Obstaculización y peligro de fuga: ¿Cuáles son los elementos del informe que pedía a Patricia Benavides la detención de “Los Niños”?

No obstante, Benavides no adoptó esta medida, y en marzo solamente dispuso el allanamiento de sus oficinas.

La titular del Ministerio Público afronta un proceso disciplinario inmediato en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de la aprehensión de Jaime Villanueva, quien fuera su principal asesor. Para el equipo que lideró la fiscal superior Marita Barreto, “El filósofo” fue el coordinador y operador de una presunta red criminal que la fiscal suprema habría encabezado.

El plan de la organización- de acuerdo a la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, que ordena la detención del ex asesor de Benavides-fue materializar la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación y la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Los dos primeros objetivos fueron logrados.

En el informe de 312 páginas, al que accedió El Comercio, el Eficcop, conducido por la fiscal superior Marita Barreto hasta el lunes 27 de noviembre, advirtió que existía un peligro de obstaculización a las pesquisas y también de fuga de los parlamentarios Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Wilson Soto Palacios y Hilda Portero (Acción Popular), Katy Ugarte (hoy en Unidad y Diálogo) y Francis Paredes (en la actualidad en Podemos Perú) [Ver recuadro].

Por ejemplo, en el documento, elaborado por el fiscal Jorge García Juárez, se subrayó que Espinoza habría sido el “coordinador y operador” del brazo congresal de la presunta organización criminal encabezada por Castillo Terrones.

“[Espinoza] habría fungido de representante de la facción de congresistas que perpetraron negociaciones ilícitas con el presidente Castillo, a fin de poder designar a personas de su interés para lograr contratos y licitaciones favorables, negociando ilícitamente sus votos congresales ante mociones de vacancia presidencial y censura de ministros”, agregó.

Para sustentar que existía un peligro de que el acciopopulista obstaculice la investigación, el Eficcop, por medio del Informe N°102-2022, acreditó que este había sido denunciado por presunta coacción en setiembre del 2021 “por querer hacer firmar a otra persona un documento donde supuestamente aceptaba que se había suscitado fraude” en las elecciones internas de su partido en Huaylas.

También detallaron que Espinoza, según la declaración del colaborador eficaz CE 11-2022-Eficcop, quiso direccionar la declaración de Auner Vásquez Cabrera, ex asesor de Castillo.

“Cuando te tomen tu declaración tienes que decir que nos reunimos y hablamos del proyecto Chavimochic y que la reunión que tuvimos el 14 de setiembre del 2021 fue solo con los congresistas y aparte te reuniste con la gente que fue con nosotros”, señaló el congresista de Acción Popular, de acuerdo a la pesquisa.

Para el Ministerio Público, esta actitud de Espinoza demostró “una conducta evidente de ocultamiento a la verdad”.

Además, el equipo especial remarcó que el acciopopulista tiene las facilidades para salir del país, por lo que no se podía descartar un peligro de fuga.

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De acuerdo al informe, que fue dado a conocer en “Beto a Saber”, Espinoza en octubre de 2021, solicitó a la dirigencia de Acción Popular evaluar la situación de la militancia de José Incio Sánchez, entonces ministro del la Producción, puesto que formaba parte de un Gabinete “de un gobierno que el partido decidió no apoyar”.

Esto en realidad fue porque Incio “no era la persona que él propuso” para el cargo de titular de Produce.

“Siendo así que, al día siguiente, el 19 de octubre de 2021, Castillo nombra a un ministro de la Producción propuesto por Darwin Espinoza, demostrando así el poder político con el que cuenta”, subrayó el documento.

Los otros operadores

Respecto de los acciopopulistas Jorge Flores Ancachi, Wilson Soto y Hilda Portero, el Eficcop indicó que ellos fueron operadores del brazo congresal de la red criminal de Castillo Terrones y que “como contraprestación a su patrocinio ilegal e ilegítimo”, el gobierno “les otorgó el manejo” de Produce para la designación de Jorge Prado como su titular.

En el caso puntual de Flores Ancachi, a noviembre del año pasado, registraba 64 salidas a Bolivia “denotando con ellos la posibilidad de peligro de fuga”.

Soto tenía en ese momento seis salidas en total a España, Colombia y Chile, mientras Portero cuatro viajes fuera del país.

La tesis fiscal apunta a que Espinoza, Flores Ancachi, Soto y Portero no solo estuvieron detrás del nombramiento de Prado, sino de otros puestos “clave” en el sector Producción. Entre ellos el de Javier Pérez Reyes como director general de Pesca; de Roberto Palomino Cordero como director general de Desarrollo Empresarial; Isay Soto como director general de director de la Oficina de Programación Multianual; y de Johan Jaime Rodríguez como director general de la Oficina de Atención al Ciudadano [Ver imagen].

Por su parte, la parlamentaria cusqueña Katy Ugarte, quien en la actualidad pertenece a la bancada de Unidad y Diálogo (antes estuvo en el Bloque Magisterial y Perú Libre), le entregó un USB el 4 de enero del 2022 a Eder Vitón Burga, entonces asesor del presidente Castillo. Este dispositivo tenía 33 currículum de personas allegadas a su persona y que ella promovía para que sean nombradas en altos cargos del Estado.

Según el informe N°155-2022, Ugarte le reclamó a Vitón porque el Ejecutivo no había cumplido con las designaciones que ella pidió.

El asesor le comunicó de esta situación de Castillo Terrones, quien a su vez “llamó a Betssy Chávez”, entonces ministra de Trabajo, para preguntarles “qué pasó con el tema de Katy”. Tras cortar la llamada, el mandatario dijo que “el tema estaba solucionado”.

Es así que el 26 de enero de ese año, se concretó la designación de Dennis Palomino Gonzales, uno de los allegados de Ugarte, como jefe de la Sunafil en el Cusco.

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Sobre la congresista Francis Paredes Castro-quien fue elegida por Perú Libre y luego estuvo en el Bloque Magisterial, pero finalmente recaló en Podemos Perú-la pesquisa señala que el 5 de enero del año pasado se reunió con Vitón Burga en Palacio de Gobierno. Ella también hizo entrega de un USB, donde estaban 50 hojas de vida para diferentes puestos en el Estado en la región Ucayali.

El 1 de febrero de 2022, el gobierno de Castillo, a través de EsSalud, nombró a Lucas Borjas Roa, uno de los recomendados por Paredes Castro, como director de la Red Asistencial de Salud de Ucayali.

El Eficcop alertó a la fiscal de la Nación que ambas congresistas, por el poder que ostentan, podían interferir en las investigaciones y salir del país.

En su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Benavides negó haber encajonado el informe N°155-2022, pero no explicó directamente por qué no siguió la recomendación de solicitar la detención preliminar de 10 días en contra de los congresistas mencionados.

La titular del Ministerio Público señaló el 22 de diciembre del año pasado que ordenó ampliar la investigación a los parlamentarios en base al documento.

“¿Ustedes tienen calidad de aforados? Tienen calidad de aforados. ¿Un policía o un equipo de policías puede determinar detenerlos a ustedes? No, es a través de una investigación seria y firme que establezca responsabilidad de cada uno de ustedes”, manifestó.

“Entonces, recibo el pedido del equipo de policías, la fiscal de la Nación debe tomar decisiones que corresponden al debido proceso y a la ley, no un equipo de policías va a decir que detenga, nosotros no obedecemos el mandato de nadie. Vuelvo a aclarar que con fecha 22 de diciembre, se amplió la investigación, se precisaron los cargos contra congresistas teniendo en cuenta el informe”, finalizó.

Más información

De acuerdo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), la presunta red criminal de Benavides “ha instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio particular”.

También advirtieron que la fiscal de la Nación- por medio de Villanueva, Girao y Hurtado, estos dos últimos otros de sus asesores-ha influido “ilícitamente” en decisiones de los congresistas para “sostenerse en el cargo público” y para “contar” con “un defensor del Pueblo a la talla de la organización criminal”.