El tiro por la culata, la columna de Maria Alejandra Campos

A raíz de los procesos judiciales de sus líderes, apristas y fujimoristas han salido a gritar “persecución política” con la clara intención de deslegitimar la investigación de la fiscalía y al gobierno de Martín Vizcarra. Sin embargo, la estadística muestra que, probablemente, el tiro les salga por la culata.

Si en algo se ha vuelto experto el presidente de la República es en correr con habilidad la ola de la indignación ciudadana. Empezó con el referéndum y continuó con el pedido para que el fiscal Pedro Chávarry evalúe su permanencia en el cargo. Hoy, cuando la mecha del referéndum se acerca a su extinción y los caminos para remover a Chávarry de la fiscalía parecen agotarse, la acusación de persecución política por parte de García y Fujimori aparece como una bocanada de aire fresco para el discurso presidencial.

Por un lado, el Perú claramente es un país democrático en donde existe la independencia de poderes. Es delirante pensar que el presidente dicta a dedo a quiénes tiene que perseguir la justicia, para sacar de carrera a sus enemigos políticos. No existen, por tanto, los perseguidos ni los presos políticos. Por otro, más importante aun, el rechazo a los investigados es mayoritario, mientras que Vizcarra es un personaje sumamente popular. Pensaría que esta combinación de factores hará que, cuando la ciudadanía tenga que elegir a quién creerle, probablemente opte por el tipo que le cae bien porque “está luchando contra la corrupción” y no por los investigados, sobre cuya culpabilidad está convencida.

Existen varias cifras que sustentan esta hipótesis. La primera es la mejora en la imagen del Poder Judicial. Su aprobación continúa siendo minoritaria, pero ha aumentado 11 puntos en los últimos dos meses, justamente el período en el que se llevó a cabo la detención preliminar y posterior prisión preventiva de Keiko Fujimori. La data de las encuestas de El Comercio-Ipsos desde el 2001 en adelante muestra que es la primera vez, sin que haya habido un cambio de gobierno, que la institución registra una mejora de esa magnitud. La aprobación del juez Concepción Carhuancho, 67%, también aporta a la tesis de que la mayoría de la ciudadanía cree en la culpabilidad de los acusados. Su nivel de aprobación es superior incluso al de Vizcarra.

Pasando a evidencias más directas, el 84% cree que Keiko Fujimori es culpable, si no de liderar una organización criminal, sí de otros delitos. En el caso de Alan García, casi todos los informados sobre la investigación Lava Jato (97%) creen que en su gobierno se recibieron coimas de Odebrecht. En ambos casos, la desaprobación a su desempeño político supera el 80%.

Finalmente, en el extremo opuesto se encuentra Martín Vizcarra. Como se sabe, el presidente es aprobado por el 65% de la población, el porcentaje de popularidad más alto desde Valentín Paniagua (fuera de los meses iniciales de gobierno), como escribió Alfredo Torres en su columna del domingo en este Diario. Además, la principal razón de apoyo al mandatario es, según la encuesta de octubre, la percepción de que lucha contra la corrupción. Es decir, la población cree que su discurso anticorrupción es sincero.

Con esta mezcla de factores, no veo cómo podría haber un desenlace en el que el argumento de la persecución política no termine beneficiando a la popularidad de Vizcarra.