El prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del expresidente Pedro Castillo y dueño de la casa del pasaje Sarratea (Breña), negó en diferentes ocasiones haber cometido delito alguno, incluso en declaraciones desde la clandestinidad.
Sin embargo, en la investigación fiscal del caso del Gabinete en la sombra ha surgido el testimonio del empresario José Fernández Inga, quien señaló directamente a Sánchez de beneficiarse con la adjudicación irregular de un contrato de S/730.000, otorgado por la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas (Loreto) en noviembre del 2021, según documentos que El Comercio revisó.
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Licitación dirigida
Ante la fiscalía, Fernández manifestó que en setiembre del 2021, poco después de iniciarse el gobierno de Castillo, recibió la visita de Sánchez, quien le hizo una propuesta.
“Me dijo que le prestara la razón social de mi empresa [Corporación Chemicals S.A.C.] para que [él] pudiese participar en la venta de material médico [al Estado], solicitándome que contactara a su hermana Tania Peralta Sánchez”, declaró.
Fernández y Sánchez son naturales de Chota (Cajamarca), como Castillo.
De acuerdo con esa versión, Peralta coordinó con la secretaria del empresario para presentar la documentación respectiva a la municipalidad, con el fin de formalizar la participación de la compañía en el proceso de selección. Asimismo, para recibir las sumas de dinero por la venta de los equipos médicos y mobiliario.
“Tania Peralta y Alejandro Sánchez se encargaron de realizar todo el trámite de la licitación [...]. La municipalidad realizó los pagos [por S/730.000] a mi empresa el 23 de febrero del 2022″, sostuvo.
Fernández añadió que el día que recibió el monto hizo nueve transferencias “de acuerdo a las facturas que emitió Alejandro Sánchez a nombre de mi compañía, esto con el fin de evitar el pago del impuesto y aparentar como si él fuera quien me vendió la mercadería”.
La suma fue abonada a nombre de Sánchez (S/550.000); de la empresa Aldalab Perú S.A.C., que le pertenece (S/104.977); y de Clínica Estarbien S.A.C. (S/50.300).
Corporación Chemicals, presuntamente usada como fachada por Sánchez, obtuvo S/2,1 millones en contratos con entidades públicas entre noviembre del 2021 y agosto del 2022, es decir en el gobierno de Castillo.
Al respecto, el abogado Tomás Gálvez, defensor legal de Alejandro Sánchez, negó que la adjudicación en Alto Amazonas se trate de un caso de corrupción. En respuesta a este Diario, Gálvez alegó que Corporación Chemicals S.A.C. solo le pagó a Sánchez por unos productos que este le había vendido.
“En realidad, Alejandro [Sánchez] es víctima de los acontecimientos, es totalmente inocente. [...] Fue una licitación totalmente electrónica, en la cual los funcionarios y los empresarios no se conocían ni tuvieron contacto”, agregó.
Cabe anotar que el alcalde de Alto Amazonas, Hugo Araujo, registra visitas a Castillo en Palacio de Gobierno el 2 y 3 de setiembre del 2021, semanas antes de la licitación bajo sospecha. Tania Peralta ingresó a la sede de gobierno el 4 del mismo mes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Alejandro Sánchez está prófugo desde octubre del 2022. Debe cumplir 30 meses de prisión preventiva.
Según un colaborador eficaz de la fiscalía, Sánchez sería testaferro de Pedro Castillo, quien usó la casa del pasaje Sarratea para reunirse con funcionarios.
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