(Foto: El Comercio
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Redacción EC

El legislador de Fuerza Popular envió una carta notarial al fiscal Juan Manuel Carrasco en la que le exige que se rectifique por las declaraciones que hizo sobre una visita realizada por el fujimorista a su despacho en el 2017 con relación a la situación de emergencia que vive el distrito de , en la región Lambayeque.

El documento, de fecha 27 de abril del 2018, señala que el integrante de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo brindó declaraciones que “no se ajustan a la verdad” al programa periodístico “Punto Final” sobre la conversación que sostuvo con él.

Según añade Becerril, lo dicho por Juan Manuel Carrasco “contradice la conducta ética y profesional que como representante del Ministerio Público debe exhibir ante la sociedad y agravia mi imagen, honor y buena reputación”.

“En defensa de mis derechos constitucionales le requiero a efectos de que se rectifique dentro de las 48 horas de recibida la presenta carta y haga pública en algún medio de comunicación de nivel nacional la verdad del motivo de mi visita a su despacho”, destacó.

Héctor Becerril comentó que los detalles de su encuentro con el fiscal han quedado especificados en el Acta fiscal de entrevista de fecha 26 de octubre del 2017, y que esta estuvo suscrita por Juan Manuel Carrasco, el abogado de Becerril y él mismo.

Ahí se dejaría constancia, según añade el congresista, de que “por comentario de fuente periodística se estaba pidiendo información sobre sus actividades en la Empresa Agroindustrial Pomalca”.

Cabe señalar que “Punto Final” reveló hace dos semanas que uno de los informes policiales que tuvo en cuenta el Ministerio del Interior para declarar en estado de emergencia el distrito azucarero de Tumán, en junio del 2017, fue adulterado para supuestamente favorecer al Grupo Oviedo, de propiedad del actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito.

Según el programa dominical, el informe de apreciación de emergencia número 778 que emitió la Policía Nacional del Perú (PNP) concluye en su apartado D “sugerir muy respetuosamente al supremo gobierno la declaratoria de emergencia en el distrito de Tumán”, tras los últimos acontecimientos violentos que se desataron por la administración de la azucarera.

Sin embargo, en el documento original no se habría consignado esta sugerencia, de acuerdo con el mismo informe. El autor del documento, el agente de inteligencia de la PNP, Daniel Díaz Alarcón, aseguró, tras ser citado por la fiscalía que investiga el caso, “que luego de revisar la apreciación de inteligencia, me he percatado que se le ha agregado el literal III, conclusiones de la letra D, precisamente la que recomienda al Estado declarar el estado de emergencia”.

Juan Manuel Carrasco Millones es quien investiga el caso. Por el momento ha solicitado 26 años de prisión contra Edwin Oviedo por el asesinato del ex dirigente de la agroindustrial Tumán Percy Waldemar Farro Witte y otros 26 años por el homicidio del también sindicalista Manuel Rimarachín. A Oviedo se le acusa de ser el "autor mediato" en ambos casos, aunque él ha rechazado las imputaciones.

Para el fiscal Carrasco, hay indicios suficientes de la comisión del presunto delito de falsificación de documentos y fraude procesal, caso por el que incluso ha sido citado Antonio Becerril, actual gerente general de la azucarera y hermano del congresista fujimorista Héctor Becerril, añade el informe periodístico.

Cabe recordar que en junio del 2017, trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán invocaron al Congreso a ponga fin al supuesto favorecimiento que brindaría el legislador Becerril al Grupo Oviedo.