El juez Víctor Zúñiga rechazó este lunes un primer grupo de recursos presentados por Keiko Fujimori y otros ocho procesados por los presuntos aportes ilícitos a las campañas del Fuerza Popular en el 2011 y 2016. El objetivo de todos ellos era que el magistrado archive sus acusaciones por el delito de lavado de activos, las cuales –por ahora- siguen en su camino para llegar a un eventual juicio.
Los recursos, técnicamente conocidos como excepciones de improcedencia, habían sido sustentados en audiencia por los abogados de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya y Ricardo Briceño. El argumento central era que los hechos que les imputa la fiscalía no califican como lavado de dinero.
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“Una excepción de improcedencia de acción se pueda dar cuando el hecho no es delito o cuando no es sancionable penalmente. Entiendo que [la defensa de Fujimori] planteó que no se configuró lavado de activos. Muchas veces se plantean estas excepciones con la idea de que al final, si se determina que el hecho no es delito, el caso no pasaría a juicio”, explica Karla Cárdenas, abogada penalista del Estudio Linares.
En sus recursos, uno de los postulados en común de las defensas era que el delito de fraude en administración jurídica no podía considerarse un delito fuente de lavado de activos. La postura del Ministerio Público, que fue sustentada por el fiscal José Domingo Pérez, y de la Procuraduría Contra el Lavado de Activos era la contraria.
Luego de haber escuchado los argumentos de las partes a lo largo de tres días de audiencias, el juez leyó su resolución este lunes por la tarde. Primero, resumió la acusación de la fiscalía por lavado de activos contra los acusados: haber lavado más de US$ 17 millones en aportes de campañas del 2011 y 2016, procedentes principalmente de Odebrecht, el grupo Credicorp, el grupo Rasmus y la Confiep.
Luego, al momento de analizar los recursos de los acusados, el juez desestimó los argumentos planteados por sus abogados. Un punto clave fue que consideró, basándose en jurisprudencia de la Corte Suprema, que los delitos de fraude en administración sí pueden ser tomados como delitos fuentes de lavado de dinero.
También señaló que el lavado de activos es un delito autónomo, es decir, que no es necesario que haya una sentencia o que esté probada la comisión del delito fuente.
En cuanto a otra buena parte de lo argumentado por las defensas, consideró que son hechos que corresponde a analizarse en la etapa del eventual juicio oral y no en la actual fase de control de acusación. En esta, el juez de control se limita a verificar que la acusación se cumplan los requisitos para pasar a la etapa de juzgamiento, mas no resuelve si los delitos se cometieron o no.
La abogada Cárdenas comentó que “en las excepciones de improcedencia de acción no se puede cuestionar algún tipo de actividad probatoria vinculada a lo actuado en la carpeta fiscal. Eso es algo que se ve en un juicio”. “Entiendo que el juez ha dicho que no procede porque eso es algo que no puede ser analizado en la etapa intermedia”, añadió.
Fue así que el magistrado Zúñiga declaró infundadas las excepciones de improcedencia de este grupo de acusados, entre los que están los que la fiscalía considera como parte de “la cúpula” de la presunta organización criminal.
El juez Víctor Zúñiga señala que este pedido no puede ser analizado en la etapa intermedia del proceso, tal como lo habían demandado los imputados.
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 12, 2022
Luego de la lectura de la resolución, que duró casi tres horas, los abogados anunciaron que apelarán lo decidido por el magistrado para que en una segunda instancia se les dé la razón. Por su parte, la fiscalía y la procuraduría se mostraron conformes con lo resuelto.
Lo que sigue en el proceso
La apelación anunciada por los abogados no evitará que el proceso contra Keiko Fujimori y este grupo de acusados siga en marcha. Al menos por el momento, el caso continuará en su fase de control de acusación o etapa intermedia, que es la fase previa al eventual juicio.
El control de acusación comenzó en agosto del año pasado. En agosto de este año, el juez declaró la acusación saneada o corregida. Con eso se superó la primera fase del control de acusación, la del control formal, y se pasó a la actual etapa, la del control sustancial, donde se seguirá analizando los pedidos de las defensas para que la acusación sea archivada.
Las audiencias seguirán este miércoles 14, el lunes 19 y el miércoles 21. Está previsto que en estas, los abogados de un segundo grupo de acusados -entre ellos Mark Vito Villanella- sustenten recursos similares contra sus acusaciones por lavado de activos.
En total, el caso tiene más de 40 acusados y según han comentado fuentes de El Comercio, la gran mayoría de ellos presentó recursos de excepción de improcedencia.
Además, las excepciones fueron presentadas por cada delito: primero se está resolviendo los recursos contra el extremo de la acusación relacionado al lavado de activos, pero también hay recursos contra los otros delitos, como el de organización criminal.
🚨#FiscalíaInforma:
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 13, 2022
El delito de lavado de activos continuará siendo incluido en el
Caso Cócteles, a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Un juzgado declaró infundados los recursos de los acusados para excluir dicho delito del proceso.
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Con esto, se espera que el juez pase las próximas semanas o meses resolviendo cada uno de estos recursos. Adicionalmente, también está pendiente que el magistrado se pronuncie respecto a pedidos de la fiscalía para que se dicten medidas como impedimento de salida del país y un grupo de restricciones contra los acusados, entre ellos la propia Keiko Fujimori.
Finalmente, el juzgado deberá decidir qué pruebas admite para que sean valoradas en el eventual juicio. Esto incluye documentos, peritajes y las declaraciones de testigos ofrecidos tanto por el Ministerio Público como por los abogados. “Lo que hará ahí el juez es básicamente corroborar cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad de los medios de prueba para decir si pueden pasar al juicio”, explica Cárdenas.
Todo esto se verá reflejado en el auto de enjuiciamiento, el documento en el que el juez ordenará formalmente, si considera que hay mérito, que el caso de Keiko Fujimori y sus coacusados pase a juicio.
En paralelo al desarrollo del proceso contra Keiko Fujimori, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín, tiene previsto resolver en las próximas semanas un recurso de casación que podría afectar el desarrollo del caso de la lideresa de Fuerza Popular.
Este recurso fue presentado por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes enfrentan una acusación similar: lavado de dinero a partir de aportes de campaña de presunto origen ilícito. El recurso plantea que estos aportes no pueden considerados como lavado de dinero. Si le da la razón, esto llevaría a que el caso contra al exmandatario –actualmente en etapa de juicio- se caiga.
Desde la fiscalía se ha advertido que, de ser así, dicha decisión afectaría también al caso de Keiko Fujimori y los aportes a sus campañas. Además, se ha cuestionado que el juez supremo San Martín no se haya inhibido de ver el recurso, como ha hecho ante otros que involucran a Humala y Heredia, debido a que su nombre era mencionado en las agendas de la ex primera dama.
La Procuraduría de Lavado de Activos, con el apoyo de la fiscalía, presentó un recurso para apartar el juez San Martín de resolver esta casación. Sin embargo, este fue rechazado el pasado 10 de agosto por la misma Sala Penal Permanente. Así, se espera que en los próximos días la Corte Suprema convoque a una audiencia en la que escucharán los argumentos de las partes respecto a esta controversia antes de emitir una decisión.