Nadine Heredia tiene 12 meses de impedimento de salida del país desde el 15 de enero, por el Caso Gasoducto. (Foto GEC)
Nadine Heredia tiene 12 meses de impedimento de salida del país desde el 15 de enero, por el Caso Gasoducto. (Foto GEC)

La ex primera dama habría tenido una participación activa en la concesión de proyectos durante el gobierno de su esposo, , según declaraciones de tres colaboradores eficaces en casos que involucran a dos empresas de la trama Lava Jato.

Ayer, El Comercio reveló que un aspirante a colaborador eficaz en el caso del Centro de Convenciones de Lima ubicó a Heredia como una de las personas que tomaban decisiones sobre la licitación, que fue otorgada a en menos de cuatro meses [ver vinculada].

“Dentro de OAS se conocía que [el exjefe de la constructora en el Perú Valfredo de Assis] Ribeiro se reunía periódicamente con Heredia”, dijo el colaborador. Aunque la ex primera dama no está incluida aún en la investigación preliminar, podría ingresar conforme esta avance.

“Ella ha tenido un protagonismo político siempre. Es fundadora del Partido Nacionalista. No es una advenediza que se manejaba en las sombras. Ya tenía una influencia brutal con la bancada, por ejemplo. Por eso, no me sorprende tanto su presunta participación en reuniones”, dice el analista político Jeffrey Radzinsky.

El alcance de este poder (Heredia no ejercía un cargo de gestión pública) se habría expresado también en las presuntas coordinaciones realizadas para la concesión del gasoducto sur peruano a según testimonios a los que accedió El Comercio.

Un caso más avanzado es el del gasoducto. Allí, el exejecutivo de Odebrecht Jorge Barata ha revelado que tuvo reuniones en Palacio de Gobierno con Heredia. Y otro colaborador ha dicho que ella también recibió a miembros de la consultora Wood Mackenzie, encargada de los estudios del proyecto. La defensa de Heredia ha negado relación con estos hechos.

–Los delitos–

Estas coordinaciones podrían configurar el delito de colusión –cuya pena puede llegar hasta los 15 años de cárcel– o, cuando menos, de usurpación de funciones –hasta siete años–, según dos especialistas consultados.

“En el delito de colusión desleal no hace falta probar la existencia de una coima. Solo se tiene que demostrar que los funcionarios se han coludido. Lo usual es que haya un pago pero el tipo penal no lo exige”, dice el penalista Carlos Caro.

“Consideraría usar la figura del funcionario de facto. Se ha usado para Vladimiro Montesinos, que era asesor presidencial pero en la práctica jefe del servicio de inteligencia. Podría plantearse si se evidencia que Heredia tenía una posición que le permitía tomar decisiones sobre una buena pro, por ejemplo”, coincide el penalista Rafael Chanjan.

Aunque dice que lo mejor sería concentrarse en acusarla por colusión, Chanjan asegura que también calzaría el delito de usurpación de funciones. “La primera dama tiene funciones puramente protocolares, y aquí estaría asumiendo actividades de gestión pública. Al asumirlas de facto es ajena a las instituciones de control”, coincide Caro.

–La participación de Heredia, según los colaboradores–

1-El Centro de Convenciones de Lima, obra de S/539 mlls. Según un aspirante a colaborador, además de las reuniones con Ribeiro, Heredia habría solicitado una presentación para evaluar el diseño arquitectónico del proyecto y le habría prohibido a OAS asociarse con Graña y Montero

2-Las reuniones con Odebrecht por el gasoducto. En diciembre, Barata dijo que se reunió “como cuatro veces” con Heredia para tratar la concesión del gasoducto. Dijo que tuvo más reuniones con ella porque “era más organizada y entendía mejor los temas [que Humala]”

3-Las reuniones con la consultora a cargo de los estudios. En diciembre, el colaborador eficaz 03-2019 dijo que Heredia habría recibido a representantes de Wood Mackenzie. Luego, la consultora entregó cifras de demanda y reservas de gas “no sustentadas”, según la contraloría.