Sebastian Ortiz Martínez

El presidente pasó, en solo siete semanas, la instalación de una asamblea constituyente a ser su promotor, tras presentar un proyecto que le abre el camino a este mecanismo. Sin embargo, la redacción de una nueva Constitución es la última prioridad para la ciudadanía, según la última encuesta de Ipsos Perú, realizada el 21 y 22 de abril.

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De acuerdo al estudio de opinión, el gobierno debe enfocarse en la lucha contra la delincuencia (43%), la lucha contra la corrupción (42%), la generación de empleo y la reactivación económica (33%), la reducción de la pobreza (25%) y en controlar la inflación y el aumento del costo de vida (25%), entre otros. La instalación de una asamblea constituyente cierra la lista de prioridades de la población con 7% [ver infografía].

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Y este escenario no cambia en el interior del país (7%) ni tampoco en el sector rural (6%). Aquí tampoco se tiene la asamblea constituyente como una urgencia.

En comunicación con El Comercio, el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres Guzmán, consideró que estas cifras reflejan que el cambio total de la Constitución “solo le preocupa a un grupo muy politizado de la izquierda”, que tiene la idea de que los problemas del Perú se van a corregir con la sola modificación del texto constitucional.

Agregó que si el primer ministro, Aníbal Torres, ha señalado que, en las provincias del país, la mayoría está a favor de la reforma total de la Carta Magna, es porque seguramente solo se reúne con líderes políticos y gremiales de izquierda.

“Esto no es cierto, la mayoría de la población está más preocupada en temas más concretos e inmediatos […] El gobierno al no poder enfrentar los problemas del presente, está tratando de distraer a la opinión pública, a la prensa y al Congreso con esta iniciativa que no tiene respaldo ni viabilidad”, subrayó Torres Guzmán.

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El presidente de Ipsos Perú también dijo que la maniobra del Ejecutivo tiene como fin “responsabilizar” al Congreso si es que no se concreta la asamblea constituyente frente al sector que está a favor.

“La van a echar la culpa al Parlamento de todos los males, van a decir que el Perú no progresa porque el Congreso no quiere una nueva Constitución, pero la verdad es que la ciudadanía tiene bastante claro que la asamblea constituyente no es un tema importante, que ahí no está la solución. La solución [a la crisis] es que el gobierno haga una mejor gestión”, subrayó.

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Torres explicó que los efectos del desgobierno se ven en muchos campos, uno de ellos el desabastecimiento de medicinas y los errores en la puesta de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el Ministerio de Salud. “O en el Ministerio de Energía y Minas, donde en vez de ayudar a resolver los conflictos mineros, los alientan, con lo cual se reduce el empleo y la recaudación fiscal”, acotó.

“Apenas estamos saliendo de una crisis sanitaria”

El analista político Rober Villalba, quien radica en la ciudad de Huancayo, refirió que la encuesta refleja que para los peruanos el cambio total de la Constitución es “el último factor de preocupación”, sobre todo porque “apenas estamos saliendo de una crisis sanitaria” y estamos “inmersos” en una crisis económica debido al incremento del costo de vida, que “ya toca el bolsillo”.

“Cuando desde el Ejecutivo y el Congreso se enfrascan en una discusión política sobre si conviene o no el cambio de Constitución, yo creo que no están entendiendo lo que la gente está percibiendo. Cuando la ciudadanía se distancia de los políticos, es porque estos no se preocupan por solucionar los problemas del día a día”, expresó a este Diario.

Villalba, además, recordó que las protestas sociales que se dieron en Huancayo hace un mes, no tuvieron como bandera la instalación de la asamblea constituyente, sino que el principal reclamo fue el aumento del costo de vida.

“Lo que va a provocar [el Ejecutivo al promover una nueva Constitución] es que el capital internacional, que dinamiza parte de la economía, se vaya, y eso va a incrementar el costo de vida. Y nuevamente, la población va a salir a marchar y no por el cambio de la Constitución, sino a pedir que se vayan todos, porque se siente que no se habla de las preocupaciones de la gente”, finalizó.

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Por su parte, el analista político Paulo Vilca señaló que, frente a preocupación tangibles, como la corrupción, inseguridad y el incremento del precio de los alimentos, es evidente que demandas de carácter político puedan quedar rezagadas. Recordó que cuando el expresidente Martín Vizcarra impulsó una reforma política, esta tampoco tenía respaldo inicialmente, y luego, al ser socializada apareció en las encuestas.

“No estoy seguro que esta cifra refleje lo que finalmente pueda ocurrir cuando se politice la propuesta [sobre la asamblea constituyente], no creo que [ese 7%] exprese la postura final de la población”, manifestó.

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Vilca, quien reside en Puno, señaló que, si bien las protestas de marzo y comienzos de abril, que se dieron en Huancayo, Ica y Lima el principal reclamo apuntaban al gobierno por el alza de precios, en las manifestaciones de mediados de este mes, como la de Cusco, ya se demandaba que el presidente Castillo cumpla sus promesas de campaña.

“¿Cuál ha sido la promesa más importante que hizo Castillo en la campaña? Fue la de promover un cambio constitucional. La respuesta política del gobierno se ajusta, evidentemente, a una suerte de cambio de escenario en relación a la conflictividad social y a dinámica que existe con el Congreso. El Ejecutivo busca abrir una nueva etapa de confrontación motivado por las demandas de las últimas dos semanas”, concluyó.

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