Rompiendo el candado

El sábado, un ex presidente de la petrolera estatal, el congresista Manuel Dammert, y representantes del sindicato de la empresa realizaron un evento para manifestar su oposición a la intención del gobierno de incorporar participación privada a Petro-Perú hasta llegar al 49% del accionariado. Explicaron, además, que se iniciaría una campaña en tres regiones para recolectar 70 mil firmas con la finalidad de pedir la derogación de la ley que estableció el ingreso de capital privado a la empresa.
 
Expliquemos el contexto en el que surge esta iniciativa para entender mejor cuáles serían sus consecuencias en caso de que prosperara. 
 
La refinería de Talara no cumple los estándares ambientales que establece la ley y necesita invertir en una costosa remodelación para poder cumplirlos. Según algunos analistas, ya no tenía sentido llevar a cabo la misma, pues era más conveniente y barato construir una nueva en otro lugar o incluso importar los productos que hoy se fabrican en ella. Más aun, se podría haber optado por vender la empresa a un privado para que este tome la decisión que tuviera más sentido económico y asuma todos los costos y el riesgo de cualquier decisión que eventualmente se adoptase. El gobierno, sin embargo, insistió en apostar por que Petro-Perú modernice su refinería, luego de mucho tiempo de marchas y contramarchas y de que el presupuesto anunciado para dichos fines aumentase considerablemente.
 
Uno de los problemas de optar por la alternativa que finalmente se eligió es que Petro-Perú no tiene recursos propios para financiar la costosa modernización, que demanda una inversión que alcanzaría los US$3.500 millones. Pese a ello, se diseñó un esquema para llevar a cabo el proyecto, que consiste en que la empresa pagaría el financiamiento de la modernización con sus flujos futuros, apostando a que estos (gracias a que la remodelación supuestamente aumentará sus ganancias) llegarán a ser lo suficientemente altos para asegurar los pagos. El detalle que más nos debería preocupar a todos los peruanos, sin embargo, es el siguiente: si el negocio de Petro-Perú no tiene los resultados que optimistamente se esperan, todos los ciudadanos asumiremos el pago de su deuda, pues el Estado participa como garante hasta por US$1.000 millones en esta operación.
 
Habiendo tantas carencias en el Perú, uno esperaría que los recursos públicos se dirigieran a atender las mismas en vez de ser arriesgados en especulación petrolera. Sin embargo, esta mala idea tiene la oportunidad de convertirse en menos mala gracias a una disposición que se introdujo en la ley que ordena la modernización de la refinería. Nos referimos a la norma que manda que parte del accionariado de Petro-Perú se venda a privados, y cuya derogación busca el grupo que mencionamos al inicio de este editorial. 
 
Incorporar capital privado a Petro-Perú permitiría que una parte de los accionistas vele por que las decisiones de la petrolera se tomen pensando en la rentabilidad y no basadas en razones políticas, como ha sucedido en varias ocasiones en el pasado. Además, introduciría un componente de buen gobierno corporativo del que hoy la institución carece y cuya ausencia facilita decisiones ineficientes o actos de corrupción. Así, en buena cuenta, este sería un mecanismo que serviría como un candado que reduciría las posibilidades de que el negocio salga mal y de que todos los peruanos paguemos las pérdidas generadas por decisiones irresponsables (aunque es cierto que nada nos protege de la mala suerte empresarial). Un candado que ahora el mencionado grupo de personas, con una insistencia digna de mejor causa, está interesado en romper.
 
¿Y por qué quieren romper el candado que, una vez colocado, resguardaría los intereses de todos los peruanos? Quizá, en algunos casos, por conveniencia personal: al sindicato le conviene ser parte de una institución que responde a presiones políticas en vez de a razones empresariales. En otros casos, más bien, parece ser un tema ideológico: a aquel sector de la izquierda que sigue más anclado en los años 70 le espanta todo lo que suponga participación privada y quiere que prevalezca su ideología sobre la prudencia y la lógica. Incluso cuando eso suponga poner en riesgo recursos que podrían servir para atender las enormes carencias del país en seguridad, justicia, infraestructura, o lucha contra la pobreza.