Renato Cisneros

La expresión “el aborto no desviola”, dicha por un conferencista internacional durante una entrevista de televisión, no debe pasarse por alto. Al menos no en el Perú, donde cada día cinco niñas menores de edad se convierten en madres “generalmente producto de embarazos derivados de la violencia sexual” (Defensoría del Pueblo, 2018) y donde se practican 350 mil abortos clandestinos anuales, de acuerdo con el estudio que la congresista Ruth Luque adjuntó al proyecto de ley que presentó en diciembre 2021 para despenalizar el aborto si el embarazo es producto de una violación.

En el Perú, desde 1924, se permite el aborto solo cuando la vida o la salud de la embarazada corre peligro. La conquista fue valiosa, aunque no ha estado exenta de críticas por parte de sectores fundamentalistas. En 2014, cuando se aprobó la guía técnica que implementaba el aborto terapéutico, el entonces Cardenal Cipriani se refirió al protocolo como “la guía de la muerte”, denigrando el derecho de las mujeres en riesgo a decidir sobre su futuro.

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Hace pocas semanas otra congresista, Rosangella Barbarán, firmó un proyecto para que el Estado “promueva la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar”, un texto que no recoge recomendaciones de los dos sectores involucrados (Mujer y Salud) y que ha sido interpretado por varios colectivos como una “amenaza directa” al aborto terapéutico. Barbarán se ha defendido diciendo que “jamás estaría en contra del aborto terapéutico”, pero lo cierto es que el actual parlamento, donde predomina el discurso ultraconservador, no tiene a la mujer en su radar de prioridades. No lo digo yo, sino los voceros de Amnistía Internacional, quienes a inicios de esta semana expresaron su preocupación ante “los retrocesos legislativos” que se vienen produciendo en nuestro congreso “en materia de derechos de las mujeres”, y animaron a los otros poderes del Estado a rechazar iniciativas parlamentarias orientadas a “recrudecer la violencia contra mujer”.

Líneas arriba dije que el aborto terapéutico fue una conquista. Y lo fue, pero hace casi un siglo. En la actualidad, es una medida que en Sudamérica solo se aplica en la Venezuela de Maduro y en el Paraguay del conservador Mario Abdo Benítez. Todos los demás países han implementado figuras más amplias, acordes a la realidad de la región. En Colombia, desde febrero de 2022; en Argentina, desde enero de 2021; y en Uruguay, desde el 2012 (¡diez años atrás!), el aborto quedó despenalizado. En Chile y Brasil no, pero al menos sus códigos penales admiten las variables de violación e inviabilidad del feto. Lo mismo pasa en Bolivia, donde además se incluye la causal de incesto. En Ecuador, las normas aceptan el aborto en los tres casos antes referidos: amenaza de la vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación.

Por eso la frase “el aborto no desviola”, en boca de un varón cuyo cuerpo jamás sufrirá las consecuencias traumáticas de un embarazo por ultraje ni la experiencia límite de un aborto insalubre, un hombre que al parecer ignora las cifras de agresión sexual de nuestro país (o peor aún, ¡las conoce!), esa frase, digo, resulta de una arrogancia insultante.

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Si me lo preguntan, no estoy a favor del aborto, pero sí a favor de que sea la mujer quien decida la conveniencia o no de someterse a uno. Más aún en casos de violación. Solo quien resulta embarazada producto de esa agresión feroz –que agrede el cuerpo y desgarra la autoestima–, solo ella debe poder elegir entre interrumpir el embarazo lo antes posible o dejar crecer en su interior a una criatura que no deseó. Y nadie más que ella lidiará con las repercusiones orgánicas y éticas de esa elección tan difícil.

Desde hace años, miles de mujeres violadas mueren en el Perú por abortar en laboratorios clandestinos. De ellas hablan muy poco quienes dicen defender la vida y arrastran esta discusión al ámbito de la fe, olvidando adrede que la legislación en un Estado laico como el peruano debe atender las demandas civiles de sus ciudadanos, no sus convicciones religiosas. Lo ideal, evidentemente, sería que ninguna mujer tuviera que plantearse la posibilidad del aborto. Pero lo real, lo concreto, lo cotidiano es que lo hacen. Y no por culpa de quienes defendemos el derecho a elegir, sino por responsabilidad directa de quienes socavan una cultura preventiva oponiéndose, por ejemplo, a la repartición de preservativos en todas las regiones del país y, sobre todo, a la educación sexual integral, esa que es constantemente embestida por quienes no aceptan que la sociedad, es decir, el mundo, al desafiar ciertas tradiciones, cambió, creció, se hizo más libre. //

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