Los secuestradores de democracias, por Juan Paredes Castro
Los secuestradores de democracias, por Juan Paredes Castro
Juan Paredes Castro

Es larga la lista como largo el tiempo de gobernantes latinoamericanos de izquierdas y derechas que llegaron al poder con votos democráticos para luego alterar las reglas constitucionales y extender sus mandatos autoritarios por más de una vez: desde Alberto Fujimori hasta Nicolás Maduro, pasando por Hugo Chávez, Daniel Ortega, los Kirchner (Néstor y Cristina), Rafael Correa y Evo Morales.

Y no olvidemos el bien solapado intento continuista de Ollanta Humala y Nadine Heredia, al estilo de los Kirchner en Argentina. Heredia debía ser, desde el ventajoso sitial de primera dama y desde su cercanía al poder y al manejo de los recursos del Estado, ¡candidata presidencial! Felizmente el llamado proyecto de “reelección conyugal” se disolvió en su propio complicado peso anticonstitucional. Otros intentos reeleccionistas, como el más reciente del presidente Horacio Cartes en Paraguay, juegan aún su suerte contra viento y marea, bajo ribetes de revuelta social, como el asalto al Palacio Legislativo.

El común denominador más frustrante de todo esto es que los países de la región que ya llevan un promedio de 200 años de vida republicana, lidiando con golpes de Estado y autogolpes, con democracias incipientes y reiterados casos de prolongación del poder de turno, sigan siendo incapaces de declarar en sus cartas constitucionales la automática nulidad del mandato del presidente electo que se atreva a cambiar las reglas del poder en beneficio de su reelección inmediata. ¿Por qué no lo hacen? Sencillamente porque el caudillismo latinoamericano se alimenta y retroalimenta, constantemente, de un mal histórico nefasto: la ‘reeleccionitis’. No acepta estar fuera del poder una vez que el poder concluye su plazo de ejercicio.

Estamos ante un fenómeno que no necesita intervención militar alguna, como en otros tiempos. Basta el consentimiento y la complicidad de las propias organizaciones políticas y de buena parte de la sociedad civil. Este es el espectro legal que acompaña al secuestro de los votos que convierten al candidato ganador en gobernante indiscutible y al secuestro de la democracia en su conjunto que la coloca en el papel de sostén del proyecto reeleccionista que sobrevendrá para quedarse. No importan las reglas constitucionales. Importa el aprovechamiento del momento político. Si es popular, mejor.

Lo peor de todo, como ocurre ahora con Venezuela, es pretender que la Carta Democrática de la OEA, que nadie obedece, vaya a sacar a Nicolás Maduro. La OEA es lo que ha sido siempre: un saludo a la bandera y nada más. Son los propios venezolanos los que tendrán que hacerlo después de haber dejado que las cosas llegaran hasta el punto insostenible actual. Hay, sin embargo, una salida que ayudaría al desgaste de Maduro: que la mayoría de gobiernos latinoamericanos hagan lo que ha hecho el Perú: retirar de inmediato a sus embajadores y no retornarlos hasta que la democracia haya vuelto a Venezuela. Esto funciona mejor y con menos gasto burocrático que la inútil OEA.

Los secuestradores de democracias van a tocar siempre las puertas del voto popular. Y no habremos aprendido la lección.

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