Alejandro Toledo: sus presuntos delitos y posibles penas

Alejandro Toledo aún permanece en el extranjero. Mientras tanto, en el Perú, el Ministerio Público ya ha formalizado el inicio de un proceso penal contra el ex presidente y se espera que en las próximas horas se pida prisión preventiva para él en el marco de las investigaciones por las millonarias coimas pagadas por Odebrecht en nuestro país.

A continuación, algunos puntos para entender la actual situación legal del mandatario.

—El caso y los presuntos delitos—
Toledo es investigado porque habría recibido una coima de US$20 millones de Odebrecht como un soborno para que la constructora brasileña gane la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, adjudicada el 2005.

El Ministerio Público le imputa dos delitos: tráfico de influencias y lavado de activos. En este último delito, la modalidad sería por conversión y transferencia, o actos de ocultamiento y tenencia.

—Otros presuntos delitos a considerar—
A juicio del abogado penalista Carlos Caro, en el caso de Alejandro Toledo podrían considerarse además como imputaciones alternativas otros delitos incluidos en el apartado de corrupción de funcionarios del Código Penal.

Por ejemplo, cohecho pasivo (soborno), colusión desleal agravada o enriquecimiento ilícito. Estos ilícitos contemplan penas de hasta 15 años de cárcel.

“Toledo deja el cargo en el 2006 y él habría recibido pagos luego. De repente, el fiscal se quiere ahorrar la discusión con los abogados de Toledo, que van a decir que habría recibido dinero cuando ya no era funcionario, cómo va a ser eso corrupción. Tal vez por eso, se ha ido al tipo tráfico de influencias, porque puede ser cometido por un particular y también por un funcionario”.

Consultado por si está bien formulada la acusación contra el ex presidente, el también penalista Luis Lamas Puccio, ex abogado de Toledo, precisó que formalmente se pueden ampliar los delitos más adelante. “No está cerrada la posibilidad de que a lo largo de la investigación surjan otros elementos indiciarios o de convicción”, apuntó.

—Las penas—
De acuerdo al artículo 400 del Código Penal, el tráfico de influencias tiene una pena de entre 4 y 8 años de cárcel si el delito ha sido cometido por un funcionario público.

Considerando que los pagos a Toledo se habrían dado entre el 2006 y 2010 -antes la promulgación de la nueva norma contra el lavado de activos (2012)-, en su caso se aplicaría la ley penal contra el lavado de activos o ley N° 27765. Esta contempla no menos de 10 ni más de 20 años de cárcel para funcionarios públicos, pena que también considera el Decreto Legislativo N° 1106 de lucha eficaz conta el lavado de activos, que data del 2012.

—Sumatoria—
Solo con los dos delitos imputados por la fiscalía, Toledo sumaría una pena de 28 años de prisión si se consideran las máximas posibilidades: 8 por tráfico de influencias y 20 por lavado de activos.

En este caso, sí es posible sumar las penas en base al artículo 50 del Código Penal. Este señala: “Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta”.

Durante las postrimerías del gobierno de Toledo, en el año 2006, se publicó la ley que permite la sumatoria. Antes, cuando concurrían varios delitos, se imponía la pena del delito más grave.

—Ya tenía un proceso—
El titular del Juzgado Penal 16 de Lima, Abel Concha, dispuso en abril del 2016 iniciar un proceso penal contra Alejandro Toledo por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso Ecoteva. Y aunque esta semana vence el plazo inicial de ocho meses fijado para el proceso penal, la fiscalía ha solicitado una ampliación por el mismo tiempo.

Hace tres años se conoció que la suegra de Alejandro Toledo, una señora de más de 80 años que reside en Bélgica, compró dos inmuebles: una casa en Las Casuarinas y una oficina de lujo en Surco, por casi US$5 millones, como presidenta de la ‘offshore’ Ecoteva.

Además, esta empresa fue utilizada para pagar las hipotecas de las casas que el ex presidente tiene en la urbanización Camacho (Surco) y en el balneario de Punta Sal (Tumbes). Por ambas transacciones se desembolsaron cerca de US$500 mil. Según la fiscalía, la empresa se creó con la venia del líder de Perú Posible, y el dinero que se utilizó para su constitución habría provenido de presuntos actos de corrupción durante su gobierno (2001-2006).

MÁS EN POLÍTICA:

Perú Posible y Alejandro Toledo: de la defensa a la decepción ►https://t.co/ei4HvFFUbX (Por @RogerHernandezS) pic.twitter.com/JsR8L1dNpJ— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 7 de febrero de 2017