.

El respaldo a la jefa del Estado en este rubro solo ronda el 13%; ligeramente más favorable en la zona oriente, donde ostenta un 17%; aunque con un contundente 71% de rechazo.

Para Valdés, lo que revelan las cifras es “grave” y destacó la necesidad de que Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y el ministro del Interior, Vicente Romero, se reúnan para abordar este tema y que concurran ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) “para replantear la estrategia”.

Sobre todo, incidió, porque la inseguridad ciudadana también “tiene un espejo en la inversión económica”, en un contexto en el que el Perú atraviesa una recesión. “El sector privado no invierte en los lugares que son inseguros”, advirtió Valdés.

Además de la contundente disconformidad con las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la inseguridad, un 66% de los peruanos señala que hay ciertas horas en que prefiere no transitar por su barrio para evitar ser víctimas de la delincuencia. Otro 69% asegura que prefiere abordar un vehículo –ya sea un taxi o mototaxi– antes que caminar por ciertas zonas peligrosas. En ambos casos, la incidencia es mayor en mujeres.

“Los problemas graves requieren soluciones que vayan dando resultados en el tiempo. Pero se prefiere la demagogia populista a la atención real de los problemas, y lo que la encuesta nos dice es que la gente se da cuenta cada vez más de que los están meciendo”, dijo Basombrío.

Un 29% de los encuestados refiere que se necesita mayor capacitación al personal policial para cumplir eficazmente su misión; seguido de un 22% que destaca la necesidad de incrementar las comisarías y personal policial.

Un 78% considera que la administración de Boluarte no tiene una estrategia clara para garantizar la seguridad de los peruanos.

La gran mayoría considera que no habrá cambios favorables pese al incremento de penas de cárcel para quienes roben o vendan celulares sustraídos ilegalmente, como lo ha dispuesto el gobierno.