Un país miope e indolente, la columna de Diana Seminario

La política suele ser monotemática y cíclica, por eso no llama la atención que el debate siga centrado en la elección por parte del Congreso de tres miembros del directorio del BCR, las públicas discrepancias en la bancada oficialista, las idas y venidas de las declaraciones del presidente Kuczynski y el apoyo descarado del Frente Amplio a un emerretista.

Algunos celebran la muerte civil para corruptos, otros no tanto. Jueces liberan a bandas de criminales. Declarar la guerra contra todo tipo de corrupción es una condición inevitable para considerarse un político que se respete.

En medio de todo esto, una noticia pasa casi desapercibida. Fue destacada un día, pero no conmovió a nadie, especialmente a aquellos que se autoproclaman adalides contra la corrupción, demócratas por excelencia, la reserva moral del país.

El miércoles 2 de noviembre, en Curimaná (Ucayali) murieron tres peruanos. Y no fue por la toma de una carretera, o porque se oponían a una mina. No. La muerte de estos ciudadanos fue consecuencia del enfrentamiento entre los seguidores del defenestrado alcalde Loiber Rocha Pinedo y quienes se oponen a la decisión del JNE de regresarlo a su puesto, luego de que el Poder Judicial cambió su detención preventiva por comparecencia.

Rocha ha sido durante ocho años alcalde del distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad (Ucayali), y tiene en su haber 34 denuncias, seis de ellas judicializadas. Entre los supuestos delitos cometidos por este personaje, se cuentan la sobrevaloración de maquinaria por dos millones de soles (por lo que fue detenido y liberado) y, el último, el desfalco por ocho millones de soles.

Es un tipo con suerte. El 16 de setiembre, el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Ucayali le cambió la detención por comparecencia, y el 28 de octubre, el JNE le devolvió sus credenciales como alcalde, lo que originó que el domingo 30 de octubre los ciudadanos de Curimaná iniciaran un paro de 72 horas en protesta por la medida. El miércoles 2 llegó la tragedia.

Curimaná recibe 500 mil soles al mes de canon, pues en su jurisdicción opera la planta de procesamiento de gas natural de la empresa Duke Energy. Pese a este ingreso, es uno de los lugares con los más altos índices de desnutrición, analfabetismo y carece de servicios de saneamiento básico. Esto es un crimen.

Curimaná encierra los problemas más graves de nuestro país, pero nadie quiere verlo: corrupción, un Poder Judicial que se hace de la vista gorda y un pueblo que sufre la indolencia de todo un país. Se habla de ‘tolerancia cero’ con la corrupción, pero ni una palabra de las pillerías de Rocha.

Ante la falta de un sistema donde se castigue efectivamente a las malas autoridades, los habitantes de Curimaná le han hecho frente a esto hartos de que les roben su futuro, la salud de sus hijos, su progreso. Y han terminado muertos.

Pero esto no ocurrió en Lima, los policías no fueron los que dispararon contra la gente de Curimaná. Parece que esto no le interesa a nadie. ¿Hay algo más importante que la muerte de tres compatriotas por nuestra propia desidia? 

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